Modalidades básicas de la ejecución

• Autor: Fernando M. Comuñez/Matías M. Mansilla
• Páginas: 36-106

CAPÍTULO II

MODALIDADES BÁSICAS DE LA EJECUCIÓN

SECCIÓN PRIMERA

PROGRESIVIDAD DEL RÉGIMEN PENITENCIARIO

PERÍODOS

Artículo 12 - El régimen penitenciario aplicable al condenado, cualquiera fuere la

pena impuesta, se caracterizará por su progresividad y constará de:

a) Período de observación;

b) Período de tratamiento;

c) Período de prueba;

d) Período de libertad condicional.

Concordancias: Ley 24.660, arts. 1º, 5º, 6º y 7º; Decreto 396/99, Anexo I, art. 1º;

P.I.DD.CC.PP, art. 10.3.

ANÁLISIS DOCTRINARIO

Para iniciar el análisis, resulta necesario hacer una aclaración, a fin de diferenciar

el concepto de tratamiento penitenciario de la noción de régimen penitenciario. Este

último hace alusión al conjunto de normas que regulan todos los aspectos de la de vida

de las personas privadas de su libertad en cumplimiento de una pena (trabajo,

relaciones con el exterior, disciplina, etcétera) (RIVERA BEIRAS - SALT, 1999, 230). Por

su parte, el tratamiento penitenciario, se refiere al conjunto de actividades

terapéuticas - asistenciales que se desarrollan intramuros.

Dicha distinción no constituye una mera construcción teórica, sino que adquiere

relevancia, toda vez que el ordenamiento jurídico establece que serán obligatorias las

normas que regulen la convivencia, la disciplina y el trabajo, mientras que, toda otra

actividad que integre el tratamiento penitenciario será de carácter voluntario. (Cfme.

AROCENA, 2014: 238). Sobre la inclusión de la obligatoriedad del trabajo y su

disfuncionalidad, ver comentario al art. 5º.

Ahora bien, a los fines de brindar un concepto, sobre qué se entiende por régimen

progresivo, debemos dirigirnos al Decreto Reglamentario Nacional 396/99, ya que en

esta nueva ley de ejecución penal que comentamos, tampoco se esboza, una

aproximación siquiera, sobre qué se entiende por progresividad. Allí, en su art. 1º, del

anexo I, define a la progresividad del régimen penitenciario como “[…] un proceso

gradual y flexible que posibilite al interno, por su propio esfuerzo, avanzar

paulatinamente hacia la recuperación de su libertad […] Su base imprescindible es un

programa de tratamiento interdisciplinario individualizado”1.

Así las cosas, puede decirse que el ordenamiento jurídico no se contenta con que la

ejecución de la pena procure una correcta reinserción social del interno o de la interna,

sino que articula una herramienta específica para lograr tal finalidad, esto es, un

régimen penitenciario y un tratamiento carcelario que reúnan determinadas

condiciones.

Por ello, podemos afirmar que este constituye la columna vertebral del sistema

penitenciario (Cfme. MIR PUIG, 2015). Ello, debido a que la pena privativa de la

libertad, “[…] se justifica teleológicamente sobre la idea de tratamiento, esto es, como

una actividad directamente encaminada a la reeducación y reinserción social mediante

la utilización de métodos científicos adecuados”. (FERNÁNDEZ ARÉVALO - NISTAL

BURÓN, 2016, pp. 700-701)

Otra cuestión a destacar del artículo que comentamos, es que dispone que la

progresividad se brinda a todos las condenadas y condenados, cualquier fuere la pena

impuesta. Ello, implica la posibilidad de evolucionar desde situaciones de rigidez

carcelaria, hasta estadios de mayor flexibilidad y llegar a un retorno anticipado al

medio libre. Así las cosas, “[…] no se puede seguir sosteniendo la existencia de penas

que impliquen una perpetuidad real, que, por otra parte, contrastan indefectiblemente

con el objetivo de la ejecución que emana de los tratados y convenios internacionales

de jerarquía supralegal (LÓPEZ - MACHADO, 2014, p. 100).

Finalmente, cabe mencionar que las normas que abordaremos a continuación y que

integran el capítulo de la progresividad de la pena, son las que más se han visto

sensiblemente afectadas por la reforma de la ley que comentamos —Ley n° 27.375—,

ya sea aumentando los plazos de estadía del interno en los período o fase,

estableciendo nuevos requisitos para su avance en el programa penitenciario, como así

también incluyendo un extenso abanico de supuestos que privan, de manera absoluta,

de la posibilidad de acceder al período de prueba.

