Una propuesta realista de reforma para las prisiones en América Latina
| Autor | Roger Matthews |
| Cargo del Autor | Universidad de Kent, Reino Unido de Gran Bretaña |
| Páginas | 93-132 |
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Una propuesta realista de reforma
para las prisiones en América Latina1
Roger Matthews
Universidad de Kent, Reino Unido de Gran Bretaña
1) Una breve referencia al sistema penitenciario
latinoamericano
El sistema penitenciario moderno fue introducido en gran parte de
los países iberoamericanos entre la segunda mitad del siglo XIX y primera
mitad del siglo XX. Este período comenzó cuando en 1834 Brasil y Chile
iniciaron los primeros proyectos de construcción de cárceles, y nali-
zó en 1939 con la incorporación de Cuba a los sistemas penitenciarios
modernos.
Algunas prisiones, como las construidas en Lima (1862) y Quito
(1875) se diseñaron conforme al modelo panóptico de Jeremy Bentham.
Otros centros penitenciarios, como la Penitenciaría de Buenos Aires
(1877), adoptaron el sistema radial, diseño que dominaría posteriormente
los sistemas penitenciarios latinoamericanos (Salvatore y Aguirre, 1996).
La prisión fue una de las principales manifestaciones de la moderni-
zación del castigo. Constituyó en Europa y Estados Unidos una de las
formas del sistema de disciplina requeridos por el capitalismo industrial,
ofreciendo una idea novedosa a la clase dirigente para resolver los con-
ictos surgidos de la nueva realidad social emergente, especialmente, en
las ciudades (Foucault, 1997, Rusche y Kircheimer, 2003). Sin embargo, la
disciplina del trabajo, como idea central de los sistemas penitenciarios mo-
dernos no tuvo tanta relevancia en los países latinoamericanos en el siglo
XIX debido a que en ese período sus economías eran esencialmente rurales.
Al ser menos relevante esta función disciplinaria requerida en las grandes
urbes, el nuevo modelo penitenciario fue visto como inadecuado. Por esta
razón, los nuevos centros penitenciarios fueron destinados en sus inicios
a lugares de connamien to y detención, más que centros de reforma y
rehabilitación.
1 Primera traducción realizada por José Ángel Fernández Cruz, profesor de Derecho Penal
de la Universidad Austral de Chile y Marisela Velázquez, doctoranda en Criminología de la
Universidad de Kent, Reino Unido. Publicado en Revista “Política Criminal”, vol.6, nº12,
Santiago de Chile, diciembre de 2011.
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Guiados por el positivismo ideológico del siglo XIX, el reformismo pe-
nitenciario intentó identicar las distintas tipologías criminales, donde la
principal estrategia de tratamien to fue, en primer lugar, el aislamien to (en
silencio) del preso para así favorecer la autorreexión y, en menor medida,
el trabajo y la educación. Mientras que en el siglo XX los esfuerzos para de-
sarrollar los aspectos disciplinarios y reformistas de la prisión continuaron
en países como México y Costa Rica, en el resto de los países latinoa-
mericanos la adopción de técnicas penitenciarias concurrió al lado del
castigo corporal y de la pena de muerte, incluyéndose manifestaciones de
la justicia privada. Debido a este especial contexto histórico y social, la
introducción de la prisión en América Latina ha sido calicada como
una forma de “modernización tradicional”, donde más que ser una
transformación respecto de las ideas del antiguo sistema penitenciario, las
rediseñó y consolidó.
Los países con un sistema de justicia inquisitorial tienen la tendencia
de convertir las prisiones en instituciones destinadas a cobijar a los proce-
sados a la espera de juicio. Por esta razón, una gran parte de la población
penitenciaria en América Latina se encontraba en prisión preventiva.
De esta manera, en vez de estar destinados a “castigar el tiempo disci-
plinado”, como sucedió en Europa y Estados Unidos, gran parte de los
establecimien tos penitenciarios en América Latina estuvieron destinados
a la incapacitación y contención de los “presuntos delincuentes”. Como
consecuencia de esta situación, ha existido un menor énfasis respecto de
la rehabilitación a lo largo de la historia y, a la vez, se ha generado una
extendida desilusión acerca de la potencialidad de la prisión en América
Latina como medio tanto para la resocialización del delincuente como para
el aumento de la seguridad pública.
