Contralor judicial y administrativo de la ejecución

• Autor: Ma. Eugenia Jiménez
• Páginas: 355-356

CAPÍTULO XVII

CONTRALOR JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO

DE LA EJECUCIÓN

Artículo 208 - El juez de ejecución o juez competente verificará, por lo menos

semestralmente, si el tratamiento de los condenados y la organización de los

establecimientos de ejecución se ajusta a las prescripciones de esta ley y de los

reglamentos que en su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo. Las observaciones y

recomendaciones que resulten de esas inspecciones serán comunicadas al ministerio

competente.

Concordancias: Ley 24.660, Arts. 3º, 4º.

ANÁLISIS DOCTRINAL

La previsión debe ser interpretada de manera armónica con lo estipulado en los

artículos 3º y 4º de la presente ley, a cuyos comentarios nos remitimos. Coincidimos

con LÓPEZ y MACHADO (2014: 535) en considerar al presente artículo redundante por

cuanto la ley ya prevé que la ejecución de la pena privativa de la libertad, en todas sus

modalidades, estará sometida al permanente control judicial.

Por otro lado, estos autores —en referencia al régimen federal— refieren que no

existe un juez que opere directa y exclusivamente sobre una cárcel, sino que existen

diferentes magistrados de ejecución que intervienen en un mismo establecimiento,

controlando la ejecución de la pena privativa de libertad de quienes se encuentran bajo

su disposición; es decir, consideran que la supervisión a la que alude la ley nunca

podrá ser general, sino particularizada al caso concreto según su competencia.

Además, señalan que en caso de que el magistrado constate un incumplimiento por

parte de la administración penitenciaria en la aplicación de la ley o de los reglamentos,

deberá actuar sobre el caso y resolverá conforme el principio de judicialización de la

ejecución del art. 4º (LÓPEZ y MACHADo, 2014: 535/536).

Finalmente, respecto al último tramo del artículo relativo a que “las observaciones

y recomendaciones que resulten de esas inspecciones serán comunicadas al ministerio

competente” los autores de referencia consideran que la norma resulta contradictoria

con el sentido general de la ley, puesto que si se pretende, ante la verificación de un

incumplimiento, que el magistrado no pueda actuar sobre él, sino que deba

comunicarlo al ministerio correspondiente, la judicialización de la ejecución queda en

letra muerta (2014, p. 537).

Artículo 209 - El Poder Ejecutivo dispondrá que inspectores calificados por su

formación y experiencia, designados por una autoridad superior a la administración