Los ejes de comparación: los sistemas penales de Inglaterra y Francia

• Autor: Edmundo S. Hendler
• Páginas: 45-79

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II.

Los ejes de comparación: los sistemas penales

de Inglaterra y Francia

1. El sistema inglés en perspectiva histórica

En su origen histórico, el Derecho Penal inglés clasicaba los

delitos en tres clases: los de mayor gravedad o felonías (felonies),

los de menor gravedad (misdemeanors) y, como una subclase de los

primeros, los hechos de traición (treason), categoría esta última

que suponía una suerte de alzamiento contra el monarca, pero que

se hizo extensiva a hechos muy diversos. El distingo entre simples

felonías y traiciones tenía una explicación fácil de entender: las

propiedades de quien fuera declarado culpable de traición eran

entregadas al rey mientras que las de los culpables de felonías que-

daban a favor del señor feudal. Desaparecidas las expropiaciones el

distingo se mantuvo durante algún tiempo.

En la actualidad han desaparecido las tres categorías. Los delitos

se clasican según corresponda un juzgamiento llamado sumario

ante los tribunales de magistrados o jueces de paz o bien con una

acusación formal llamada indictment ante los tribunales de la Coro-

na. La clasicación conduce a distinguir: 1) delitos que deben ser

juzgados exclusivamente en trámite sumario que son, por supues-

to, los de mínima gravedad; 2) delitos que pueden ser juzgados en

procedimiento sumario pero en los que el acusado tiene derecho al

juicio formal con jurado ante el tribunal de la corona que, en prin-

cipio, son aquellos en que puede imponerse más de tres meses de

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prisión; 3) delitos para los que es posible uno u otro trámite a op-

ción del acusador sujeta al criterio del tribunal; y 4) delitos en que

corresponde el juicio formal pero que, a opción del acusado pueden

ser juzgados sumariamente. Estos últimos son los más numerosos.

Pero si una característica puede decirse peculiar del derecho

penal sustantivo inglés, se trata de la ausencia de toda codicación

de la materia. Aunque hoy en día el derecho legislado ha sustituido

en gran parte las disposiciones provenientes del derecho común

de fuente jurisprudencial, la sistematización por vía de un código

único sigue siendo una aspiración futura. En lo que sí puede enten-

derse superada la diferencia con los países de sistemas legislados

es en la aplicación del principio de legalidad prescindiendo de la

alternativa de creación de nuevos delitos por vía jurisprudencial.

Esta última cuestión proviene de la atribución que, durante

siglos, ejercieron los jueces ingleses de suplir la actividad del par-

lamento, cuyas reuniones eran consideradas esporádicas y por con-

siguiente tardías, por vía de interpretaciones creativas. De todos

modos, la doctrina del respeto a los precedentes, notablemente

arraigada en el entorno jurídico británico, permitió que se procla-

mase desde tiempos antiguos el principio de legalidad, entendién-

dolo referido a la existencia de reglas inamovibles provenientes de

precedentes inmemoriales o de criterios largamente asentados en

la jurisprudencia. El conicto, nalmente, entre la atribución de los

jueces y el principio de legalidad, debió ser zanjado en la segunda

mitad del siglo XX. En el caso suscitado en 1961 con la publicación

de una guía de prostitutas que los tribunales castigaron como deli-

to de “conspiración para corromper la moral pública” se proclamó

todavía la existencia de una atribución de los jueces –acotada como

“remanente”– de crear nuevos delitos. Un caso posterior, de 1972,

se hizo cargo de las críticas suscitadas por el anterior y declaró ex-

presamente que esa atribución había dejado de subsistir44.

44 Casos “Shaw v. Director de Acusaciones Públicas”, resuelto en 1962 y caso

“Knuller” resuelto en 1973, ambos por la Cámara de los Lores. Puede verse el

texto del primero y comentarios del segundo en Hendler-Gullco, op. cit., pp. 1/6.

Sistemas penales comparados

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Lo cierto es que, en la actualidad, el derecho penal inglés se

encuentra, en su mayor parte, legislado. Entre otros, han sido

materia de leyes del parlamento, los delitos contra la propiedad,

los de carácter sexual, los de homicidio, los de falsicación, los

hechos de tentativa y también los de conspiración. Lo que no exis-

te es una codicación de esas disposiciones y subsiste una cierta

vigencia del derecho común de fuente jurisprudencial en algunas

materias como, por ejemplo, en la delimitación de la tipicidad del

homicidio. En 1998 se produjo la incorporación de la Convención

Europea de Derechos Humanos en el Reino Unido aunque su vi-

gencia es relativa. No es posible para los jueces entender derogada

implícitamente ninguna ley aún en caso de evidente contradicción

con la Convención. Lo más importante es que la jurisprudencia

tiene la posibilidad de desentenderse de la fuerza vinculante de

los precedentes cuando resulten incompatibles con ella y el deber

de interpretar las leyes de manera compatible y, en caso de no ser

posible esto último, formular una declaración que carece de efecto

derogatorio, pero compromete la actividad del gobierno para el

trámite parlamentario consiguiente.

Debe reconocerse, de cualquier modo, que no ha desaparecido

totalmente la posibilidad de creación jurisprudencial de delitos y,

sobre todo, la extensión por vía jurisprudencial in malam partem.

Los ejemplos son dos: en 1992 el caso C. R. sobre derogación

de la inmunidad marital por delito de violación y, en 1998, la

creación del delito denominado stalking, referido a las molestias

telefónicas por medio de repetidos llamados. En este último caso

la creación se produjo al amparo de la interpretación de que esa

repetición, cuando quien llama guarda silencio, produce angustia

y temor en el receptor, susceptibles de causarle daño psicológi-

co y, a veces, psiquiátrico. Por ende, se entendió congurado el

delito de lesiones de acuerdo con la ley de 1861 que reprime a

quien cause grave daño corporal (grievous bodily harm). El evidente

carácter extensivo de esa interpretación es un inconveniente que

quedó superado poco después con la legislación especíca dictada

en la materia (Protection from Harassment Act, 1997).