Prevención del Daño y Punición Excesiva

• Autor: Matilde Zavala De González
• Páginas: 94-164

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IV

PREVENCIÓN DEL DAÑO

Y PUNICIÓN EXCESIVA

Art. 1710. Deber de prevención del daño. Toda persona tiene el deber,

en cuanto dependa de ella, de:

a) evitar causar un daño no justificado;

b) adoptar, de buena fe y conforme a las circunstancias, las medidas

razonables para evitar que se produzca un daño, o disminuir su magnitud;

si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de un daño del cual un

tercero sería responsable, tiene derecho a que éste le reembolse el valor de los

gastos en que incurrió, conforme a las reglas del enriquecimiento sin causa;

c) no agravar el daño, si ya se produjo.

Concordancias

Arts. 9º a 11, 1032, 1708, 1711 a 1713, 1716 a 1720, 1722, 1725 a 1729,

1749 a 1751, 2238.

Antecedentes

Código anterior, arts. 1067, 1071; Proyecto 1992, arts. 1549, 1562; Proyecto

1993, arts. 1071, 1132; Proyecto 1998, arts. 1581, 1584, inc. a, 1585 y 1586.

1. Contenido de la norma

2. Carácter injustificado del daño

3. Posibilidades personales para prevenir

4. Sujetos pasivos de gestiones impeditivas

5. Potenciales dañadores

6. Terceros en condiciones de impedir daños

7. El poder preventivo como fundamento indemnizatorio

8. Múltiples responsables preventivos

9. Indebida restricción indemnizatoria al enriquecimiento

sin causa

10. Cargas preventivas de víctimas reales o potenciales

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1. CONTENIDO DE LA NORMA

El imperativo de no dañar (art. 19, Const. Nacional) y la coherente función

preventiva de la responsabilidad civil (art. 1708), se despliegan en deberes

puntuales de impedir perjuicios injustificados, a cargo de todas las personas en

condiciones para hacerlo.

El precepto comentado concreta ese deber en las siguientes conductas:

a) Evitar causar un daño.

b) Adoptar medidas razonables para evitar que se produzca o para que

disminuya un daño.

c) No agravarlo, si ya se produjo.

Si se atiende a la aptitud de una conducta como origen de un daño o de su

magnitud, los deberes de evitar la causación de un daño y de no agravarlo

podrían haberse insertado seguidamente. El sujeto es entonces autor o coautor

del perjuicio sobreviniente o del intensificado, por no enervar el peligro de que

surja o empeore (incs. a y c). Salvo matices atinentes a la existencia o al alcance

del efecto lesivo (causación del menoscabo o con una superior magnitud que la

preexistente), aquel es un potencial dañador, porque gobierna un peligro dentro

de algún ámbito de su incumbencia, y por eso garantiza que no genere

perjuicios.

Diversamente, en la hipótesis intermedia consignada en la norma, el origen

del riesgo no se refiere a quien debe adoptar medidas impeditivas, sino a otra

persona o a un fenómeno natural. Se presupone que el destinatario del deber

preventivo no ha creado el peligro, el cual reconoce una fuente ajena (inc. b).

Dentro de dicho enfoque, parecería incoherente que los deberes de evitar un

daño ajeno y de no agravarlo, se separen con la inserción de otro supuesto

distinto aunque emparentado: adoptar medidas razonables para impedir daños

que el sujeto no causó.

Ahora bien, se percibe la explicación racional de esa estructura de la norma,

a partir de la diversidad de sujetos pasivos alcanzados por cada hipótesis:

a) Un posible dañador, quien debe evitar dañar a otro o a intereses

colectivos, por causación originaria del menoscabo o de su intensificación.

b) Un tercero que no generó el peligro, pero que puede eliminarlo, desviarlo,

o atenuar sus efectos perjudiciales.

c) La propia víctima, quien no debe agravar el daño experimentado. Sólo que

entonces no puede hablarse de un deber jurídico —que necesariamente

presupone alteridad— sino de una carga como imperativo del propio interés,

cuyo incumplimiento genera efectos desfavorables, acotando el alcance de su

derecho indemnizatorio.

En definitiva, soportan un imperativo de prevenir daños todos los miembros

de la sociedad, pues se encuentran constreñidos: (i) a no dañar, (ii) a impedir

perjuicios de proveniencia ajena y (iii) de ser víctimas, a desplegar gestiones

para que los perjuicios sufridos no aumenten.

Al margen de resguardar intereses de dañadores y de víctimas, la

prevención trasciende positivamente en la sociedad sobre la que puede

repercutir el menoscabo.

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Lo expuesto es claro ante perjuicios a derechos de incidencia colectiva, pero

también ante los individuales que afectan la persona o el patrimonio de sujetos

determinados o determinables (art. 1737).

Procede insistir en que el daño injusto siempre representa un mal

comunitario; la reparación puede borrarlo o aminorarlo para la víctima —

incluso no siempre, pues hay detrimentos irreversibles como los generados por

muertes o por incapacidades no subsanables— pero trasladar la carga

resarcitoria hacia el responsable, en definitiva mantiene en la sociedad el valor

negativo anexo al desmedro1.

2. CARÁCTER INJUSTIFICADO DEL DAÑO

El precepto alude al deber de prevenir daños no justificados (art. 1710, inc.

a), lo cual debe interpretarse en el sentido de que la causación o la no evitación

de daños debe provenir de una conducta antijurídica.

La justificación o su ausencia se refiere al acto lesivo, según correctamente

se indica en los arts. 1717 y 1718. En cambio, debe calificarse como injusto el

daño causado por una conducta injustificada.

Diversamente, tanto en el precepto comentado como en el art. 1749, el

Código alude a un daño injustificado, lo cual debe entenderse como derivado de

un obrar sin justificación (según con acierto se especifica en el enunciado inicial

del art. 1718).

La observación es importante porque sólo hay un deber de evitar daños

derivados de actos ilícitos; no en cambio cuando estos son legítimos.

Además, aunque es injusto el menoscabo causado por una conducta

injustificada, aquel puede provenir también de un hecho lesivo justificado, que

los terceros no deben impedir; por ejemplo, un acto perjudicial realizado en

estado de necesidad.

Como regla, un obrar dañoso se reputa antijurídico excepto que medie una

causa de justificación (art. 1717).

De lo expuesto fluye que un sujeto no soporta el deber de abstenerse de dañar

si su actividad está amparada por algún motivo legitimante; como cuando

implica ejercicio regular de un derecho propio o la reacción defensiva contra

una agresión ilegítima.

A su vez, los terceros sólo soportan la carga de detener cursos causales

nocivos, si no están justificados por el ordenamiento jurídico. Nadie tiene

atribuciones, ni soporta deberes, para interferir en un regular ejercicio de

derechos, ni para coartar una conducta legítima, así afecte a otras personas.

En caso contrario, la actuación impeditiva es ilícita (e idónea para dañar a

quien procuraba actuar legítimamente). Aun cuando medie equivocación

excusable sobre el carácter del obrar evitado, considerado erróneamente como

antijurídico, puede surgir un deber indemnizatorio por el menoscabo

ilícitamente impedido, con fundamento en la equidad (art. 1750).

No basta una teórica causa de justificación cuando se transgreden sus

límites. Así, una actuación dañosa es injustificada si un derecho se ejerce con

abuso o exceso, o cuando el defensor reacciona contra una agresión ilegítima por