Principios generales

• Autor: Luis R. Carranza Torres
• Cargo del Autor: Abogado (U.N.C.). Docente universitario. Regular Member of The Supreme Court Historical Society (Washington, D.C.). Miembro del Col lectiu per la Investigació del Dret Pràctic (Valencia, España)
• Páginas: 21-32

PRIMERA PARTE

LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Título I

PRINCIPIOS GENERALES

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1º - Las disposiciones de esta ley se aplicarán a la

Administración Pública centralizada, desconcentrada y

descentralizada y a los órganos legislativo y judicial de la Ciudad de

Buenos Aires, en ejercicio de función administrativa; también a los

entes públicos no estatales en cuanto ejerzan potestades públicas

otorgadas por leyes de la Ciudad de Buenos Aires.

Cc: art. 1º, párrafo 1, LNPA.

1.1. Perspectiva funcionalista. Este primer artículo define el alcance material

de la ley, tomando por base la referencia a un concepto funcional (función

administrativa estatal). Supra (punto 4 de la introducción) hemos hecho un somero

comentario de anclar la definición a tal elemento. Agregamos ahora, coincidiendo con

Hutchinson (Procedimiento administrativo de la Provincia de Buenos Aires, Astrea,

Bs. As., 1995, p. 28), que la forma dispuesta es la que fija la mayor seguridad jurídica

para la relación administrativa.

Esta concepción del derecho administrativo desde una perspectiva sustancialista se

encuentra en oposición a la vieja consideración orgánica que entiende al derecho

administrativo confinado a la Administración Pública integrante, centralizada o

descentralizadamente, del Poder Ejecutivo.

Las consecuencias jurídicas de uno u otro punto de vista resultan obvias: la

perspectiva orgánica rechaza la posibilidad de que exista ejercicio de la función

administrativa fuera de su enclave natural del Poder Ejecutivo; la tesis objetiva, en

cambio, entiende la existencia de administración en cualquiera de los poderes u

órganos superiores del Estado, función o actividad a la cual es aplicable, por ende, el

ordenamiento jurídico administrativo (cfr. Grecco, “Impugnación judicial contra actos

administrativos del Poder Judicial”, LL, 1984 -I-142).

Es por ello que la norma no se restringe en su aplicación a la órbita del Ejecutivo,

sino que es abarcativa de todo órgano estatal, centralizado o descentralizado, y aun los

no estatales, a condición de que: a) esté dotado de potestad pública, y b) actúe en

ejercicio de la función administrativa. La excepción única resulta la materia

tributaria, para la cual rige en modo supletorio. En tal modalidad, su aplicación

deberá realizarse en forma supletoria a lo que se halle establecido en el Código Fiscal

de la Ciudad, habida cuenta de la especificidad de la materia tributaria.