Acto administrativo

• Autor: Eduardo Ávalos - Alfonso Buteler - Leonardo Massimino
• Cargo del Autor: Abogado y Doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba - Abogado y Doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba - Abogado y Doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba
• Páginas: 145-171

CAPITULO VII

ACTO ADMINISTRATIVO

I. DEFINICIÓN

Como vimos en otra parte de esta obra (capítulo VI) en el desenvolvimiento de

su actividad administrativa, el Estado dicta decisiones que producen efectos jurí-

dicos individuales y concretos que se denominan actos administrativos y que sur-

ten efectos desde que son notificados al destinatario.

La noción de acto administrativo ha dado lugar a mucho debate doctrinario por

la disparidad de enfoques pero, en general, existe cierta uniformidad en definirlo

como toda declaración de voluntad, dictada en ejercicio de función administrativa

que produce efectos jurídicos individuales.

Es una declaración mediante la cual se manifiesta la voluntad o se exterioriza

un juicio de valor u opinión o una simple constatación de hechos1.

Dijimos que es dictada en ejercicio de función administrativa. Ya hemos concep-

tualizado a la función administrativa en el capítulo I subrayando que la misma tiene

lugar en las tres esferas estatales y aún fuera del Estado, como por ejemplo, en el caso

de las personas jurídicas públicas no estatales (V.gr. colegios profesionales).

El efecto jurídico, que repetimos se dispara desde la notificación del acto es

individual y concreto. Esto lo diferencia del reglamento que tiene efectos genera-

les abstractos y del contrato administrativo que produce efectos entre las partes.

1 Cfr. COMADIRA, Julio R., Procedimientos administrativos, t. I, La Ley, Buenos Aires, 2002, p. 183.

146 EDUARDO ÁVALOS - ALFONSO BUTELER - LEONARDO MASSIMINO

II. CARACTERES

1. Presunción de legitimidad

Como se sabe, una de las características que se le atribuye al acto administra-

tivo es su presunción de legitimidad2, cuyo origen debe remontarse al derecho

francés3. Se trata de una presunción iuris tantum de que el acto ha sido dictado

de conformidad al ordenamiento jurídico, que se mantiene mientras el acto no sea

declarado nulo por la administración pública o por el Poder Judicial.

Es importante poner de resalto que, según nuestra opinión, no se trata de una

cualidad ínsita en la noción del acto ni que tenga sustento constitucional sino que

es el producto de una decisión legislativa que decide plasmarla en el ordenamien-

to jurídico de un Estado.

Sentado ello y teniendo en cuenta su consagración legislativa en el art. 12 de

la LNPA, debemos preguntarnos si todos los actos deben presumirse legítimos. Un

sector de la doctrina considera que el acto que porta una nulidad manifiesta con-

tinúa presumiéndose legítimo4 mientras no se declare formalmente su invalidez5,

mientras que otros entienden que el acto administrativo viciado de manera osten-

sible carece de dicha presunción6 dado que “lo contrario importaría una actitud

absurda, inconcebible en un jurista, quien no puede ´presumir´ la perfección de un

acto cuya invalidez surja a la vista”7.

En esta última tesitura se ha pronunciado la Corte en la causa “Pustelnik”, al

sostener que la “presunción de legitimidad de los actos administrativos no

puede siquiera constituirse frente a supuestos de actos que adolecen de una

invalidez evidente y manifiesta”8.

2 En contra de la existencia de la presunción de legitimidad del acto administrativo se ha pronunciado

Augusto DURÁN MARTÍNEZ desde el derecho uruguayo (vid., “La presunción de legitimidad del acto

administrativo. Un mito innecesario y pernicioso”, Revista de Derecho, Universidad Católica de

Uruguay, 2007, ps. 119 y ss.)

3 Cfr. SANTOS RODRÍGUEZ, Jorge Enrique, Construcción doctrinaria de la revocación del acto adminis-

trativo ilegal, Universidad externado de Colombia, Bogotá, 2005, p. 155.

4 Cfr. HUTCHINSON, Tomás, Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, ley 19.549, comentada,

anotada y concordada con las normas provinciales, t. I, 1ª reimp. corregida, Astrea, Buenos Aires,

1987, p. 307; SAMMARTINO, Patricio M.E., Principios constitucionales del amparo administrativo. El

contencioso constitucional administrativo urgente, 1ª ed., Lexis-Nexis - Abeledo-Perrot, Buenos

Aires, 2003, p. 54; SESIN, Domingo J., “El acto administrativo en la legislación y la jurisprudencia de

Córdoba: nulidades y vicios”, en A.A.V.V., Acto administrativo y reglamento, Jornadas organizadas

por la Universidad Austral, Facultad de Derecho, RAP, Buenos Aires, 2002, p. 242.

5 Cfr. SÁNCHEZ MORÓN, Miguel, Derecho administrativo, 3ª ed., Tecnos, Madrid, 2007, ps. 532 y 545.

6 CASSAGNE, Juan C., “Efectos de la interposición de los recursos y la suspensión de los actos adminis-

trativos”, ED, 15:995; VALLEFIN, Carlos A., Protección cautelar frente al Estado, Lexis Nexis, Buenos

Aires, 2002, p. 58; DROMI, Roberto, Derecho administrativo, t. I, Astrea, Buenos Aires, 1992, p. 228.

7 Cfr. MARIENHOFF, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, t. II, 5ª ed. actualizada, reimpr.,

Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2000, p. 483.

8 Fallos, 293:133, “Pustelnik” (1975).