Disposiciones finales

• Autor: Laura G. Ahumada
• Páginas: 375-377

CAPÍTULO XXI

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 228 - (Según Ley 27.375/2017) La Nación procederá a readecuar la

legislación y las reglamentaciones penitenciarias existentes dentro de un (1) año a

partir de la entradaen vigencia de la presente ley, a efectos de concordarlas con sus

disposiciones.

De igual forma, se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a

readecuar su legislación y reglamentaciones penitenciarias.

ANÁLISIS DOCTRINAL

El presente artículo está estrechamente vinculado con lo atinente a la competencia

en materia de derecho penitenciario, lo cual será desarrollado en el comentario al

siguiente artículo. Sin perjuicio de ello, a continuación efectuaremos ciertas

consideraciones que estimamos pertinentes.

En primer lugar, y adelantando nuestra postura, sostenemos que las provincias

sólo pueden regular cuestiones procesales o de organización administrativa, estando

reservado a la nación todos aquellos otros aspectos con incidencia sobre la ejecución de

la pena, en tanto derecho material.

De este modo, la aparente contradicción del artículo en análisis con el art. 229, no

sería tal, toda vez que la legislación y reglamentación que las provincias deben

readecuar a los efectos de su concordancia con la presente ley (en su momento fue con

la Ley 24.660 ahora con las reformas introducidas por la Ley 27.375) refieren a

aquellas que no traten aspectos sustanciales del régimen de condenados y que

comprendan cuestiones atinentes a la organización penitenciaria, a la situación de

personas detenidas en cumplimiento de prisión preventiva o al ordenamiento procesal

vinculado con la materia (LÓPEZ - MACHADO, 2014: 586).

Por otra parte, el texto original del presente preceptorezaba “La Nación y las

provincias procederán, dentro del plazo de un año a partir de la vigencia de esta ley, a

revisar la legislación y las reglamentaciones penitenciarias existentes, a efectos de

concordarlas con las disposiciones contenidas en la presente”.

Esta modificación respecto a la invitación a las provincias a que readecuen su

legislación en lugar de imponerles que lo hagan, refuerza lo esbozado anteriormente,

ya que en virtud del reparto de competencias entre las provincias y la Nación que

justamente constituye el modelo federal argentino, no puede imperativamente

obligarse a los estados provinciales a que traten o no cuestiones que son de su propia

competencia.