La coherencia de las normas (Problemas en torno al delito de robo de automotores con armas -art. 166, CP, y el agravante del decreto nº 6582/58-)

• Autor: Juan Pablo Alonso
• Páginas: 191-359

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Capítulo 4

La coherencia de las normas

(Problemas en torno al delito de robo de automotores con

armas —art.166, CP, y el agravante del decreto nº6582/58—)

La coherencia es el último nivel interpretativo, al cual se arriba una vez

que se han 󵁥󴱯󵭪󴵪󴩢󴭰las normas de manera aislada y que se han siste-

matizado, agrupándolas bajo el criterio 󵱯󵁧󵁤󴡥󵙳brindado por el UD. En

este nivel de la coherencia, las reglas 󰽪󴭦󵕵󵁧󵁤󴡥󴡴y sistematizadas) son

evaluadas y comparadas con aquellos principios jurídicos que rigen en el

sistema normativo involucrado, sean principios implícitos o explícitos.

De esta forma, el camino de la interpretación comienza con la norma

󵁥󴱯󵭪󴵪󴩢󴭢aisladamente, sigue con su sistematización a la luz del resto

de las normas inmediatamente vinculadas (por el UD) y culmina con la

evaluación coherentista a la luz de los principios jurídicos relevantes

En los sistemas jurídicos constitucionales, el rol evaluativo de la cohe-

rencia es de singular importancia toda vez que, al presuponerse la jerarquía

de los principios constitucionales, se exige que las normas inferiores sean

coherentes con relación a tales principios.

Una v󴱻󰝪󴭦󵕵󵁧󵁤󴡥󴡴y sistematizadas las normas, al nivel coherentista

puede arribarse de dos maneras distintas: a) con la presencia de casos

difíciles por problemas de 󵁥󴱯󵭪󴵪󴩢󴩪󽩯o sistematización, o b) sin la pre-

sencia de casos difíciles por problemas de 󵁥󴱯󵭪󴵪󴩢󴩪󽩯o sistematización

(el sistema es unívoco, completo y consistente).

En la primera hipótesis, el método coherentista puede ser de utilidad

para solucionar los casos problemáticos detectados en los niveles interpre-

tativos anteriores. La primera función normativa de la coherencia (infra 17

y 18) se relaciona con este propósito.

La segunda hipótesis (no hay problemas de 󵁥󴱯󵭪󴵪󴩢󴩪n o sistemati-

zación), puede desdoblarse en dos especies: b1) que el sistema normativo

(unívoco, completo y consistente) no plantee problemas de coherencia

(porque es coherente con los principios que rigen el sistema o porque

es neutral —no es incoherente— respecto de tales principios), o b2) que el

sistema normativo (unívoco, completo y consistente) plantee problemas de

coherencia: tal hipótesis supone que alguno de los casos del UC o alguna

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de las soluciones normativas del US es inadecuado, en términos coheren-

tistas, con relación a los principios que rigen ese sistema normativo.

Esta segunda posibilidad se vincula con la segunda función normati-

va de la coherencia (infra 19 y 20) y será presentada inmediatamente, a

través de un caso concreto de la legislación penal argentina: el delito de

robo de automotores con armas y el agravante del decreto 6582/58.

14. Un problema de coherencia

14.1. La cuestión

El artícu lo 166 del Código Penal (en su redacción original, que hoy

se encuentra vigente) estipula una pena de entre cinco y quince años de

prisión o reclusión a quienes cometieran el delito de robo con armas.

En 1958 se promulgó un decreto vinculado con la promoción y el

asentamien to de industrias automotrices en la República Argentina bajo

el número 6582/58. Este decreto, entre otras medidas, elevó sensible-

mente las penas de los delitos contra la propiedad, especialmente el hurto

y el robo, para los casos en los que el objeto sustraído fuera un automotor.

Puntualmente, en el artícu lo 38 del decreto 6582/58, la pena del artícu lo

166 del Código Penal, para el caso de robo de automotores con armas, se

elevó a una escala de entre nueve y veinte años de prisión, manteniendo la

vigencia del original artícu lo 166 (de 5 a 15 años) para aquellos robos con

armas en los que el objeto sustraído no fuera un automotor.

