Disposiciones preliminares

• Autor: Jorge Luis Bastons - Raúl Luis Montero
• Páginas: 17-108

(*) Sancionada: 21/12/1995. Promulgada: 11/1/1996. Publicada BO: 2/2/1996, con las obser-

vaciones dispuestas por dec. promulgatorio 61/1996.

(**) Ley 11.853. Sancionada: 9/10/1996. Promulgada: 22/10/1996. Publicada BO: 29/10/1996.

Ley 13.154. Sancionada: 30/12/2003. Promulgada: 30/12/2003. Publicada BO: 30/12/2003.

LEY 11.757(*)

Y MODIFICATORIAS (**)

TITULO UNICO

SECCION I

DISPOSICIONES PRELIMINARES

1. ALCANCES

Art. 1- El presente Estatuto dispone el régimen para el personal de

las Municipalidades de la provincia de Buenos Aires.

Sin perjuicio de que la obra acometida no apunte más que a

examinar de manera exegética el articulado del estatuto bajo exa-

men y, por ende, persiga diagnosticar el estado de situación de los

diversos institutos jurídicos que en el mismo se abordan, lo cierto es

que no podemos dejar de tratar una serie de cuestiones previas e

insoslayables para la comprensión general de esta obra, como las

referidas a la estructuración del Régimen Municipal en la Constitu-

ción Nacional y en la provincial, así como al connatural y solapado

debate a que esos textos dan lugar sobre dicha temática.

En tal sentido, entendemos que surge con total claridad de los

artículos 5 y 123 de nuestra ley fundamental que los municipios

argentinos gozan, a la luz de aquella, de los derechos y atribuciones

propios del régimen autonómico.

COMENTARIOS A LA LEY DE EMPLEO PUBLICO MUNICIPAL BONAERENSE

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(11) Ampliar en Montero, Raúl: “

El Municipio. Un análisis sistemático de su dimensión

”, en

RAP

, provincia de Buenos Aires, nº 53-54, págs. 5/24, Buenos Aires, 2007.

(12) Reca, Pablo Ricardo: “

Notas sobre el estatuto del empleado municipal

”, en

Empleo

Público

,

ob. cit

.

Mientras que en el caso de los artículos 190 a 197 de la

Constitución local (que a pesar de su reforma en 1994 mantuvo su

Régimen Municipal tal como lo expresara desde 1934) no hizo más

que sostener un sistema decididamente más cercano a la autarquía

que a la autonomía.

Ante tales asimetrías normativas entre uno y otro texto constitu-

cional, el debate sobre el particular se presenta (como no podría ser

de otra manera) álgido y vibrante. Ergo, en tanto espacio de confron-

tación, no resultará ajeno a los juegos de intereses ideológicos,

políticos y económicos.

Pero a decir verdad, más allá del modelo jurídico elegido para el

mejor andamiaje de los municipios bonaerenses, en el fondo lo que

está en juego es el choque de dos filosofías políticas en pugna. Una,

más plural, republicana y libertaria, que tiene al ciudadano por

protagonista y hacedor de su propio gobierno municipal; frente a otra

que por oposición sostiene una mirada más centralista y paternal(11).

Vale decir que ésta no es sólo una cuestión o debate jurídico o

político, sino de claro signo sociológico, ya que como tiene dicho el

Dr. Reca, un municipio autárquico presupone la existencia una

sociedad autárquica(12). Desprendiéndose de aquello por obvia de-

cantación, que un municipio autónomo a su vez presupone una

sociedad autónoma, siendo tal ausencia la que viene a consolidar en

los hechos el carácter mayormente autárquico de los municipios

bonaerenses.

Atento a lo expuesto, resulta obvia la necesidad de dilucidar la

constitucionalidad o no de la ley 11.757 (BO 2/2/1996), puesto que

habiendo sido sancionada por la Legislatura provincial abordando

una materia que se venía regulando desde antaño por cada uno de

los municipios conforme a sus propias ordenanzas, el conflicto

interestadual se manifiesta de manera inmediata.

Así las cosas, se da la paradoja que mientras la doctrina de los

autores se inclina mayoritariamente por la inconstitucionalidad de la

norma que nos ocupa (por violentar lo dispuesto por la Constitución

LEY 11.757 / SECCION I / DISPOSICIONES PRELIMINARES 19

(13) Desde luego, aludimos a la inconstitucionalidad

in totum

, mas no respecto de algún que

otro artículo en particular (y en relación al caso en particular).

(14) Esta norma fue fundida en un solo texto con la ley 10.430, que de esa manera continúa

vigente.

(15) Esta corrió peor suerte que la 11.758, dado que inexplicablemente no se aplica y continúa

rigiendo la ley 10.479.

Nacional), no se encuentra en la jurisprudencia provincial y nacional

ningún fallo que pueda jaquear con seriedad la validez y vigencia de

la norma aludida(13).

Por nuestra parte, más allá de compartir la esencia de las

opiniones y anhelos de la doctrina autonomista, no podemos dejar de

reconocer que, nos guste o no, el imperio de la realidad nos muestra

que la enorme mayoría de los municipios bonaerenses aplica la ley

11.757, sea por la convalidación recurrente para con la misma desde

los Tribunales de Justicia, sea desde el Poder Ejecutivo provincial y

sus órganos de consulta y control (como la Asesoría General de

Gobierno y el Honorable Tribunal de Cuentas).

Más allá de que la obra consiste, como dijimos, en el análisis

exegético de la ley 11.757, no puede dejar de señalarse que es

impensable que para arribar a una solución justa de un caso concreto

o a la mejor interpretación de la norma, solamente deba aplicarse tal

método. Es por ello que no prescindiremos de efectuar algunas

reflexiones que, si bien podrían ser tachadas de historicistas, no

dudamos que nos permitirán un mejor entendimiento del Estatuto.

En tal sentido, corresponde destacar que la norma bajo examen

formó parte de un paquete legislativo propuesto por el Poder Ejecu-

tivo provincial que concluyó con la sanción de la ley 11.757, la ley

11.758 (destinada a regular el empleo público provincial)(14) y la ley

11.759 (que establecía una nueva carrera médico hospitalaria)(15).

Mediante estas tres leyes se perseguió generar una profunda

reformulación de la relación del empleo público en todo el ámbito

provincial, constituyendo el último eslabón de una cadena de normas

tendientes a la modernización y reforma del Estado (con las carac-

terísticas y particularidades con que se las concibió en la provincia

de Buenos Aires hacia 1995).

Esta política de Estado llevada adelante en aquella época había

generado la sanción, entre otras: de la ley 11.175, mediante la cual