Sanciones

• Autor: Luis R. Carranza Torres
• Páginas: 137-143

Capítulo VI

SANCIONES

1. SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Art. 31 - Sanciones administrativas

1. Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que correspondan en

los casos de responsables o usuarios de bancos de datos públicos; de la

responsabilidad por daños y perjuicios derivado s de la inobservancia de la

presente ley, y de las sanciones penale s que correspondan, el organismo de

control podrá aplicar las sanciones de apercibimient o, suspensión, multa de

mil pesos ($1000) a cien mil pesos ($100.000), clausura o cancelación del

archivo, registro o banco de datos.

2. La reglamentación determinará las condiciones y procedimientos para la

aplicación de las sanciones previstas, las que deberán graduarse en relación

a la gravedad y extensión de la violación y de los perjuicios derivados de la

infracción, garantizando el principio del debido proceso.

La negación de información —según lo que establece el art. 12 de la ley—, la

entrega tardía de dicha información o el retardo en efectuar las modificaciones o

aclaraciones pertinentes, así como cualquier otra infracción a la presente ley, serán

sancionados con pena de multa, la que podrá fluctuar entre el máximo y el mínimo

establecido por ley, y la clausura o cancelación del permiso para realizar la

actividad de registro de datos.

El procedimiento a seguir para imponer la sanción en sede administrativa se

deja librado a la reglamentación de la norma. Por ser ésta una actividad de las

denominadas “cuasi jurisdiccionales”, el trámite del mismo debe satisfacer no sólo

los principios generales del derecho administrativo, sino también, y de modo

especial, los que conforman el derecho a un debido proceso adjetivo.

Recordemos que la constitucionalidad de este tipo de tribunales administrativos

se halla sujeta al respeto del principio de defensa en juicio en su procedimiento

(CSJN, Fallos 297:456), y a que lo decidido en el mismo sea susceptible de tener un

“control judicial suficiente”, frase que debe entenderse en el sentido de que el

particular alcanzado por las resoluciones del mismo tenga derecho a interponer un

recurso ante un tribunal de justicia (CSJN, Fallos 247:676; 303:1776; 296:65, entre

otros).

Al respecto, la doctrina se halla dividida acerca de si tal exigencia se cumple

siendo posible habilitar únicamente la vía recursiva extraordinaria, por lo que

habrá de estarse a las particularidades del caso en concreto, ya que respecto al

control judicial suficiente de los actos administrativos de carácter jurisdiccional, no

existe una regla o estándar de carácter general (CSJN, Fallos 305:129), pudiendo

ser más o menos profundo de acuerdo a la materia objeto de decisión (CSJN, Fallos

295:814).