recurso de inconstitucionalidad en santa fe

... a los agravios vinculados a la declaración de inconstitucionalidad de oficio efectuada por la Sala del artículo 12 de la ley 24557 -como consecuencia de haber admitido el recurso de apelación parcial de la demandada respecto a la aplicación temporal de la ley 26773 conforme la doctrina del fallo "Espósito" de la Corte nacional-, debe señalarse que las cuestiones aquí debatidas fueron motivo de análisis y resolución por esta Corte en el...

... en la etapa anterior a la deducción del recurso contencioso administrativo y que no correspondía acoger la pretensión de que se aplique a los intereses por mora en el pago de certificados la tasa Badlar fijada por el Decreto 1656/13 vía declaración de inconstitucionalidad del Decreto 1706/13. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Decretos Provinciales 5755/91, 1656/13 y 1706/13.

El Código Civil y Comercial innova respecto a la determinación de la tasa de interés, ya que en defecto de acuerdo de parte o disposición legal, ya no puede el Juez establecer los intereses moratorios libremente, sino que la tasa se determina conforme las que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central, y ante la diversidad de tasas fijadas por dicho organismo, corresponde al...

Se advierte que la Sala -al dejar sin efecto la inconstitucionalidad del artículo 12 de la ley 24557 que había declarado el juez de grado y modificar los intereses, determinando sea aplicada la tasa activa del Banco de la Nación establecida en la Resolución 414/99- adoptó un mecanismo para el cálculo indemnizatorio que no se ajusta al criterio que debe primar, con fundamento en la razonabilidad frente a la ponderación de la realidad económica

La presentante no ha logrado evidenciar en el sub lite causales de arbitrariedad normativa y fáctica, sino que persiste en su posicionamiento en torno a la hermenéutica que debió formular el Oficio de las constancias de la causa y de las normas aplicables que la lleva a sostener la postura negativa al reconocimiento y pago del rubro salarios caídos durante el tiempo en que a la actora le hubiera

... de actos cuya anulación no se pretendió en el recurso contencioso administrativo; y consideró que aunque se entendiese -con desapego a la literalidad de la demanda- que se hubo pretendido la anulación de los decretos precipuos, igualmente correspondería rechazar las pretensiones patrimoniales por cuanto como lo ha argumentado, con acierto, la Provincia, el decreto 2256 luce firme y consentido y dicha firmeza no puede ser soslayada o...

El recurso directo presentado ante esta Corte por la actora incumple con la exigencia establecida en el artículo 8 de la ley 7055, que le impone a la quejosa la carga de rebatir los fundamentos dados por la Cámara para denegar el remedio extraordinario intentado, quedando por tanto las argumentaciones expuestas por la Alzada en el auto denegatorio del remedio en pié, desde que el Tribunal afirmó...

La recurrente plantea esencialmente arbitrariedad por interpretación reformadora de los decretos -cuya aplicación y pago de rubros que establecen pretende la actora- mas tales alegaciones -confrontadas con la totalidad de las constancias de autos- resultan insuficientes para descalificar constitucionalmente lo resuelto por los jueces de la causa al entender que los docentes privados se encuentran

El compareciente reprocha al A quo la contradicción y el apartamiento normativo al reconocer la vigencia del artículo 77 de la ley 8525 pero interpretarlo limitando temporalmente el derecho que de él surge y estableciendo un mecanismo de cálculo que no establece la norma sino el propio criterio del juzgador, apartándose también de precedentes de esta Corte; mas no logra acreditar que se...

En procesos como el presente, donde se cuestiona la ilegalidad de la actuación de la Administración Pública, rige la aplicación del principio general en materia probatoria que indica que quien invoca un hecho en la causa corre con la carga de acreditarlo mediante los diferentes medios procesales; más aún si se considera que el recurrente tiene la obligación de destruir la presunción de legalidad...