Código Contencioso Administrativo: Ley 12.008

• Páginas: 57-90

CÓDIGO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO

LEY 12.008(*)

Y MODIFICATORIAS(**)

TÍTULO I

DEL PROCESO ADMINISTRATIVO

CAPÍTULO I

DE LA COMPETENCIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

CLAUSULA GENERAL DE LA MATERIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

Art. 1- 1. Corresponde a los tribunales contencioso administrativos

el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los

casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones

administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes

descentralizados y otras personas, con arreglo a las prescripciones del pre-

sente Código.

2. La actividad de los órganos del Poder Ejecutivo, de los munici-

pios y de los demás entes provinciales o municipales, se presume realizada

en el ejercicio de funciones administrativas y regida por el derecho admi-

nistrativo. Procederá esta presunción aun cuando se aplicaren por analogía

normas de derecho privado o principios generales del derecho.

CASOS INCLUIDOS EN LA MATERIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

Art. 2(***)- La competencia contencioso administrativa comprende las

siguientes controversias.

1. Las que tengan por objeto la impugnación de actos administrati-

vos, de alcance particular o general.

(*) Sancionada: 1/10/1997. Promulgada: 17/10/1997. Publicada BO: 3/11/1997.

(**) Ley 12.310. Sancionada: 7/7/1999. Promulgada c/ obs.: 2/8/1999. Publicada BO, supl.:19/8/1999.

Ley 13.101. Sancionada: 21/8/2003. Promulgada: 9/9/2003. Publicada BO:19/ 9/2003. Ley 13.325. Sancio-

nada: 31/3/2005. Promulgada: 20/4/2005. Publicada BO: 4/5/2005. Ley 14.437. Sancionada: 22/11/2012.

Promulgada: 4/1/2013. Publicada BO: 8/2/2013.

(***) Texto según ley 13.101 que incorporó los incs. 8 y 9.

58 LEGISLACIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA

Quedan incluidas en este inciso las impugnaciones que se deduzcan

en contra de las resoluciones emanadas del Tribunal de Cuentas, del Tri-

bunal Fiscal y de cualquier otro tribunal de la Administración pública, así

como las que se deduzcan en contra de actos sancionatorios dispuestos

en el ejercicio de la policía administrativa, a excepción de aquellas sujetas

al control del órgano judicial previsto en los artículos 166, segundo párrafo,

176 y 216 de la Constitución de la Provincia y 24 inciso 3 de la ley 11.922.

2. Las que se susciten entre prestadores de servicios públicos o

concesionarios de obras públicas y usuarios, en cuanto se encuentren re-

gidas por el derecho administrativo.

3. Aquellas en las que sea parte una persona pública no estatal,

cuando actúe en el ejercicio de prerrogativas regidas por el derecho admi-

nistrativo.

4. Las que versen sobre la responsabilidad patrimonial, generada

por la actividad lícita o ilícita de la Provincia, los municipios y los entes

públicos estatales previstos en el artículo 1, regidas por el derecho público,

aún cuando se invocaren o aplicaren por analogía normas de derecho pri-

vado.

5. Las relacionadas con la aplicación de tributos provinciales o mu-

nicipales.

6. Las relativas a los contratos administrativos.

7. Las que promuevan los entes públicos estatales previstos en el

artículo 1, regidas por el derecho administrativo.

8. Las relacionadas con la ejecución de tributos provinciales.

9. Las que versen sobre limitaciones al dominio por razones de in-

terés público, servidumbres administrativas y expropiaciones.

La enunciación anterior es meramente ejemplicativa. No implica la

exclusión del conocimiento por los tribunales administrativos de otros ca-

sos regidos por el derecho administrativo.

PLANTEO Y RESOLUCIÓN DE CUESTIONES CONSTITUCIONALES

Art. 3- La competencia contencioso administrativa no quedará des-

plazada aún cuando para la resolución del caso fuere necesario declarar la

inconstitucionalidad de leyes, de ordenanzas municipales o de actos admi-

nistrativos de alcance general o particular.

CASOS EXCLUIDOS DE LA MATERIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

Art. 4(*)- No corresponden a la competencia de los tribunales conten-

cioso administrativos las siguientes controversias:

(*) Texto según ley 13.101.

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CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / LEY 12.008

1. Las que se encuentren regidas por el derecho privado, o por las

normas o convenios laborales.

2. Las que tramitan mediante los juicios de desalojo, interdictos y

las pretensiones posesorias.

3. Los conictos interadministrativos provinciales, que serán dirimi-

dos por el Poder Ejecutivo provincial, conforme al régimen que al efecto se

apruebe.

CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA

EN RAZÓN DEL TERRITORIO

Art. 5(*)- 1. Será competente el juzgado contencioso administrativo

correspondiente al domicilio de las personas cuya actuación u omisión dé

lugar a la pretensión procesal.

2. Se exceptúan de dicha regla las siguientes controversias:

a) Las relativas a la relación de empleo público, en las que será

competente el juez correspondiente al lugar de la prestación de servicios

del agente, o al del domicilio de la demandada, o al del domicilio del de-

mandante a elección de este último.

b) Las que versen sobre pretensiones deducidas por reclamantes o

beneciarios de prestaciones previsionales y pretensiones contra las reso-

luciones de colegios o consejos profesionales y sus cajas previsionales en

las que será competente el juez correspondiente al domicilio del interesado

o al de la demandada, a elección del demandante.

c) Las que se susciten entre prestadores de servicios públicos o

concesionarios de obras públicas y usuarios, en las cuales será competen-

te el juez correspondiente al lugar de ejecución de la prestación.

d) Las que versen sobre pretensiones relacionadas con contratos

administrativos en las que será competente el juez correspondiente al lugar

de celebración del contrato. Si el contrato lo admitiere en modo expreso,

las referidas controversias podrán plantearse, a opción del demandante

ante el lugar de cumplimiento o el del domicilio del demandado.

e) Las correspondientes a servidumbres administrativas y expro-

piaciones, en las cuales será competente el juez correspondiente al lugar

de radicación de los bienes involucrados. Este criterio se aplicará para las

pretensiones resarcitorias en el caso de las restantes limitaciones al do-

minio por razones de interés público, salvo que ellas incluyan el pedido

de anulación de un acto administrativo en cuyo caso se aplicará la regla

consagrada en el inciso 1 del presente artículo.

(*) Texto según ley 13.101.