Normas de trato

• Autor: Laura G. Ahumada/Fernando M. Comuñez/Matías M. Mansilla/Cecilia R. Torri
• Páginas: 114-139

CAPÍTULO III

NORMAS DE TRATO

DENOMINACIÓN

Artículo 57 - La persona condenada sujeta a medida de seguridad que se aloje

en instituciones previstas en esta ley, se denominará interno.

Al interno se le citará o llamará únicamente por el nombre y apellido.

Concordancias: Ley 24.660, arts. 8º y 9º; D.U.DD.HH, art. 5º; D.A.D.DHH, art.

XXV; P.I.DD.CC.PP., art. 7º, C.A.DD.HH, art. 5º; C.T.TT.PP.CC.II.DD., art. 16.1.

ANÁLISIS DOCTRINARIO Y JURISPRUDE NCIAL

Aquellas personas que se encuentren dentro de una institución total, conforme

los lineamientos de esta ley, se los llamará internos. Se trata de uno los miembros

de la relación jurídica penitenciaria (administración - interno), como una relación

especial de sujeción1, que esta ley le asigna un conjunto de derechos (v.gr. a recibir

tratamiento penitenciario, a ser informado de sus derechos y deberes, a obtener

permisos de salida del establecimiento, etc.) y obligaciones (permanecer en el

centro penitenciario, acatar las normas del régimen interior, observar una

adecuada higiene y aseo personal, realizar prestaciones generales de

mantenimiento del establecimiento, etc.) sin distingos (art. 8º, ley 24.660), e

independientemente de su condición procesal (art. 11, ley 24.660), de su lugar de

alojamiento (sección hospitalaria o en un nosocomio externo) o salud mental. Se

está aludiendo a la relación jurídica de naturaleza administrativa “que surge a

partir del momento mismo del internamiento, que le vincula con la administración

penitenciaria a la que se confía su retención y custodia”, más no la relación jurídica

procesal que lo vincula con el órgano jurisdiccional (FERNÁNDEZ AREVALO - NIST AL

BURÓN, 2016, p. 488).

Dicho estatus jurídico de interno parte de la idea que la persona no pierde sus

derechos fundamentales al entrar en prisión y que forma parte de la comunidad,

sino que sólo tendrá restringido aquellos derechos que hace referencia la condena o

la prisión preventiva (MIR PUIG, 2015, p. 35).

No puede dejar de mencionarse las críticas que ha recibido esta norma a la luz

de la lente de género por el empleo de un vocablo de género masculino. Así,

NARDIELLO, PADUCZAK, PINTO y otros en su obra (2015, p. 136) proponen el empleo

de un término más universal como “personas privadas de su libertad”, tal como

remarca el Comité Permanente de América Latina para la Revisión de las Reglas

Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas en el

1 En ese sentido, se ha pronunciado nuestra C.S.J.N., “Romero Cacharane, H. A. s/ ejecución penal”,

09/03/04, R. 230. XXXIV, (Fallos: 327:388) y el Tribunal Constitucional Español (SSTC), 74/85; 2/87

(citados por MIR PUIG, C., 2015, p. 35); 120/90 y 57/94 (citados por Gudín RODRÍGUEZ MAGARIÑOS, F.,

2015, p. 45).

Proyecto de Revisión de las Reglas Mínimas adoptado en el “XII Congreso de las

Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y la Justicia Penal”, Salvador de

Bahía, Brasil, abril 2010.

El título que enmarca este artículo nos lleva a recordar que las personas

condenadas tienen derecho a un trato digno (arts. 5.2.2 C.A.DD.HH y 10.1

P.I.DD.CC.PP., 9º de ley 24.660) que importa la prohibición de torturas, penas o

tratos cueles, inhumanos o degradantes (arts. 7.1 P.I.DD.CC.PP., 16.1 C.T.TT.PP.

CC.II.DD), “interpretados en el sentido que abarque la más amplia protección

posible contra todo tipo de abuso físico o mentales” (TARDITTI - DE LA RÚA, 2015, p.

608).

Es así que se prohíbe el uso de un trato infamante o estigmatizante, como por

ejemplo la identificación de las personas bajo un número. Es por ello que el llamar

al interno por su nombre se vincula con el respeto a la dignidad e identidad del

interno. Al respecto, hay que señalar que el art. 1º, inc. c) de la ley de Identidad de

Género (ley 26.743) establece que la persona tiene derecho “a ser tratada de

acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo

en los instrumentos que acreditan su identidad respecto del/de los nombre/s de pila,

imagen y sexo con los que allí es registrada”. Ahora bien hay que aclarar que la

persona privada de su libertad tiene el pleno disfrute del derecho a expresar su

identidad sin que ello éste sujeto a que se produzca la inscripción en el registro

(Principios n° 19 sobre la aplicación de la legislación interna de derechos humanos

en relación con la orientación sexual y la identidad de género (Principios de

Yogyakarta), receptado por la ley 26.743).

HIGIENE

Artículo 58 - El régimen penitenciario deberá asegurar y promover el bienestar

psicofísico de los internos. Para ello se implementarán medidas de prevención,

recuperación y rehabilitación de la salud y se atenderán especialmente las

condiciones ambientales e higiénicas de los establecimientos.

Concordancias: arts. 143 ley 24.660; 18 C.N.; 11 D.A.DD.HH.; 3 y 25.1

D.U.DD.HH.

ANÁLISIS DOCTRINARIO Y JURISPRUDENCIAL

Si bien los internos tienen la obligación de colaborar con la higiene del

establecimiento (art. 61, ley 24.660), la administración penitenciaria es la primera

responsable del mantenimiento de sus dependencias en general y sobretodo de las

cuestiones relativas a la salud de los detenidos (art. 143, ley de ejecución

penitenciaria).

De este modo el Estado debe velar para que las instalaciones carcelarias se

encuentren en adecuado estado de conservación, limpieza e higiene y, así evitar un

agravamiento del mal inherente a la pena. En ese sentido, la Corte I.D.H.2 remarcó

que “toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de

2 Corte I.D.H., caso “Castillo Petruzzi y otros vs. Perú”, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de

30 de mayo de 1999, párr. 195; Caso “Cantoral Benavides vs. Perú”, Fondo, Sentencia de 18 de agosto

de 2000, párr. 87; Caso “Durand y Ugarte”, Sentencia de 16 de agosto de 2000, párr. 78; Caso “Hilaire,

Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago”, Sentencia de 21 de junio de 2002, párr. 165;

Caso “Bulacio vs. Argentina”, Sentencia de 18 de septiembre de 2003, párr. 126 y 138; Caso “Instituto

de Reeducación del Menor vs. Paraguay”, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas,

Sentencia de 2 de septiembre de 2004, párr. 151; Caso “Raxcacó Reyes vs. Guatemala”, Fondo,

Reparaciones y Costas, Sentencia de 15 de septiembre de 2005, párr. 95.