Establecimientos de ejecución de la pena

• Autor: Natalia Monasterolo
• Páginas: 316-351

CAPÍTULO XV

ESTABLECIMIENTOS DE EJECUCIÓN DE LA PENA

Artículo 176 - La aplicación de esta ley requiere que cada jurisdicción del país, en la

medid necesaria y organizados separadamente para hombres y mujeres, posea los

siguientes tipos de establecimientos:

a) Cárceles o alcaidías para procesados;

b) Centros de observación para el estudio criminológico del condenado y planificación

de su tratamiento de acuerdo con lo previsto en el artículo 13;

c) Instituciones diferenciadas por su régimen para la ejecución de la pena;

d) Establecimientos especiales de carácter asistencial médico y psiquiátrico;

e) Centros para la atención y supervisión de los condenados que se encuentren en

tratamiento en el medio libre y otros afines.

Concordancias: Ley 24.660, artículos 12, 13, 14 y 15; Reglamento de modalidades

básicas de la ejecución, decreto 396/99, artículos 3º y 11.

ANÁLISIS DOCTRINARIO, JURISPRUDENCIAL Y REGLAMENTARIO

Este artículo marca el comienzo de un capítulo de no poca importancia en el texto

legal que comentamos. En efecto, el apartado dedicado a precisar las características

con que deben contar los establecimientos destinados a la ejecución de la pena

privativa de la libertad, puede lucir poco relevante frente a otras partes de la ley, pero

lo cierto es que se gestionan allí cuestiones que por su intrínseca complejidad reavivan

debates de lo más intenso, manteniendo siempre vigente la cuestión relativa al

espacio1.

No debe perderse de vista que el objetivo de reinserción social al que apunta la

ejecución de la pena se encuentra directamente anudado a la geografía espacial que

transitan internos e internas, ya lo denota esta última distinción lingüística; la

discriminación por géneros no sólo es premisa inicial, y por tanto medular, de la norma

comentada (en tanto los diferentes ámbitos que enumera deben cumplir con esa

división), sino también, y sobre todo, una cuestión a discutir en punto al diseño de las

políticas penitenciarias de alojamiento de cara a la ya difundida idea del género como

una experiencia personal frente a la que deben desarticularse las estructuras

culturales binarias. En este sentido puede admitirse que la textura lingüística del

1 Como señalan FERNÁNDEZ ARÉVALO y NISTAL BURÓN (2016: 391) “En los sistemas penitenciarios

modernos, la prisión como espacio físico ya no es un mero soporte; el lugar de ejecución de la pen a

privativa de la libertad adquiere el ca rácter de fundamental al ser, él mism o, el propio factor punitivo,

pues se da una equivalencia entre el espacio fí sico y la propia pena”.

artículo para marcar la distinción permite alojar estas discusiones; la norma no se

refiere a la separación por sexos2, sino a la discriminación entre hombres3 y mujeres.

De todos modos, no será suficiente considerar estas cuestiones frente a los casos

individuales, se precisan planificaciones estructurales que reaviven la cuestión en

cada ámbito espacial al que está fijada la progresividad del encierro.

Precisamente, en lo atinente al espacio, el artículo que comentamos emplea

designaciones diversas para referirse al ámbito físico que marcará el tránsito

penitenciario. Son estos los lugares en los que se materializarán las medidas

destinadas a lograr el objetivo de reinserción social mínima, que por la estructura,

organización y régimen, deben reunir tres condiciones básicas: proveer los medios que

favorecerán su reinserción, estar abiertos a la comunidad a fin de procurar la

comprensión y apoyo de la sociedad, y procurar la generación de un ámbito que, al

interior carcelario, permita medir y evaluar las conductas de los/as internos/as para

ponderar la evolución alcanzada (LÓPEZ y MACHADO 2014: 480). Tamaña tarea frente

coyunturas económicas atravesadas por la precariedad estructural de las políticas

sociales.

El artículo comienza la enumeración acudiendo a la designación “establecimientos”

para distinguir luego: “cárceles”, “centros”, “instituciones” y como en una especie de

segunda categoría, otra vez “establecimientos” (i.e. al referirse a los establecimientos

de carácter asistencial).

Pese a que la ley que comentamos no introduce ninguna distinción4, de la lectura

del artículo aquí analizado se desprenden diferencias evidentes.

Los “centros” y “establecimientos de carácter asistencial”, delimitan espacios

destinados al abordaje de alguna situación específica, mientras que las “cárceles” (o

alcaidías) e “instituciones”, parecen atender, mejor, a la distinción poblacional entre

procesados/as y condenados/as.

De todos modos, tal como explican LÓPEZ y MACHADO (2014: 480) la diversidad

poblacional, a la que nosotros sumamos, las deficiencias cuasi-estructurales de la

política penitenciaria, tornan de dificultosa realización la pretensión de la norma. En

esta línea, señalan los autores en opinión que compartimos, que la concreta existencia

de establecimientos (en sentido amplio) diferenciados tal como apunta la norma, sólo

ocurre en el caso de la separación entre mujeres y varones, y respecto a las personas

aquejadas por algún tipo de dolencia, pero cuando el distingo apunta a otras

particularidades (mayores y menores, condenados y procesados, etapa del tratamiento

en la que se encuentran, necesidad de resguardo físico por razones de seguridad,

nacionalidad, pasado delictivo, etc.), la tendencia ha sido la de afectar sectores

específicos (secciones o pabellones) para garantizar la separación. También refieren

que la creación más moderna de los “complejos” ha pretendido paliar estas

deficiencias, en tanto por su diseño arquitectónico permiten destinar estructuras

2 Vale señalar, sin ingresar al terreno de la discusión, que los feminismos más actuales también

cuestionan que el sexo pertenezca al orden de lo biológico o “natural”. Para mayor detalle sobre este tema

se recomienda la lectura de BUTLER (2007) Y PRECIADO (2002).

