Su objeto y condiciones de ejercicio

• Autor: Luis R. Carranza Torres
• Cargo del Autor: Abogado (U.N.C.). Doctorando en Ciencias Jurídicas (U.C.A.).
• Páginas: 45-111

2. SU OBJETO Y CONDICIONES DE EJERCICIO

2.1.PRESUPUESTOS SUSTANCIALES PARA EL AMPARO

La reforma de 1994 a la Constitución Nacional ha establecido

modificaciones para caracterizar el acto agraviante que motiva el

amparo, respecto de lo establecido en la ley nacional 16.986. Por

una parte, extiende el ámbito de la protección a los derechos pro-

venientes de tratados internacionales y de las leyes. Respecto de

los constitucionales, suprime la parte de “explícita o implícita-

mente reconocidos”, cuestión que nos parece correcta, pues bas-

ta con lo expresado en el art. 33 de nuestra carta magna respecto

de que “Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la

Constitución, no serán entendidos como negación de otros derechos

y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la so-

beranía del pueblo y de la forma republicana de gobierno”, para

aventar cualquier duda sobre la aplicación de la protección del

amparo respecto de los derechos que surgen del art. 33.

A continuación, pasaremos a examinar cada uno de los as-

pectos de la conducta lesiva en las normas generales de amparo,

ley nacional 16.986 (de acuerdo con la Constitución reformada)

y ley provincial 4915 (véase el punto 2.8).

2.2.ACTO U OMISIÓN

El término acto goza de una interpretación amplia en ma-

teria de amparo, abarcativa de hechos, actos propiamente di-

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chos, acciones, órdenes, entre otros. Es, en suma, comprensi-

ble de todo actuar positivo.

En lo que respecta a la omisión, podemos caracterizarla

como una abstención en el actuar, una inactividad frente al

deber30. Para ser procedente el amparo por tal causa deben dar-

se dos supuestos de manera conjunta: a) la autoridad pública

debe estar incumpliendo un deber a su cargo, ya que uno sólo

puede omitir algo a lo que se está obligado por determinado or-

denamiento jurídico, y b) mediar una demora razonable, la que

deberá ser apreciada de acuerdo con las circunstancias parti-

culares de cada caso en concreto.

2.3.CARACTERÍSTICAS QUE DEBE REVESTIR

LA CONDUCTA AGRAVIANTE

2.3.1.Lesión, restricción, alteración o amenaza

“La lesión importa un concepto amplio, que comprende los

más específicos de restringir o alterar. Así, la restricción importa

una limitación y alteración, una modificación. Ambos compor-

tan una lesión”. La norma pretende cubrir la mayor cantidad de

supuestos posibles31.

Concordamos con ello. La palabra lesión es utilizada en el

amparo para denominar cualquier tipo de menoscabo o daño

que se inflija a un derecho amparado. Los siguientes vocablos

enumerados no son más que especificaciones de los modos en

que tal lesión puede producirse. La restricción importa una re-

ducción en la amplitud del derecho. Alterar es “Modificar la

sustancia o la forma de algo; sinónimo de bastardear, desnatu-

ralizar”32. La amenaza consiste, básicamente, en el anuncio de

30 Garrone, José Alberto, Diccionario Jurídico Abeledo-Perrot, t. II, Buenos Ai-

res, Abeledo-Perrot, 1986, p. 634.

31 Salgado, Alí Joaquín, op. cit., p. 27.

32 Garrone, José Alberto, op. cit., t. I, p. 138.

PRÁCTICA DEL AMPARO 47

un mal futuro. Tal anuncio puede tomar formulación expresa

o tácita. “[…] Si el mal futuro no depende de la voluntad del au-

tor, no puede hablarse de amenaza. Tampoco se configuran las

amenazas si el mal amenazado no es de realización posible o no

lo es para el autor y el sujeto pasivo lo sabe”33.

En suma, debe haber en el acto un daño real y tangible. Es

el elemento material que necesariamente debe estar unido a

uno jurídico: recaer sobre uno o más derechos amparados.

2.3.2.Arbitrariedad o ilegalidad manifiesta

La arbitrariedad es el “Acto contrario a lo que es justo o le-

gal, inspirado sólo en una actitud caprichosa o malintenciona-

da. En un sentido más estricto, aquella interpretación de la ley

que se realiza parcial o caprichosamente”34. Denota también

irracionalidad, una conducta desproporcionada en la relación

medio-fin. La razonabilidad (entendida como la proporción

debida, en las circunstancias particulares del caso concreto,

que deben guardar los medios empleados con el fin persegui-

do) de los actos se encuentra incorporada a nuestro Derecho

no sólo respecto de los producidos por autoridades públicas

(art. 7º, inc. f, ley 19.549), sino que también alcanza a los parti-

culares, que deben ejercer sus derechos en forma debida para

no caer en el denominado “abuso del derecho” (art. 1071, Códi-

go Civil, reformado por la ley 17.711).

Ello pues el principio o regla de proporcionalidad que re-

sulta de los arts. 28 y 99, inc. 2, es un principio general aplica-

ble a toda la actividad estatal, y al accionar privado por la vía

de la proscripción del abuso del derecho antes explicitada.

Dentro del concepto de ilegalidad se encuentra compren-

dido todo aquello que se aparta del orden legal establecido, no

sólo por la Constitución Nacional, sino también por las normas

de nivel inferior dictadas en consonancia con la norma funda-

mental.

33 Garrone, José Alberto, op. cit., t. I, p. 142.

34 Garrone, José Alberto, op. cit., t. I, p. 182.