La medida aparecía como una forma aceptable de proteger una

industria incipiente que se establecía en el país. Sin embargo, a poco que

comenzó su aplicación concreta y se dictaron las primeras sentencias, los

cuestionamien tos a la elev󴡥󴠡󴱴󴩢󵍢󰝱󴱯󴡭󰝧󵍰󵥦󴩪󴱳󵙯󰝱󵙳󰝥󵙲󵱪󴱳.

La argumentación central consistía en comparar la pena mínima para

el robo de automotor con armas (9 años) con la pena mínima estipulada

para el caso del homicidio simple (8 años —art. 79, CP—). Se sostenía

que ambas penas eran, comparativamente consideradas, contradictorias o

incoherentes, ya que matar a una persona era un hecho mucho más grave

que sustraerle su automotor mediante el uso de armas.

Los cuestionamien tos formulados contra esta normativa fueron

recogidos por la Corte Suprema de Justicia en los fallos “Martínez, José

Agustín s/robo 󴩢󵍪󴵪󴩢󴭰󷬭del 6/6/1989, y “Gómez, Ricardo y Federico,

Eduardo s/robo agravado por tratarse de automotor y mediante uso de

arma de fuego”, del 8/6/1989, en los que se decretó la inconstitucionali-

dad del artícu lo 38 del decreto 6582/58.

Interpretación de las normas y derecho penal

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Tardíamente, en fecha 23/10/1996, el Congreso de la República

Argentina, mediante la ley nº 24.721 (art. 2º), derogó todo el régimen

penal vinculado a la sustracción de automotores, y nuevamente se tor-

naron aplicables la disposiciones penales comunes para los delitos contra

la propiedad (arts. 162 a 185, CP). A partir de entonces, y hasta la fecha, la

sustracción de automotores, en cualquiera de sus versiones típicas (hurto,

robo, etc.) posee el mismo régimen penal que la sustracción de cualquier

cosa ajena.

14.2. El problema

Una primera aproximación a esta cuestión exige determinar qué tipo de

problema presentan las normas en cuestión (si es que presentan alguno),

para luego determinar cómo resolverlo (si es que es posible hacerlo).

Una posible hipótesis versa sobre la existencia de una contradicción

normativa, con elementos similares a la analizada en el capítulo anterior

(las lesiones). A poco que examinamos la cuestión advertimos que no

se trata de una contradicción normativa, toda vez que las normas invo-

lucradas no se 󵥦󴵪󴱳󴱯al mismo ámbito fáctico100. En efecto, la norma

del decreto 6582/58 (en función del art. 166, CP) se 󵥦󴵪󴱳󴰡al delito de

robo de automotor con armas, mientras que la norma del artícu lo 79 del

Código P󴱯󴡭󰝴󴰡󵥦󴵪󴱳󴰡󴡭󰝥󴱭󵁵󵘡󴭦󰝩󵙮󵁤󵁥󵁰󰝴󵁮󵝭.

Podría evaluarse la posibilidad de contradicción normativa entre la

norma del artícu lo 166 (robo con armas, de 5 a 15 años), con la norma del

decreto 6582/58 en función del artícu lo 166 (robo de automotor con ar-

mas, de 9 a 20 años). En esta hipótesis las normas se referirían parcialmente

al mismo caso (habría inconsistencia fáctica total-parcial (ver supra 11.1),

pero el 󴩰󵕧󵍪to se resolvería fácilmente mediante la aplicación del criterio

lex specialis, debido a que la norma sobre el robo de automotores con armas

es más e󵩱󴱤󽑧󵁤󴠡que la norma del robo con armas. Asimismo, teniendo en

cuenta que el decreto 6582/58 es posterior a la redacción original del

artícu lo 166, el primero no solo prevalecería por su especialidad, sino tam-

bién por su posterioridad, en virtud de lex posterior (ver supra 11.3).

Como iremos analizando, el problema en cuestión puede reconstruirse

como un defecto de coherencia (una incoherencia). Según MacCormick,

la coherencia es una cuestión relacional entre un conjunto de normas y

100 Anteriormente (supra 11.1) vimos los tres requisitos que, según Ross (1958: 125),

deben presentarse para que se c󵙯󴵪󴹶󵥦 una contradicción normativa. En este caso falta

el segundo requisito (inconsistencia fáctica), ya que las normas no versan sobre ámbitos

fácticos similares.