La vista en el procedimiento administrativo

• Autor: Julio Conte-Grand
• Páginas: 588-591

Sumario: I. INTRODUCCIÓN. – II. LA VISTA: INS-

TRUMENTO Y PRESUPUESTO DE LA GAR ANTÍA DE DE-

FENSA. – III. ENCUADRE NORMATIVO DE LA VISTA. –

IV. ACERCA DEL PEDIDO DE VISTA Y SU TRÁMITE. – V.

EFECTOS DE LA VIS TA. LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS

PARA RECURRIR EN SEDE ADMINISTRATIVA Y PA RA INI-

CIAR LA ACCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRA TIVA. – VI.

CONCLUSIÓN.

I

Introducción

De la forma de gobierno republicana adoptada

por nuestra Constitución Nacional en su art. 1º,

se desprenden principios que impactan de plano

en el procedimiento administrat ivo. Entre ellos

cabe mencionar el debido proce dimiento adje-

tivo, y por cierto el principio de juridici dad(1),

que deben ser observados por la administración

pública en el e jercicio de sus facultades, s ean

éstos preponderantemen te reglados o discrecio -

nales.

En esta oportunidad, habré de referirme al ré-

gimen de la vista, que es el derecho de compulsar

el expediente administrativo que corresponde a

quien es parte en un procedimiento de esa natu-

raleza. Para comenzar, exp ondré los prin cipios

con los cuales se relaciona; acto seguido, trataré

de manera somera las particularidades que la ca-

racterizan; par a culminar refiriéndome a una

cuestión de elemental importancia: el examen de

los efectos que la misma produce en el procedi-

miento administrativo, en especial en el ámbito

recursivo y de impugnación judicial de los actos

administrativos.

II

La vista: instrumento y presupuesto

de la garantía de defensa

Se aprecia sin dificultad que la institución en

comentario posee íntima vinculación tanto con la

regla de publicidad de los actos de gobierno, pro-

pia de un sistema republicano y de un Estado de

Derecho como el nuestro; así como también con

el principio del debido proceso adjetivo, ambos

esenciales e insoslayables. Respecto de este úl-

timo, co nsidero de impor tancia recalcar que se

encuentra integrado por tres componente s bási-

cos y fundamentales, como lo son el derecho del

administrado de exponer las razones de sus pre-

tensiones y defensas antes de la emisión de actos

que se refieran a sus derechos subjetivos o inte-

reses legí timos; el derecho de ofrecer prueba y

que ella se produzca, si fuere pertinente, y el de-

recho a que el acto decisorio haga expresa consi-

deración de los principales argumentos y de las

cuestiones propuestas(2). En definitiva, se tr ata

del derecho a ser oído, el derecho a probar y el

derecho a una decisión fundada(3). Para el ejerci-

La vista en el procedimiento administrativo

por MARÍA FERNANDA DIETZ

(1) Aun cuando escapa al objeto de este trabajo examinar

las caracte rísticas del referido principio, creo acertado re-

cordar que el mi smo ha sido definido como “el marco nor-

mativo para el ejercicio de la justi cia administrativa” (ver

COMADIRA, JULIO R ., El juez contencioso administrativ o y

el principio de la juridicidad (legalidad administrativa). Los

intereses a proteger, al que pud e acceder en www.biblioju-

ridica.org.ar/libros/5/2391/6). También se lo ha considerado

una de las garantías susta nciales con las que cuenta el ad-

ministrado, junto a otras tales como la igualdad, la pro pie-

dad, la razonabilida d de todo el accionar administra tivo, la

responsabilidad del Esta do y de sus funcionarios, así como

también el pleno acceso a la justicia representado por el am-

plio reconocimiento de legitimación procesal, en contrapar-

tida a las llamadas garantías procesales representadas por el

informalismo a favor del admi nistrado y el debido procedi-

miento previo a todo acto administrativo que incluye el de-

bido proceso adjetivo.

(2) Ver art. 1º, inc. f), del decreto-ley 19.542/72.

(3) Ver también CASSAGNE, JUAN C., Derecho adminis-

trativo, t. I, págs. 35, 36 y 37.