Intervenciones federales durante la presidencia de María Estela Martínez De Perón 1974-1976
| Autor | Alfredo Vítolo |
| Páginas | 583-600 |
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Al morir el general Perón, como ya hemos visto, asumió la Presidencia de la Nación la vicepresidente María Estela Martínez de Perón. Desde el comienzo de su gestión, la nueva mandataria fue prisionera de ese nefasto personaje que fue López Rega. Este oscuro ayudante del General se convirtió, no sólo en mentor espiritual de Isabel Perón sino en su guía "intelectual", llegando a actuar como el auténtico titular del poder. Parece obvio agregar que tanto por esa curiosa transferencia de funciones, como por su notoria ineptitud para el cargo, la gestión de Isabel Martínez de Perón como presidente, resultó desastrosa.
La lucha interna en el gobierno se fue manifestando con el retiro de los funcionarios peronistas más honestos y capaces; a ello siguió la interrupción de los apoyos institucionales prometidos por Ricardo Balbín en nombre de la Unión Cívica Radical y culminó con el alejamiento de los sectores independientes.
La violencia, que nunca cesó en este período, se incrementó a niveles no conocidos hasta entonces. El 15 de julio fue asesinado por los Montoneros el doctor Arturo Mor Roig, ex Page 584 ministro del Interior del general Lanusse e importante dirigente del radicalismo. El 31 de julio fue asesinado por la Triple A el doctor Rodolfo Ortega Peña, dirigente de la izquierda peronista consagrado, en el último comicio como diputado nacional por la Capital. El 28 de octubre fue asesinado el comisario Villar, jefe de la Policía Federal. También cayeron por actos de terrorismo el general chileno Carlos Prats y su esposa, Silvio Frondizi, Bruno Genta y otras personalidades de diversa procedencia ideológica.
El movimiento Montoneros, en una de sus publicaciones, hizo un minucioso relato de cómo habían asesinado a Pedro Eugenio Aramburu y luego secuestraron a los hermanos Born, episodio éste que les permitió "mediante el pago de un rescate" contar con más de 50 millones de dólares para financiar la actividad subversiva. Mientras tanto, el ERP había iniciado con creciente intensidad la guerrilla rural, ocupando una importante área de la provincia de Tucumán intentaba hacerse fuerte territorialmente y constituir una fuerza beligerante que le permitiera un "estatus político" que posibilitara apoyatura externa.
Nunca la Argentina desde su organización institucional había atravesado una situación similar. El Gobierno parecía inexistente y regía la ley de la selva; no existía seguridad para nadie, mientras la economía se deterioraba aceleradamente y el caos social se aproximaba sin diques de contención.
Los dos principales grupos guerrilleros terroristas, ERP y Montoneros, habían pasado a la clandestinidad pero seguían su acción, inclusive enquistados en algunos de los sectores del gobierno, especialmente en las provincias.
El Gobierno estaba ciego o no quería ver la realidad. Además, cada día eran menos los dirigentes que lo acompañaban. El frente electoral (Frejuli) se desintegró. El radicalismo, principal oposición, no tenía respuesta y, dentro del peronis-Page 585mo, continuaban las pujas y los enfrentamientos como si en el país todo fuese normal.
La diputada jujeña María Cristina Guzmán, representante de un partido provincial, intentó instrumentar un cambio institucional y, a tal efecto, promovió la iniciación de juicio político contra la Presidente. Las solidaridades partidarias hicieron que el peronismo, mayoría en las Cámaras, no aceptara este temperamento, permitiendo así que se frustrara una posibilidad de salvar el orden constitucional204.
Sin perjuicio de la síntesis que hemos realizado sobre lo acontecido durante la presidencia de la señora de Perón, durante su corta gestión se decidieron cuatro intervenciones federales, que correspondieron a las provincias de Mendoza, Santa Cruz, Salta y Misiones.
El 25 de mayo de 1973 asumió la gobernación de Mendoza el doctor Alberto Martínez Baca, hombre vinculado a lo que en aquel entonces se llamaba "La tendencia" y del mismo signo fueron sus principales colaboradores. Ello trajo como consecuencia un enfrentamiento permanente con los sectores del peronismo histórico que derivó en un conflicto de poderes. El Gobernador fue sometido a juicio político por la Legislatura provincial y ésta solicitó la intervención federal a la provincia.
Las causas aparentes del conflicto eran imputaciones vinculadas al manejo de la bodega estatal Giol, pero la realidad indicaba que lo que existía era una lucha por el poder entre ambos Page 586 sectores del justicialismo. La Presidente, por su parte, fue advertida por los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas de que existía una evidente connivencia entre el Poder Ejecutivo Provincial y los sectores vinculados a la acción subversiva y ello originó la decisión política de intervenir la provincia205.
El 12 de julio de 1974, muy pocos días después de la muerte del general Perón, la Presidente se dirigió al Congreso Nacional solicitando la intervención a la provincia de Mendoza. El mensaje del Poder Ejecutivo, que ingresó por el Senado de la Nación, consignaba:
Buenos Aires, 12 de julio de 1974
Al Honorable Congreso de la Nación: El Poder Ejecutivo Nacional tiene el honor de dirigirse a Vuestra Honorabilidad con el objeto de elevar a su consideración el proyecto de ley de intervención federal amplia a la provincia de Mendoza, que acompaña.
Este Poder Ejecutivo ha realizado numerosos intentos para lograr el encauzamiento institucional dentro del ejercicio armónico de los poderes provinciales, respetuoso de la autonomía federalista de nuestro ordenamiento constitucional, sin que se obtuviera la esperada solución de los intereses sectoriales contrapuestos.
Actualmente los mendocinos y la República siguen expectantes un juicio político abierto contra el gobernador don Alberto Martínez Baca, cuyo desarrollo ha merecido duras críticas de diversos sectores y opiniones encontradas, creándose así una situación de deterioro de la gestión gubernamental.
Los antecedentes que se acompañan con el presente mensaje ilustrarán a Vuestra Honorabilidad acabadamente acerca de la situación ins- Page 587 titucional que vive la provincia de Mendoza y las distintas circunstancias de hecho que la han llevado a ese estado.
Entre los mismos se encuentra también el pedido formal de intervención federal a la Legislatura provincial que en su momento efectuara al Poder Ejecutivo Nacional el propio gobernador de la provincia. Se configura así una típica situación de enfrentamiento de poderes contra la que fracasaron los intentos del Gobierno nacional para restablecer el orden perdido.
En tal circunstancia, el Poder Ejecutivo Nacional estima necesario ocurrir por la vía constitucional hábil para conjurar la crisis provincial. La intervención federal amplia a los tres poderes provinciales es a juicio de este Poder Ejecutivo, la única instancia impuesta por los acontecimientos para devolver a la provincia de Mendoza a una sana existencia constitucional.
Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.
Firmado: María Estela M. de Perón - Benito P. Llambi.
La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, en mayoría, aconsejó aprobar el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, mientras que el dictamen de la minoría, que suscribían los senadores Fernando de la Rúa y Francisco Eduardo Cerro, expresaba que no estaban dadas las causales constitucionales para la intervención a los tres poderes de la provincia.
En una larga sesión donde todos hablaban del problema de la bodega Giol y de temas constitucionales, sin que apareciera la...
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