El procedimiento administrativo. Prueba

• Autor: Luis R. Carranza Torres
• Cargo del Autor: Abogado (U.N.C.). Docente universitario. Regular Member of The Supreme Court Historical Society (Washington, D.C.). Miembro del Col lectiu per la Investigació del Dret Pràctic (Valencia, España)
• Páginas: 104-115

Capítulo VII

Prueba

66. DE LA PRUEBA

Artículo 66 - La Administración de oficio o a pedido de parte, podrá

disponer la producción de prueba respecto de los hechos invocados y

que fueren conducentes para la decisión, fija ndo el plazo para su

producción y su ampliación, si correspondiere. Se admitirán todos

los medios de prueba, salvo los que fueren manifiestamente

improcedentes, superfluos o meramente dilatorios. Serán de

aplicación supletoria las normas contenidas al respecto en el Código

Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos

Aires.

Cc.: arts. 46 y 53, DRLNPA.

66.1. Concepto de prueba administrativa. Probar en cuanto al trámite

administrativo, es la actividad desarrollada de modo participativo, por las partes y la

Administración, a fin de obtener los elementos de convicción respecto de los hechos,

que sitúen a esta última en condiciones de emitir resolución respecto del objeto por el

que se instruyó el trámite.

“Para gozar de un derecho acordado por el orden jurídico frente a la

Administración en sentido lato, el individuo —además de invocar la norma que lo

consagra— debe acreditar la efectiva presencia del fenómeno fáctico que invoca. Para

obtener este resultado acude a la ‘prueba’. Ésta no se confunde con el hecho que

sustenta el derecho particular o del Estado (y la consecuente obligación de la otra

parte), sino que se configura a través de otros hechos diversos” (Botassi,

Procedimiento..., p. 173).

Tales hechos resultan ser los medios de prueba (declaraciones de testigos, informes

técnicos, etc.) que serán objeto de análisis en los puntos sucesivos.

66.2. Importancia de la prueba administrativa. Un elemento del acto

administrativo es la causa, y su existencia se encuentra directamente relacionada con

el estudio de la prueba, ya que el acto debe encontrarse fundado en los hechos y

antecedentes, y si éstos se encuentran controvertidos, es necesaria la acreditación de la

certeza respecto de los mismos, es decir que se correspondan con la realidad.

Sin embargo, no sólo los hechos son materia de prueba sino también las

afirmaciones, es decir, todas las alegaciones que se efectúan y que necesiten

acreditarse en el expediente, a efectos de que no sea discutida su verdad y que no

implique una decisión o afirmación dogmática. A la Administración le interesa la

búsqueda de la verdad material, por lo que en esa búsqueda no puede obviar la prueba

ofrecida por los interesados o la necesaria para decidir el caso, pues el acto

administrativo debe contener una causa, y dentro de la misma se encuentran los

hechos y antecedentes para emitir la decisión (cfr. Aberastury - Cilurzo, Curso..., ps.

100 y 102).

Ante la presencia de hechos controvertidos, la Administración debe disponer la

apertura a prueba de las actuaciones una vez concretada la totalidad de las

manifestaciones de las partes, a los efectos de asegurar la legitimidad de su proceder