Prólogo

• Autor: María Cristina Giuntoli
• Páginas: 7-8

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MOBBING Y OTRAS VIOLENCIAS EN EL ÁMBITO LABORAL

PRÓLOGO

Es gratificante la posibilidad de presentar este trabajo de la Dra. María

Cristina Giuntoli.

Digo esto no sólo por el valor intrínseco de la obra, sino por lo que ella

representa como símbolo de la trascendencia del compromiso con la función

pública y de la valentía y la constancia de su autora.

Nadie mejor que ella, dada su experiencia, para reflejar en estas páginas la

importancia y los inhumanos efectos del acoso moral, así como la necesidad de

regularlo y prevenirlo.

La obra refleja el creciente interés, y la consecuente evolución del derecho,

respecto de un problema cuyas modalidades y perniciosos efectos han pasado a

concitar la atención no sólo de las víctimas y de las organizaciones de la sociedad

civil, sino de académicos, legisladores y tribunales.

En el caso particular de la corrupción en la administración pública, pese a las

obligaciones emergentes de la Convención de las Naciones Unidas contra la

Corrupción que ha sido ratificada recientemente por nuestro país, que exige la

necesaria protección de los que el derecho anglosajón denomina whistleblowers,

y que tal convención define como denunciantes de buena fe y testigos de hechos

de corrupción, los proyectos sobre la materia hibernan en los cajones de los

funcionarios ministeriales, tal como ocurre con el proyecto que, luego de un

intenso debate con expertos, promovimos desde la Oficina Anticorrupción, el que

apuntaba a una rápida acción preventiva y protectoria de la situación de aquellos

empleados y funcionarios que denunciaran hechos de corrupción.

Es grave que, pese a la consagración normativa del deber, que desde siempre

el derecho impone a los funcionarios públicos, de denunciar aquellos delitos de

los que tomen conocimiento durante el ejercicio de sus funciones, el Estado

argentino no contemple ningún tipo de protección para aquellos que lo cumplan.

De hecho, en los años en que tuve la responsabilidad de conducir la Dirección de

Investigaciones de la Oficina Anticorrupción, como ahora en la Fiscalía de

Investigaciones Administrativas, la protección que hemos podido brindar contra

las represalias hacia funcionarios en estas circunstancias ha sido casi nula,

cuestión que estamos tratando de revertir a partir del convenio celebrado entre la

FIA e Instituciones sin Violencia que la autora menciona.