Principios básicos de la ejecución

• Autor: José Daniel Cesano
• Páginas: 10-35

CAPÍTULO I

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA EJECUCIÓN

Artículo 1º -La ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus

modalidades, tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de

respetar y comprender la ley, así como también la gravedad de sus actos y de la

sanción impuesta, procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la

comprensión y el apoyo de la sociedad, que será parte de la rehabilitación mediante

el control directo e indirecto.

El régimen penitenciario a través del sistema penitenciario, deberá utilizar, de

acuerdo con las circunstancias de cada caso, todos los medios de tratamiento

interdisciplinario que resulten apropiados para la finalidad enunciada.

Concordancias: P.I.DD.CC.PP., art. 10, apartado 3;

C.A.DD.HH., art. 5º, apartado 6; Ley 24.660, art. 5º.

ANÁLISIS DOCTRINARIO Y JURISPRUDENCIAL

El análisis de este artículo debe necesariamente partir de los artículos 10, apartado

3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 5º, apartado 6, de la

Convención Americana de Derechos Humanos.

La primera cuestión que, estos textos, ofrecen al intérprete se vincula con la

determinación del alcance del concepto de readaptación social que utilizan.

Básicamente, dos son las posibilidades hermenéuticas en este sentido: se define la

readaptación social en función del respeto a la legalidad (programas de readaptación

social mínimos); o bien se parte de reconocer que dicha finalidad no se satisface con el

logro de una mera actitud exterior de respeto a la ley, sino que exige que el autor del

delito se adapte a una determinada concepción de vida social que el Estado debe

imponer a través de la ejecución de la pena (programas de readaptación social

máximos).

¿Cuál ha sido el modelo adoptado por los instrumentos internacionalesque, a

partir de la reforma de 1994, adquirieron jerarquía constitucional?

En nuestro criterio, una interpretación sistemática de los textos internacionales

que analizamos (arts. 10.3, P.I.D.C.P. y 5.6, C.A.D.H.) con la primera parte de la

Constitución histórica debe conducirnos a la conclusión de que el concepto a que

aluden las normas convencionales se compatibiliza con un programa de readaptación

social mínimo.

En efecto, en toda sociedad coexisten diferentes conjuntos normativos con distintos

sistemas de valores y diversas concepciones del mundo. Si una sociedad —expresa

Francisco MUÑOZ CONDE— se considera pluralista y democrática,

“[…] la diversidad de conjuntos normativos, vigentes al mismo tiempo en su seno, es

aún más evidente e inevitables son los conflictos que surgen cuando se contraponen.

Esto hace que, desde el primer momento, pueda fallar el presupuesto básico de toda

resocialización (readaptación social): la identidad entre los que crean las normas y

sus destinatarios. La resocialización es, ciertamente, sólo posible cuando el individuo

a resocializar y el encargado de llevarla a cabo tienen o adoptan el mismo

fundamento moral que la norma social de referencia. Pero ¿cómo puede llevarse a

cabo esta tarea cuando no se da esta coincidencia? Una resocialización sin esta

coincidencia básica significa pura y simplemente sometimiento, dominio de unos

sobre otros y lesiona gravemente la libre autonomía individual” (MUÑOZ CONDE,

1982: 136/137).

Ahora bien ¿resultaría constitucional y convencionalmente admisible —en un

sistema como el nuestro— esa intromisión, por la cual el Estado, a través de la

ejecución de la pena, trata de imponer creencias y convicciones?

Estimamos que no. Y lo decimos así puesto que admitir esa posibilidad sería abrir

la puertaal desconocimiento del derecho a la dignidad, que ha sido expresamente

receptado por el artículo 11, apartado 1, de la C.A.DD.HH. y, específicamente

consagrado respecto de quienes se encuentran privados legítimamente de su libertad

por el artículo 5º, apartado 2, de la misma convención regional, y por el artículo 10,

apartado 1, del P.I.DD.CC.PP.. Tal derecho reconoce, como perteneciente a cada ser

humano, una capacidad personal que le permite adoptar —libremente, sin ninguna

injerencia estatal— sus propias decisiones sobre sí mismo, sobre su conciencia y sobre

la configuración del mundo que lo rodea.

Si se comparte esta concepción —que parte, por cierto, de reconocer, además, que

nuestra ley fundamental ha establecido un régimen político democrático y pluralista—

, poco trabajo demandará conocer por qué nuestro sistema constitucional (Constitución

histórica y Tratados sobre Derechos Humanos, con jerarquía constitucional) resulta

incompatible con un programa de readaptación social máximo. Y afirmamos esto por

cuanto, como se podrá advertir a partir de la descripción de modelos normativos que

adscriben a estos tipos de programas (readaptación social máxima), tal concepción

constituye la más cruda manifestación de una ideología que admite la consideración

del hombre como un mero objeto de la actividad estatal. Como lo ha caracterizado, con

toda precisión, GUZMÁN DALBORA: este programa (el de readaptación social máxima)

“[…] en el fondo, implica una exigencia exagerada e iliberal, en cuanto supone la

imposición de valores morales que el condenado puede perfectamente no compartir e

incluso rechazar, al paso que también se nos filtra subrepticiamente una moralidad

del Estado u oficial […] que nada tiene que hacer en un derecho penal liberal y que

cuadra mejor en unesquema político autoritario, por no decir totalitario. Va de suyo

que así, además, se desdibujan los límites que separan al derecho de la moral, se

quebranta la autonomía característica de la ética y se verifica empíricamente la

aprensión de quienes piensan […] que todo Estado que imponga jurídicamente una

forma de moralidad, es, por este hecho sólo, inmoral”. (GUZMÁN DALBORA, 1997:277).

En suma creemos que los artículos 11, apartado 1 y 5, apartado 2 de la

C.A.DD.HH. y el artículo 10, apartado 1, del P.I.DD.CC.PP., con sustento en el

régimen político al que adhiere la Constitución formal (arts. 33 , 37, 38 y 75, inciso 19),

se erige como una valla infranqueable frente a un concepto de readaptación social que

pretenda el logro de su cometido merced a laimposición de ideales de excelencia

humana que altere el sistema de valores morales que, como opción personal, prefiera

el individuo, aun cuando ese individuo sea el autor de una conducta merecedora de

pena; valores morales éstos que sólo pueden ser el producto de una libre elección de la

persona.

¿Qué se debe entender por un programa de readaptación social mínimo?

A nuestro ver, una respuesta plausible para este interrogante sería la siguiente:

este tipo de programas tiende a obtener, por parte del autorde un delito, una conducta

respetuosa con la ley y los derechos de los demás. Este punto de vista, que considera