La garantía de juicio previo

• Autor: José I. Cafferata Nores
• Cargo del Autor: Doctor en Derecho y Ciencias Sociales
• Páginas: 12-17

IV. LA GARANTÍA DE JUICIO PREVIO

Demás está decir que como condición básica para que el Ciberjuicio satisfaga

la garantía de juicio previo, es indispensable una ley en sentido formal, emanada

del Poder Legislativo que en cada jurisdicción política sea el competente para

dictarla, al menos para la regulación de debates penales no presenciales (o sea,

ciberdebate) mediante el uso de herramientas informáticas tecnológicamente aptas

para su desarrollo a distancia.

1. “El procedimiento previo exigido por la Constitución no es cualquier

proceso que puedan establecer a su arbitrio las autoridades públicas competentes

para llevarlo a cabo. Al contrario, se debe tratar de un procedimiento jurídico,

esto es, reglado por ley que defina los actos que lo componen, y el orden en que

se deben llevar a cabo. Eso implica la necesidad de una ley del Estado que lo

establezca y el deber de los órganos legislativos competentes de dictar la ley

adecuada para llevarlo a cabo, que organice la Administración de Justicia Penal

(Ley de Organización Judicial) y que establezca el procedimiento penal que los

órganos públicos de persecución y de decisión deberán observar para cumplir su

cometido”23. Estos actos, “están disciplinados singular y colectivamente por el

Derecho Procesal: éste prescribe las formas que se deben observar en la ejecución

de cada uno de ellos y el orden de proceder, o sea, una especie de programa o

método de actuación. En este sentido, sin duda, los actos procesales son jurídicos,

puestos que están previstos, definidos y coordinados por el Derecho. Este régimen

de legalidad, según ya vimos, constituye una garantía de justicia en cuanto

asegura la inalterabilidad de la forma sustancial del proceso. La ley traza un

camino procesal uniforme”24.

Lo expuesto precedentemente resulta de interés frente a distintas resoluciones

de Tribunales dotados de la máxima atribución de superintendencia, que frente a

la obligatoriedad del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio —ASPO—

(DNU 260/20,297/20, y art 1.5 de la posterior ley provincial 1.708 25) y del

Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio —DISPO— (DNU 667/20), han

procurado, prudentemente hasta ahora a nuestro entender26, soluciones

23 MAIER, Julio, Derecho procesal penal, t. I, p. 489. Se trata del legismo procesal, agrega este autor, t. II, ob.cit., p.152,

nota 365, recordando esta insuperable expresión de Rudolf Von Ihering.

24 VÉLEZ MARICONDE, Alfredo, Derecho procesal penal, t. II, p. 116.

25 No es éste el lugar para plantear nuestras dudas sobre si los DNU de la Pandemia versan sobre materia penal (lo que está

prohibido por el art. 99, inc. 3, CN) ni tampoco para analizar las consecuencias jurídicas de la superposición de normas

emanadas de diversas jurisdicciones, que sancionan las mismas conductas, pero reprimidas, como en la Provincia de

Córdoba, en la ley provincial posterior sólo con pena de multa (arts. 1º, 5º, ley 10.702), y su posible aplicación retroactiva

por ser más benigna.

26 Es que frente al dilema que plantea la Pandemia, entre no prestar ningún servicio de justicia o intentar brindar uno de

“emergencia” mediante el uso de facultades de Superintendencia y aprovechando la tecnología “a distancia” disponible,

parece razonable inclinarse por esta segunda opción, tratando de minimizar responsablemente las desventajas que se le

atribuyen (Ver nota nº 111). Muchos de los críticos del juicio digital “solucionan” este dilema argumentando —a veces con

ejemplos reales— que, incluso en la actualidad, los debates orales pueden realizarse fácilmente de modo presencial, con los

debidos resguardos del contagio, lo que si bien nos parece una deseable propuesta, su generalización se presenta al menos

como opinable. Por cierto que conocemos que muchos debates presenciales afortunadamente se están llevando a cabo, lo

que no implica que todos puedan hacerse de ese modo: es para estos últimos que se ha pensado como solución excepcional

el juicio digital. Ver también lo que decimos en el Nº VIII notas Nº 109 y 110. La jurisprudencia de los tribunales

provinciales cordobeses ha justificado —implícitamente— la implementación del Ciberjuicio mediante acordadas de

superintendencia “para posibilitar la administración de justicia frente a las restricciones de circulación, reunión y

contacto interpersonal dispuestas, tanto a nivel nacional como provincial, como medidas preventivas frente a la actual