3 También se discute el uso de esta nominación para referenciar al varón, en tanto anida allí la idea de

este como paradigma de lo humano. Para mayor abundamiento sobre los sesgos patriarcales del español

(leguaje ginope) se recomienda la lectura de FACIO y FRIES (1999).

4 No así en España, donde el reglamento penitenciario define a los establecimientos o centros como

entidades arquitectónicas, administrativas y funcionales con organización propia (artículo 10). Señalan

FERNÁNDEZ ARÉVALO y NISTAL BURÓN (2016:392) que la denominación establecimiento penitenciario

apunta a un tipo de infraestructura relativamente moderna, en tanto tradicionalmente se han empleado

expresiones como prisiones, cárceles o presidios.

edilicias bien discriminadas (módulos) —por ejemplo, para procesados y condenados—,

dentro de un mismo predio5. Entendemos que ante esta factibilidad la noción de

establecimiento puede re-conceptualizarse, anotándose como una estructura cuyos

límites no dependan, exclusivamente, de la distancia geográfica entre edificaciones

cualitativamente distintas.

Las especificidades que la normativa exige para cada uno de los establecimientos

(lato sensu) que menciona este artículo es recuperada por los subsiguientes que, como

se verá, completan el contenido de este capítulo6.

Diremos sólo que los diferentes espacios discriminados por la norma marcan, en

alguna medida, una suerte de ruta; ruta que comienza con el alojamiento del interno o

la interna en el “centro de observación” en donde se realizarán todas las tareas que el

período de observación exige como parte de la progresividad del régimen de ejecución

de la pena (ver comentario artículos 12 y 13). Tras ello se fijará el primer destino

(establecimiento o módulo, de mínima, mediana o máxima contención7), pero una vez

allí el/la interno/a podrá ir cambiando de establecimiento, o sección, de acuerdo a la

evolución experimentada en el tratamiento penitenciario, hasta llegar a uno regido por

la autodisciplina (ver comentario artículos 14 y 15). Claro que ese camino podrá

experimentar retrocesos ante una falta de disciplina que impacte negativamente en la

progresividad alcanzada (LÓPEZ y MACHADO 2014:482)8.

En sintonía con lo señalado en este último párrafo el artículo 3º del Decreto 396/99

(Reglamento de modalidades básicas de la ejecución), estipula, como premisa de la

progresividad, la permanencia limitada de internos e internas en establecimientos

cerrados, añadiendo: “En lo posible, conforme su evolución favorable en el desarrollo

del tratamiento, se promoverá su incorporación a instituciones semiabiertas o abiertas

o a secciones separadas regidas por el principio de autodisciplina”9. A su vez, el

artículo 11 del mismo decreto señala que al concluir el período de observación, el

5 La característica diferencial de los complejos reposa en su estructura modular, construcciones

delimitadas con un funcionamiento propio que se inscriben en el mismo espacio geográfico sin fusionarse.

El sistema federal cuenta con los siguientes complejos: Complejo penitenciario federal I (ubicado en

Ezeiza, Buenos Aires), Complejo penitenciario federal II (ubicado en Marcos Paz, Buenos Aires), Complejo

penitenciario federal III (ubicado en la localidad General Martín Güemes, Salta), Complejo penitenciario

federal IV de mujeres (ubicado en Ezeiza, Buenos Aires), Complejo penitenciario federal de la ciudad

autónoma de Buenos Aires y Complejo penitenciario federal de jóvenes adultos (ubicado en Marcos Paz,

Buenos Aires), los restantes 28 establecimientos se reparten entre Institutos, Colonias y Unidades. En la

provincia de Córdoba, existen dos complejos carcelarios, el Complejo carcelario nº 1 (ubicado en la

localidad de Bower) y el Complejo carcelario nº 2 (ubicado en la localidad de Cruz del Eje). Debe señalarse

además que dichos complejos también alojan a internos/as a disposición del poder judicial federal.

6 Nos referimos al capítulo 15 de la ley que comentamos “Establecimientos de ejecución de la pena”.

7 Ver comentario artículo 182.

8 En estos casos, si las faltas resultan de escasa entidad, se suelen ensayar soluciones que no impliquen el

egreso definitivo del interno o la interna del establecimiento en que se encuentra; por ejemplo,

realojándolo/a en algún sector diferenciado que le impida gozar de todos los beneficios del establecimiento

al que accedió. En la provincia de Córdoba, en el caso de las personas alojadas en el Establecimiento

Penitenciario N°4 Monte Cristo (previsto para internos/as condenados/as incorporados a periodo de

prueba), no existen “sectores diferenciados” para el cumplimiento de medidas disciplinarias. En dichos

casos, si se trata de faltas leves y las sanciones aplicables consisten en amonestación, exclusión de

actividades recreativas, suspensión parcial de visitas, suspensión parcial del derecho a comunicación,

permanencia en el lugar de alojamiento, estas pueden cumplirse allí mismo. Para el caso de consecuencias

que requieran mayor rigurosidad, puede ordenarse el alojamiento del interno o de la interna en otro

establecimiento de la provincia regido por régimen común (Complejo Carcelario n° 1, Bouwer), o, incluso

en el régimen de máxima seguridad (Complejo Carcelario N°2, Cruz del Eje).

9 En idénticos términos del artículo 2º del anexo IV del Decreto 344/08 para internos condenados de la

provincia de Córdoba.