América Latina no pasó por la era del capitalismo industrial, lo que
supuso que no se aplicara el sistema fordista de producción y el posterior
desarrollo del capitalismo social. El denominado Estado social introdujo
en la mayoría de los países europeos y en Estados Unidos, lo que ha sido
denido como la “sanción del bienestar” que supuso la aplicación de un
mayor número de sanciones fundamentadas en la “inserción en la comu-
nidad” (Garland, 1985; Donzelot, 1979).
Así, gran parte del siglo XX estuvo caracterizado por la combinación
de castigos de “inserción” y “exclusión”, concretados por sanciones comu-
nitarias y la prisión, respectivamente. La relativa ausencia en la historia
penitenciaria latinoamericana de sanciones comunitarias conllevó a un
crecimien to de las prisiones como un medio de “inoculización”, a pesar de
que en muchos países “desarrollados” esta medida de control social era ya
fuertemente cuestionada.
La peculiar historia del sistema penitenciario latinoamericano consti-
tuye uno de los mejores ejemplos para recordar que cualquier discusión
relativa a la reforma penitenciaria debe encuadrarse dentro del contexto
social e histórico de cada país latinoamericano, más que mimetizar siste-
mas y estudios procedentes de países desarrollados.
Roger Matthews
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2) La política penitenciaria
Se suele armar que la prisión no da votos. Los partidos políticos, de
manera muy extendida, entienden que la prisión constituye un asunto
de un precario rédito político. Por el contario, la educación y la salud son
vistas como cuestiones de mayor interés a la hora de llevarlas al terreno de
las campañas políticas.
Sin embargo, existe un creciente consenso en que cuestiones como el
respeto de los derechos fundamentales, la seguridad jurídica y la ecacia
de las prisiones tienen efectos, no solo en la población penitenciaria, sino
también en la propia comunidad e imagen exterior del país así como en
la de sus líderes políticos. Los gobiernos que permiten abusos y no ponen
freno a la violación de derechos humanos son percibidos como débiles.
La imposibilidad de administrar adecuadamente y de manera profesional
un sistema penitenciario es apreciada, tanto en el ámbito nacional como
internacional, como un claro signo de una mala administración pública.
Esta situación, como hemos mencionado, afecta a la imagen pública ante
la comunidad internacional.
Numerosos estudios realizados en países occidentales muestran que la
ciudadanía en general se muestra a favor tanto del castigo a los criminales
como de su rehabilitación. Expresan su desacuerdo con el cumplimien to
de penas de prisión cuando la amenaza a la comunidad ha desaparecido.
Ahora bien, debemos tener presente que prácticamente la totalidad de
los presos, cumplida sus respectivas penas, regresará a los mismos barrios
marginales de origen. Estas poblaciones son áreas con una alta tasa de
criminalidad y, además, deben lidiar con graves problemas sociales. Por
esta razón, la llegada de miles de presos, los cuales han sufrido graves
experiencias en la cárcel, como consecuencia de una determinada política
penitenciaria, y que regresan con menos posibilidades económicas que con
las que ingresaron en prisión, solo conlleva una carga adicional a estas
comunidades de por sí desfavorecidas socialmente.
La problemática de la reinserción de los presos en sus comunidades de
origen ha supuesto un importante obstácu lo para afrontar una reforma en
la política penitenciaria. Por ende, la opción política que pueda ofrecer
una política penitenciara más efectiva y, a la vez, más respetuosa con los
derechos humanos estará en condiciones de aglutinar un mayor número de
votos y un mayor apoyo de la comunidad y de los agentes sociales. La
política penitenciaria latinoamericana, no cabe duda, es una cuestión
complicada desde el punto de vista estrictamente partidista, ya que una
determinada reforma que tenga visos de ser ecaz, puede ser calicada
tanto de progresista como de autoritaria.
Podría sostenerse que un sistema penitenciario brutal y represivo es una
señal de la fortaleza de un determinado gobierno y, que por el contrario,
una mejora en las condiciones de los presos constituye una muestra de
debilidad en la lucha contra la criminalidad, pero, de hecho, lo contrario es
lo correcto. Una administración penitenciaria defectuosa no causa buena
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