Sobre la garantía de ejecución. Testimonios de operadores penitenciarios

• Autor: Felipe Lamas y Lucas Rudolfi
• Páginas: 313-333

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Introducción

Este trabajo de investigación fue posible gracias a un gran esfuerzo de

equipo que para nosotros resultó realmente enriquecedor. Entre 2016 y 2017

realizamos múltiples entrevistas en las que pudimos conversar con diversos

operadores del universo carcelario –desde jefes del Servicio Penitenciario hasta

coordinadores de programas de educación en cárceles–, entre los cuales pode-

mos encontrar a quienes ocupan o han ocupado los siguientes cargos: jefe del

Servicio Penitenciario Bonaerense (Florencia Piermarini); director de unidad

del Servicio Penitenciario Federal (quien solicitó resguardar su identidad1);

director del Sistema Nacional sobre Estadísticas de Ejecución Penal (Hernán

Olaeta); scal ad hoc de la Unidad Fiscal de Ejecución Penal –UFEP– (Gustavo

Plat); scal ad hoc de la Procuraduría de Violencia Institucional –PROCUVIN–

(Fernando Vallone); subsecretario de Política Criminal de la provincia de Buenos

Aires (César Albarracín); integrante del equipo permanente del Registro Nacio-

nal de Casos de Tortura y/o Malos Tratos (Ana Laura López); y coordinadora del

Programa de Educación en Cárceles

Reverdecer

2 (María Marta Bunge).

I. La garantía olvidada.

Apatía de la academia y del control judicial

Quizás el título del presente trabajo, en lugar de versar sobre la

garantía de

ejecución

, podría hacer mención, más bien, a “los graves costos de su ausencia”

1 Ocupó el cargo de director en diversas unidades, tales como el complejo Ezeiza de

máxima seguridad (durante el transcurso de la entrevista nos solicitó que su nombre no

fuera publicado en este trabajo).

2 Este programa nació en el marco de la Facultad de Agronomía de la UBA.

Sobre la garantía de ejecución.

Testimonios de operadores penitenciarios

Felipe Lamas y Lucas Rudolf

Superpoblación carcelaria. Dilemas y alternativas

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(ausencia de una garantía que nació abandonada y así se quedó). De todos

modos, nos pareció más que justo homenajear a este

principio de principios

con

el título inicial. Decimos que nació en el abandono, pero en rigor fuimos noso-

tros los que abandonamos esta garantía. Porque somos nosotros, desde la

universidad y los tribunales, quienes elegimos discutir sobre abstracciones y

dejar fuera de nuestros debates la operatividad real de los derechos: elegimos

continuar una lógica de premios y castigos académicos en la que se aplaudi-

rá cualquier intento por complejizar un argumento –por más estéril que el

debate sea– hasta que adquiera, en apariencia, la sosticación y dureza de una

ciencia inmersos entre dogmatismo teórico y expedientes; dentro del derecho

penal, , al parecer se nos olvidó que aún no logramos garantizar ni la vida ni la

integridad de los detenidos.

Existe una inmensa cción, o tal vez hipocresía, detrás de nuestros ambi-

ciosos escritos tanto académicos como judiciales en materia penal: continua-

mos repitiendo compulsivamente principios dogmáticos –como el mentado

principio de legalidad–, aunque la práctica deje en claro que estamos lejos

de volverlos operativos (el control judicial de legalidad sobre los castigos y

malos tratos impuestos intramuros3 resulta prácticamente inexistente4: una

vez impuesta la pena legal, el operador judicial se desentiende de las efec-

tivas condiciones en las que se aplica esa pena que él mismo decidió). En los

textos académicos y las sentencias judiciales, nos contentamos con describir

cciones jurídicas que poco tienen que ver con lo que ocurre en las cárceles.

Como buenos positivistas, estudiosos de nuestra ley penal, procesal penal

o de ejecución penal, solo eso es lo que nos preocupa: la ley. Nos entretenemos

debatiendo sobre normas que exigen la reinserción social y todo tipo de idi-

lios jurídicos, mientras el Estado no puede garantizar ni la dignidad más

elemental durante la detención. Difícilmente logremos conquista alguna, sin

antes ir por la dignidad; en este sentido se expresó nuestra Corte en distintos

precedentes5, pero al parecer poco sigue importando.

Judicialización y apatía

Pareciera que a los funcionarios judiciales no nos interesa vernos a noso-

tros mismos. En este sentido, se expresan la ex jefa del Servicio Penitenciario

Bonaerense y la integrante del equipo permanente del Registro Nacional de

Casos de Tortura y/o Malos Tratos:

3 En ocasiones, los castigos o represalias se producen en forma de

comisión por omisión

por parte del servicio de control (véase esto con mayor profundidad en el apartado

V.

, sobre

violencia entre detenidos).

4

Cfr.

Alberto Bovino,

Problemas del derecho procesal penal contemporáneo

(Buenos Aires:

Del Puerto, 2006), 76.

5 CSJN “Gutiérrez”, 19/02/15; “Badín”, 19/10/95.