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No es de recibo el agravio en torno a la aplicación del art. 41 bis del Código Penal al caso, pues si bien la parte incluyó dicho planteo en el recurso casatorio, no obtuvo respuesta alguna en la sentencia cuestionada, por lo que no es posible que se revise decisión alguna sobre un punto no fallado en el pronunciamiento impugnado (doctr. Art. 451, CPP).

En consideración a los lineamientos sentados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por mayoría, el 26 de diciembre de 2019 en la causa "Farina, Haydée s/ homicidio culposo" respecto de la interpretación del art. 67 inc. e del Código Penal, en el caso, el dictado de la condena no firme por el órgano de grado constituye el último acto interruptivo de la acción penal.

El marco competencial de esta Corte se encuentra circunscripto a los motivos casatorios identificados en el art. 494 del Código Procesal Penal (ley 11.922 y sus modif.). Le está vedado al tribunal descender a la exposición, representación o valoración de los hechos que hubiera realizado el a quo. Y si bien es cierto que una incorrecta apreciación de los aspectos fácticos de la sentencia puede...

La declaración de oficio de inconstitucionalidad puede y debe hacerse cuando las circunstancias así lo exijan. El tema de la congruencia constitucional de las normas a aplicar se le plantea al juez antes y más allá de cualquier propuesta de inconstitucionalidad formulada por las partes. En razón de ello, no son válidos los argumentos en contrario basados en una proposición tardía.

• Interpretación de las normas y derecho penal

La posible coexistencia en el acusado del propósito de defenderse frente a la reacción de la víctima, no obsta a la relevancia de la ultrafinalidad típica constatada que prevé el inc. 7 del art. 80 del Código Penal.

Aun para el caso de las penas perpetuas (prisión o reclusión), éstas no son realmente tales porque de lo contrario lesionarían la intangibilidad de la persona humana, por lo cual deberá fijarse, eventual y oportunamente, el momento de su agotamiento.

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se denuncia la errónea aplicación del art. 55 si el recurrente se desentiende de lo resuelto, y se limita a formular distintas consideraciones dogmáticas sobre el tema, pero sin brindar una vinculación con las particulares circunstancias de la causa a fin de avalar su postura de que se trató de un hecho "único"; con lo...

Si la declaración de oficio de la inconstitucionalidad de una norma puede y debe hacerse cuando las circunstancias así lo exigen, la deficiencia técnica del recurso intentado por las partes mal puede ser obstáculo que interfiera en la actividad del juez a la hora de analizar la congruencia constitucional de las normas aplicables al caso.

PROCESO PENAL: EL HECHO CULPABLE COMO BASE INELUDIBLE DE LA DETERMINACION DE LA PENA. DEROGACION VIRTUAL DE LA PENA DE RECLUSION. CASO “MENDEZ NANCY” DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION.Acertadamente nos dice Patricia Ziffer que: “El ilícito culpable constituye la base de la determinación de la pena. En un derecho penal de hecho esto no podría ser de otro modo: el hecho es decisivo no...

La sola circunstancia de que la regla incorporada por ley 25.297 -art. 41 bis- agregue una disposición genérica en la Parte General del C.P., destinada a jugar en relación a los tipos pertinentes de la Parte Especial no constituye una afectación del principio de legalidad.

El objeto de la doctrina sobre la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado (C.S.J.N. Fallos t. 310, pág. 234).

Del art. 80 inc. 7 del Código Penal no resulta, ni expresa ni implícitamente, que su elemento subjetivo del tipo deba concurrir antes de iniciarse la ejecución del otro delito.

• Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires

Las nulidades no tienen por fin satisfacer pruritos formales sino enmendar perjuicios efectivos que pudieren surgir de las desviaciones procesales, cada vez que éstas supongan una restricción de la garantía de la defensa en juicio o del debido proceso.