El procedimiento administrativo. Personería

• Autor: Luis R. Carranza Torres
• Cargo del Autor: Abogado (U.N.C.). Docente universitario. Regular Member of The Supreme Court Historical Society (Washington, D.C.). Miembro del Col lectiu per la Investigació del Dret Pràctic (Valencia, España)
• Páginas: 89-95

Capítulo IV

Personería

51. ACTUACIÓN POR PODER Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Artículo 51 - La persona que se presente en las actuaciones

administrativas por un derecho o interés que no sea propio, aunque

le compete ejercerlo en virtud de representación legal, deberá

acompañar los documentos que acrediten la calidad invocada.

Cc.: art. 31, DRLNPA.

51.1. La representación administrativa. La representación en el procedimiento

administrativo puede ser: a) voluntaria, o b) necesaria. En el primero de los casos

surge de la propia voluntad del interesado, que delega en otra persona el ejercicio, en

su nombre, de sus pretenciones en el procedimiento. En el segundo, es la propia ley la

que la impone, por mediar una incapacidad.

51.2. Supuestos de representación legal necesaria. No debemos perder de

vista en este punto la distinción entre la capacidad para ser parte (capacidad de

derecho) y la capacidad para obrar (de hecho) como parte en el procedimiento.

La capacidad de actuación administrativa es mayor a la capacidad del derecho

civil. En materia de menores, el codificador, en su nota al art. 128, expresa que “la

incapacidad de los menores es limitada al derecho privado y no se extiende al derecho

público”. Esto es, porque su actuación en el procedimiento puede beneficiarlo antes que

perjudicarlo. El áleas sobre su persona y bienes carece de la relevancia que tiene en el

campo del derecho común.

Puntualizando respecto de las distintas situaciones (seguimos en esto, al igual que

en lo anteriormente expuesto respecto de los menores, a Hutchinson, Procedimiento...,

p. 73), comencemos por decir que los menores adultos gozan de plena capacidad

administrativa. Y respecto a los adultos incapaces e inhabilitados, cabe distinguir:

a) Sordomudos: en tanto pueda darse a entender por escrito, goza de plena

capacidad civil (art. 153, CC) y administrativa. De no darse tal circunstancia, no tiene

capacidad para actuar él mismo en el procedimiento, sino que debe hacerlo por medio

de un mandatario (Hutchinson, Gordillo). Concordamos con ello, atento a que la

declaración de incapacidad, de existir, alcanza sólo a los actos de su vida “civil”, más

no a la actividad como administrado. Además, tal incapacidad se funda en su

limitación comunicativa y no sobre sus aptitudes mentales.

b) Casos de inhabilidad del art. 152 bis del Código Civil: conservan, en tanto la

sentencia no contenga expresiones en contrario, plena capacidad administrativa, salvo

que la misma implicara alguna faceta dispositiva.

c) Dementes y maniáticos: en tanto no medie declaración judicial que los

incapacite, conservan su capacidad administrativa. De existir la misma, deberá

estarse a sus alcances, de singular importancia en los casos de manía parcial (art. 143,

CC), en los que puede conservar una capacidad remanente.

51.3. Alcance de la misma. En nada difieren los alcances de la representación en

la instancia administrativa de las reglas del mandato civil, por lo que admitida que

fuere la personería, el representante asume todas las responsabilidades que las leyes