• Revista Aequitas

Editorial:
Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador
Fecha publicación:
2018-10-19

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  • Nota editorial
  • Dinámica política y producción normativa en torno a las políticas de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, 1997-2015

    Una de las características centrales de la evolución de las políticas de seguridad bonaerenses en el período 1997-2015 ha sido su crónica inestabilidad. Sostendremos tres conclusiones generales acerca del período, afincadas en la relación existente entre derecho y política en el campo de los asuntos policiales: a) las reformas de la policía se caracterizaron por una gran producción normativa; b) las contrarreformas no intentaron desmontar el andamiaje jurídico de las reformas, sino que gestionaron sus cambios radicales de política eludiendo los imperativos jurídicos derivados del nuevo marco legal reformista; y c) la jerarquía de las normas no siempre estuvo vinculada coherentemente con la radicalidad de los cambios (p. ej., en el caso de las UPL, una resolución ministerial dispuso el incremento de efectivos más importante, en términos cuantitativos, del que se tenga memoria desde el retorno de la democracia). Como conclusión general, hemos procurado sumar evidencia y argumentos a una hipótesis compartida por los autores del campo: la producción normativa debe comprenderse al calor de la coyuntura política de su producción. Con el objeto de ilustrar estas afirmaciones, el artículo resume parte de los hallazgos de una investigación realizada en el bienio 2015-2016 en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador, a partir de la elección de cinco momentos significativos y en el transcurso del largo período reseñado en el título del artículo: 1) la primera reforma del sistema de seguridad (1997-1999); 2) la contrarreforma de 1999-2001; 3) la segunda reforma del sistema de seguridad (2004-2007); 4) los cambios introducidos en los primeros años del gobierno de Scioli (2007-2011); y 5) la creación de los CPC y las Policías Locales (2014-2015).

  • Sistemas electorales

    Hoy en día los sistemas democráticos se sustentan en los partidos políticos, por lo que una democracia estable requiere de partidos políticos fuertes y consolidados. Y si bien los sistemas de pluralidad/mayoría tienden a lograr sistemas con un número de partidos políticos reducido y por ende más fuertes, que el sistema proporcional que al dispersar los votos parecería tender a la fragmentación de partidos, los sistemas proporcionales tienden a solucionar este problema mediante la introducción de un mínimo de votos para poder participar en la distribución de las bancas.

  • Libertad de expresión y sanción administrativa. Funcionarios, jueces y el uso de las redes sociales

    En el presente trabajo se examina cuál es el alcance que debe darse al derecho fundamental de libre expresión en el contexto del empleo público. En particular, se analizan cuáles son los estándares y requisitos constitucionales que condicionan el ejercicio de la potestad sancionatoria en el plano administrativo por el uso inadecuado de las redes sociales en el caso de empleados estatales en general, y de los jueces en particular.

  • Reducción de las pérdidas de alimentos en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas

    Reducir la pérdida de alimentos y el desperdicio puede generar una triple victoria: para la economía, para la seguridad alimentaria y para el medio ambiente. Pero, ¿por qué los países, las ciudades y las empresas no están ya aplicando la pérdida de alimentos y la reducción de residuos a una escala suficiente? Las entrevistas con los responsables de la toma de decisiones del sector público y privado indican que una de las razones es que muchos líderes pueden no ser conscientes -o no creer- de que hay un sólido "caso de negocios" para reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos. Por ejemplo, los costos asociados de pérdida de alimentos y residuos pueden ser enterrados en presupuestos operativos, aceptados como el "costo de hacer negocios", o considerar que no vale la pena la inversión necesaria para lograr reducciones.

  • Patentes en biotecnología y su relación con el derecho a la vida
  • Derecho Civil. Familia
  • La perseverancia y la estudiosidad en el estudiante de abogacía

    La carrera de abogacía requiere del estudiante mucha atención y tiempo. No solo implica conocer leyes y vastos artículos legales, sino también entender los fundamentos de la existencia de esos derechos, su contexto, el deber ser del derecho y del proceso, cómo aplicarlo y aprehender a analizar el derecho para evitar ser un mero aplicador de artículos. Ser abogado es parte de un desafío de superioridad constante; es una carrera que difícilmente tenga un tope. Mientras uno se pueda seguir perfeccionando y las leyes vayan adaptándose a la época que atraviesan será de utilidad, y también una necesidad, seguir estudiando. La perseverancia debe estar incorporada entre los principios de cada estudiante y ser tenida en cuenta ante las dificultades que se presenten a lo largo de la carrera.

  • Inmunidad de jurisdicción de los Estados. Caso 'ARA Libertad'

    La jurisdicción de una nación en su territorio es exclusiva y absoluta. No es susceptible de limitación que no fuese impuesta por ella misma. Cualquier restricción que genere invalidación implicaría una disminución de su soberanía.

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    La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha asumido un relevante rol respecto a la protección de los consumidores y usuarios y a su acceso a la justicia. En cuanto a la relación entre los consumidores y los bancos, los datos oficiales muestran que el sector bancario es el que más reclamos recibe en acciones de defensa del consumidor en la Ciudad de Buenos Aires. En este artículo se comenta el fallo "PADEC", acción colectiva en la cual la CSJN consideró no escritas las cláusulas abusivas de contratos bancarios de caja de ahorro que imponían al cliente un “cargo por mantenimiento de cuenta” que consumía no solo la tasa de interés, sino también el capital. Se selecciona este fallo porque mediante él la Corte reconoció una tutela especial al consumidor bancario para casos futuros. Cierra el artículo una reflexión sobre el avance de las tecnologías en los contratos de consumo y los desafíos que esta realidad planteará para la defensa del consumidor.

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