La libertad religiosa y su conflicto con otros derechos individuales

• Autor: Hernán Víctor Gullco
• Páginas: 211-235

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CAPÍTULO VIII

LA LIBERTAD RELIGIOSA Y SU CONFLICTO

CON OTROS DERECHOS INDIVIDUALES

1. Introducción

En los capítulos anteriores, he analizado los conf‌lictos entre el derecho a

la libertad religiosa (y de conciencia) y la autoridad estatal que, con mayor o

menor justif‌icativo, pretende regular aquel con el objetivo de proteger dere-

chos de terceros indeterminados.

En este capítulo, en cambio, examinaré el choque entre el primero de los

derechos mencionados y los derechos individuales de terceros, específ‌ica-

mente individualizados.

Como punto de partida en este análisis, corresponde resaltar que este

segundo tipo de conf‌lictos posee, en nuestro derecho, el mismo carácter

“constitucional” que el que se produce entre el individuo y el Estado, ya que,

desde antiguo, no han existido dudas acerca de que la Constitución Nacio-

nal también protege a los individuos contra actos de particulares407. En este

punto, nuestro sistema constitucional muestra una diferencia signif‌icativa

con otros ordenamien tos jurídicos (como el estadounidense y el canadiense,

por ejemplo) en los cuales los derechos de naturaleza constitucional otorgan

una protección limitada contra ataques que no provienen de las autoridades

estatales, ya que, en tales casos, no existiría la

state action

que requiere la

407 Cf. Corte Suprema de la Nación, caso “Kot” (

Fallos:

241:291 –1958–), en el

cual se reconoció que la acción de amparo también era procedente contra actos de

particulares. A partir de la reforma constitucional de 1994, el artícu lo 43 de la Ley

Fundamental establece expresamente que la acción de amparo también procederá

“contra todo acto u omisión (…)

de particulares

que en forma actual o inminente

lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad maniesta, dere-

chos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley”.

Hernán Víctor Gullco

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Enmienda 14 de la Constitución estadounidense408 para invocar la protección

de los tribunales409. Genaro Carrió explica claramente las diferencias centra-

les entre nuestra Constitución y la estadounidense respecto de esta cuestión:

“El plan civilizador de la Constitución [argentina] requería, ante todo, que todos los

habitantes del país, y no solo las autoridades, se convencieran de que los derechos

humanos deben ser inviolables, y que ajustaran su conducta a esa convicción. Que

todos los habitantes se persuadieran de que la era de la acción directa y violenta había

terminado, y que solo las autoridades, representantes directas o indirectas del pueblo,

podían legítimamente usar la fuerza, en los casos previstos por las leyes, para asumir la

defensa del orden creado por estas (…) En tales circunstancias, que los constituyentes

conocían a la perfección, de poco hubiera valido enunciar derechos y garantías que

solo signif‌icaran límites a la acción de los gobernantes. El individuo, solo e inerme,

enfrentaba, además de los posibles desbordes de estos, la permanente amenaza del

medio social, ineducado y hostil”410. El mismo autor señala que muy distinta era

la situación en los Estados Unidos ya al redactarse su Declaración de Dere-

chos y Garantías en 1791, puesto que en ese momento no existía en dicho

país la situación de violencia y anarquía que caracterizaba a la Argentina a

mediados del siglo XIX. Es por ello que la citada declaración estadounidense

fue hecha “para satisfacer las exigencias de los pobladores de los estados, que querían

que se establecieran límites precisos a la acción del gobierno central. Los habitantes

408 La Enmienda 14° (incorporada a la Constitución estadounidense en 1868) dice

así: “1. Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y someti-

das a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y de los Estados en que

residen.

Ningún Estado

podrá dictar ni dar efecto a cualquier ley que limite los

privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; tampoco podrá

Estado alguno privar a cualquier persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el

debido proceso legal; ni negar a cualquier persona que se encuentre dentro de sus

límites jurisdiccionales la protección de las leyes, igual para todos” (el énfasis ha

sido agregado).

409 Cf., entre muchos, Corte Suprema de los Estados Unidos, caso

Deshaney v.

Winnebago County Department of Social Services

, 489 U.S.189 (1989) y sus citas.

Para una reseña crítica de esa jurisprudencia, ver el artícu lo de Wilson R. Huhn,

“The State Action Doctrine and the Principle of Democratic Choice”,

Hofstra Law

Review,

volumen 34:1379. En el caso

Hill v. Church of Scientology of Toronto

[1995]

2 S.C.R.1130, se encuentra una doctrina similar desarrollada por la Suprema Corte

de Canadá. En la jurisprudencia estadounidense, se ha desarrollado una excepción

al principio señalado precedentemente en algunos supuestos en que la actividad

privada es equiparada a la estatal, cuando aquella se encuentra subsidiada con fon-

dos públicos (cf. sentencia de la Corte Suprema estadounidense en el caso

Burton v.

Wilmington Parking Authority

, 365 U.S.715 –1961–). Esta cuestión aparece en otros

casos que se examinarán en este capítulo.

410 “Recurso de Amparo y Técnica Judicial (Análisis crítico del caso ‘Kot’)”, Abeledo-

Perrot, Buenos Aires, 1959, pp. 101/102.