Principios generales relativos a la protección de datos

• Autor: Luis R. Carranza Torres
• Páginas: 57-74

Capítulo II

PRINCIPIOS GENERALES RELATIVOS

A LA PROTECCIÓN DE DATOS

1. LICITUD DEL REGISTRO DE DATOS

Art. 3° - Archivos de datos. Licitud

La formación de archivos de datos será lícita cuando se enc uentren

debidamente inscriptos, observando en su operación los principios que

establece la presente ley y las reglamentaciones que se dicten en su

consecuencia.

Los archivos de datos no pueden tener finalidades contrarias a las leyes o a

la moral pública.

Como puede verse, la ley no permite sin más la actividad del registro de datos,

limitándose a señalar que será lícita en tanto y en cuanto se sujete a las normas

legales vigentes54.

La primera condición que la normativa fija a los bancos de datos es la de

inscribirse; tal inscripción debe ser previa al inicio de las operaciones, y constituye

el modo de posibilitar, respecto del registro del caso, tanto el control estatal como el

de los titulares de los datos. Para un mayor detalle referente a la cuestión del

registro, remitimos al capítulo IV del presente.

En el modo de redacción puede verse la voluntad del legislador de regular con

cierta “rienda corta” la actividad de registro, sujetando tal operación al

acatamiento del marco normativo que se le fije, tanto legal como

reglamentariamente, y al cumplimiento previo de los requisitos fijados en la ley y

por la autoridad de control. El registro no es, por tanto, una actividad libre, sino

que la presente norma lo encasilla dentro de las llamadas actividades

reglamentadas, es decir aquellas que tienen subordinada su licitud al

cumplimiento de determinados requisitos cuya observancia debe ser permanente.

“La preocupación actual por adscribir la gestión de bancos de datos a las

actividades peligrosas es contemporánea con el avance de la tecnología informática,

que ha hecho posible compilar información en cantidad antes inimaginable,

procesarla en forma mucho más completa y sistemática, y difundirla en contados

segundos a un ámbito infinito”55. Tales caracteres técnicos, respecto del manejo de

datos, han revelado en la vida diaria aristas de riesgo cierto respecto de los

derechos básicos de las personas.

La última parte de la norma guarda relación con la “adecuada justificación

social de la recolección, la que deberá tener un propósito general, así como sus usos

específicos socialmente aceptables”56.

Ello, pues, tratándose de una actividad que entraña riesgos ciertos para los

derechos de las personas, solamente en presencia de un interés general digno de

protección jurídica (vgr., contribuir a la seguridad de las operaciones comerciales, a

la mejor prestación de servicios a la población, a elevar el nivel de información

respecto de determinados temas, o a la investigación respecto de los mismos, etc.)

puede justificarse su existencia al amparo del derecho.

Por ello no cabe otra posibilidad de desarrollo de la actividad que no sea dentro

del marco legal y reglamentario específico que se le fije. Con relación a lo que ha de

entenderse por moral pública, somos de la opinión de que la ley remite a un

estándar general respecto del conjunto de costumbres y normas de conductas, en

relación con las categorías del bien y del mal, que regulan los modos y formas de la

vida pública; es lo que la generalidad de las personas estima que es socialmente

correcto o incorrecto.

El procesamiento de datos personales, que comprende la formación, recolección,

registro, uso y transmisión de archivos, sólo es lícito cuando se realiza bajo alguna

de las siguientes condiciones57:

a) Si cuenta con el inequívoco consentimiento del interesado —el cual sólo es

válido cuando hubo notificación previa de la finalidad de la recolección y de los

potenciales receptores de los datos—, el que podrá ser posteriormente revocado.

b) Si resulta necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado

es parte, o para la aplicación de las medidas precontractuales adoptadas a petición

del interesado.

c) Si resulta necesario para el cumplimiento de una obligación jurídica a la que

esté sujeto el responsable del tratamiento;

d) Si resulta necesario para proteger un interés vital o derechos esenciales del

interesado.

e) Si resulta necesario para el cumplimiento de una misión de interés público o

inherente al ejercicio del poder público conferido al responsable del tratamiento, o a

un tercero a quien se comuniquen los datos.

f) Si resulta necesario para la satisfacción del interés legítimo del responsable

del tratamiento o del tercero o terceros a los que se comuniquen los datos, siempre

que no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales del

interesado.

Estas seis condiciones generales se aplican al procesamiento de datos hecho

tanto por el sector público como por el sector privado. Su generalidad, obviamente,

va a permitir una gran variedad de implementaciones específicas.

2. CALIDAD DE LOS DATOS

Art. 4° - Calidad de los datos

1. Los datos personales que se recojan a los efectos de su tratamiento deben ser

ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y

finalidad para los que se hubieren obtenido.

2. La recolección de datos no puede hacerse por medios desleales, fraudulentos

o en forma contraria a las disposiciones de la presente ley.

3. Los datos objeto de tratamiento no pueden ser utilizados para finalidades

distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención.

4. Los datos deben ser exactos y actualizarse en el caso de que ello fuere

necesario.

5. Los datos total o parcialmente inexactos, o que sean incompletos, deben ser

suprimidos y sustituidos, o en su caso completados, por el responsable del

archivo o base de datos cuando se tenga conocimiento de la inexactitud o

carácter incompleto de la información de que se trate, sin perjuicio de los

derechos del titular establecidos en el artículo 16 de la presente ley.

6. Los datos deben ser almacenados de modo que permitan el ejercicio del

derecho de acceso de su titular.

7. Los datos deben ser destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios o

pertinentes a los fines para los cuales hubiesen sido recolectados.

La presente norma consagra el principio de la limitación de la recolección y

tratamiento de los datos como regla general en la materia.