Por esa razón, los artículos que pertenecen a esta sección de la ley, al regular

justamente el modo en que debe llevarse a cabo el tratamiento penitenciario y el

avance en el régimen progresivo, tendrán un ámbito de aplicación limitado debido a

que el universo de delitos a los cuales se aplican estos criterios, quedó drásticamente

reducido por los artículos 56 bis de la ley 24.660 y el 14, segundo párrafo, del Código

Penal.

REGLAMENTACIÓN

En el ámbito nacional —Decreto 396/99—, además de definirse que se entiende por

progresividad, como se expuso supra, se establece que el tratamiento deberá ser

interdisciplinario e individualizado, y deberá atender a las condiciones personales y a

los intereses y necesidades de la condenada o del condenado durante su internación y

muy especialmente para el momento de su egreso. Asimismo, se estipula que todas las

medidas que se tomen en el marco del tratamiento deberán estar dirigidas a lograr el

interés, la comprensión y la activa participación del interno.

Finamente, en la reglamentación nacional, como en la de la Provincia de Córdoba2,

se estipula que el avance en los distintos períodos solo es aplicable para internos

1 Decreto Nacional nº 396/99, sobre la ejecución de la pena privativa de la libertad publicado en Boletín

Oficial de fecha 5 de mayo de 1999.

condenados, salvo que los procesados hayan optado por el régimen anticipado de la

pena.

PERÍODO DE OBSERVACIÓN

Artículo 13 - El período de observación consiste en el estudio médico-psicológico-

social del interno y en la formulación del diagnóstico y pronóstico criminológicos.

Comenzará con la recepción del testimonio de sentencia en el organismo técnico-

criminológico, el que deberá expedirse dentro de los treinta (30) días. Recabando la

cooperación del interno, el equipo interdisciplinario confeccionará la historia

criminológica.

Durante el período de observación el organismo técnico-criminológico tendrá a su

cargo:

a) Realizar el estudio médico, psicológico y social del condenado, formulando el

diagnóstico y el pronóstico criminológico; todo ello se asentará en una historia

criminológica debidamente foliada y rubricada que se mantendrá permanentemente

actualizada con la información resultante de la ejecución de la pena y del

tratamiento instaurado;

b) Recabar la cooperación del condenado para proyectar y desarrollar su tratamiento,

a los fines de lograr su aceptación y activa participación, se escucharán sus

inquietudes;

c) Indicar la fase del período de tratamiento que se propone para incorporar al

condenado y el establecimiento, sección o grupo al que debe ser destinado;

d) Determinar el tiempo mínimo para verificar los resultados del tratamiento y

proceder a su actualización, si fuere menester.

(Artículo sustituido por art. 8° de la Ley N° 27.375 B.O. 28/07/2017)

Concordancias: Ley 24.660, arts. 5º, 6º, 7º y 27; Decreto Nacional 396/99, Anexo I,

art. 7º.

ANÁLISIS DOCTRINARIO

El presente artículo prevé la reglamentación a observarse, por parte del organismo

técnico criminológico, en el primer período del régimen penitenciario, en el cual se

deberá confeccionar el programa individualizado para el tratamiento del interno,

conforme lo establece el art. 5º de la ley 24.660.

La primera cuestión a destacar es que con la reforma de la ley 27.375, se establece

que este período no puede extenderse más de 30 días3, cuestión no menor, ya que

permite evitar cualquier exceso de permanencia del interno o interna en ese estadio.

Esta disposición se dirige, sin dudas, a la administración penitenciaria, no

obstante, ello, expresamente se establece que antes de realizar la historia

criminológica, se deberá recabar la cooperación de la persona privada de su libertad,

cuestión más que importante que abordaremos infra.

Respecto al requisito de la confección de la historia criminológica del recluso, cabe

señalar, como lo menciona Incardona (2019, 26 y 27), que se desprende del Informe

Anual de 2006 de la Procuración Penitenciaria de la Nación, que de las auditorias

2 Decreto 344/08, Anexo IV.

3 En consonancia con el decreto reglamentario 396/99 que disponía que este período no podía exceder de

30 días. Tanto en el decreto 412/58, como en el texto original de la ley 24.660 no se decía nada respecto al

tiempo de duración de este período.