El acto administrativo

• Autor: Luis R. Carranza Torres
• Cargo del Autor: Abogado (U.N.C.). Docente universitario. Regular Member of The Supreme Court Historical Society (Washington, D.C.). Miembro del Col lectiu per la Investigació del Dret Pràctic (Valencia, España)
• Páginas: 33-55

Título II

EL ACTO ADMINISTRATIVO

7. REQUISITOS ESENCIALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO

Artículo 7º - Son requisitos esenciales del acto administrativo los

siguientes:

a) Competencia. Ser dictado por autoridad competente;

b) Causa. Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le

sirvan de causa y en el derecho aplicable;

c) Objeto. El objeto debe ser cierto y física y jurídicamente posible;

debe decidir todas las peticiones formuladas, pero puede involucrar

otras no propuestas, previa audiencia del interesado y si empre que

ello no afecte derechos adquiridos;

d) Procedimientos. Antes de su emisión deben cumplirse los

procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los que resulten

implícitos del ordenamiento jurídico. Sin perjuicio de lo que

establezcan otras normas especiales, considérase también esencial el

dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento

jurídico cuando el acto pudiera afectar derechos subjetivos e

intereses legítimos;

e) Motivación. Deberá ser motivado, expresándose en forma concreta

las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los

recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo;

f) Finalidad. Habrá de cumplirse con la finalida d que resulte de las

normas que otorgan las facultades pertinentes del órgano emisor, sin

poder perseguir encubiertamente otros fines, públicos o privados,

distintos de los que justifican el acto, su causa u objeto.

Las medidas que el acto involucre deben ser proporcionalmente

adecuadas a aquella finalidad.

Los contratos que celebren los órganos y entidades alcanzadas por

esta ley se regirán por sus propias normas especiales, sin perjuicio

de la aplicación directa del presente título en cuanto fuese

pertinente.

Cc.: art. 7º, LNPA.

7.1. El acto administrativo y sus partes esenciales. Las decisiones

administrativas no se expresan sólo a través de operaciones materiales, sino también

mediante declaraciones intelectuales de origen unilateral o bilateral, de alcance

individual o general, y de efectos directos o indirectos, a las que denominamos “actos

administrativos”. Tanto el sustantivo acto como el adjetivo administrativo son

términos susceptibles de interpretación diversa. Por ello, no existe un concepto ni

doctrinario ni legalmente unitario (Dromi, Derecho administrativo, p. 201).

Es de destacar que la ley emplea, para referirse a los elementos del acto

administrativo, el vocablo “requisitos”. Jurídicamente, el mismo tiene un significado

sinónimo, en general, de “presupuesto” o “recaudo”. Se los entiende como la condición

necesaria (exigencia de la ley) para la existencia o ejercicio de un derecho (Garrone,

Diccionario..., t. III, p. 302).

Cajarville distingue en el acto administrativo los presupuestos de los elementos.

Son los primeros las circunstancias extrínsecas al acto en sí, que deben existir al

momento de perfeccionarse el acto. Los elementos, en cambio, son “aquello de lo cual el

acto está formado”, y necesarios para que el acto nazca a la vida jurídica (Invalidez de

los actos administrativos, Universidad Ltda., Montevideo, 1984, ps. 12 a 23).

La doctrina no concuerda totalmente en cuáles y cuántos son los elementos del acto

administrativo. Ciertamente, el carácter local del derecho administrativo no

contribuye a una unificación de pareceres, sino que, por el contrario, las distintas leyes

(provinciales y nacional) regulan de forma distinta el punto, imposibilitando una teoría

única (Carranza Torres, Procedimiento y proceso…, vol. 1, p. 185).

“Decir que un acto administrativo puede ser descompuesto en elementos es una

abstracción mediante la cual se trata de facilitar su estudio. Algunos, sin embargo,

afirman que la descomposición del acto en diversos elementos sólo sirve para complicar

el examen del mismo (Rodríguez Queiro). Como acertadamente expresa Bandeira de

Mello, este procedimiento de descomposición correspondería a la anatomía del acto,

teniendo en miras el examen de su eventual patología: los vicios que pueden

presentarse” (Hutchinson, Procedimiento..., ps. 289 y 290).

La ley impone, a los efectos de aceptar y proteger la validez y eficacia de un acto de

la Administración, la existencia concurrente en el mismo de los elementos

individualizados a lo largo de los incisos del presente artículo, con las modalidades que

allí se establecen. Caso contrario, al acto resulta viciado, y siempre estará sujeto a

procedimiento de invalidación, dentro o fuera de la Administración.

7.2. De los elementos en particular. No teniendo una teoría general extendida,

no podemos hablar de elementos del acto administrativo en abstracto, sino de los que

en particular presente un ordenamiento determinado. En el caso de la Ciudad de

Buenos Aires, los mismos resultan ser:

a) Competencia: respecto de la cual remitimos a los puntos 2 y 4.1, por haber allí

desarrollado ya la cuestión.

b) Causa: llevando la definición general de Garrone a nuestro ámbito particular,

podemos decir que la causa de un acto administrativo es el fin práctico perseguido por

la voluntad administrativa, que en cuanto sea una aplicación específica del fin general

de la Administración (la satisfacción de las necesidades públicas diarias), será

reconocido y aceptado por el ordenamiento jurídico-administrativo, y en consecuencia,

tutelado mediante la producción de los correspondientes a ese fin. Los romanos

denominaron a la del negocio jurídico común, como “causa justa”, expresión esta que

tiene el significado de causa legítima o conforme al jus (Garrone, Diccionario..., t. I, p.

336).

c) Objeto: es la materia o contenido sobre el cual se decide, certifica, valora u

opina. El objeto tiene que ser cierto, claro, preciso y posible física y jurídicamente. El

acto debe decidir, certificar o registrar todas las cuestiones propuestas en el curso del

procedimiento. Comprende el mismo, en cuanto al contenido que necesariamente debe

estar presente (sin perjuicio de contener algún tipo de contenido eventual en

determinados casos), las materias que necesariamente forman parte del acto y sirven

para individualizarlo (contenido natural), y las cuestiones mandadas a contener por

imperio de la ley (contenido implícito) (cfr. Dromi, Derecho administrativo, p. 214).

No se aparta el mismo de los requisitos de certidumbre jurídica y fáctica que la ley

común impone (art. 953, CC) al acto jurídico en general, ya que en nada ayuda al

cumplimiento de su misión que la Administración dicte actos que no podrá luego poner