IV. Legitimidad, ejecutividad y estabilidad

Los actos administrativos se presumen legítimos, obligatorios y estables.

1. Presunción de legitimidad

Es la presunción de validez del acto administrativo mientras su posible nulidad no haya sido declarada por autoridad competente1. La presunción de legitimidad importa una presunción de regularidad del acto, también llamada presunción de legalidad2, de validez, de juridicidad o pretensión de legitimidad. El vocablo legitimidad no debe entenderse como sinónimo de "perfección".

"Los actos administrativos, por serlo, tienen a su favor la presunción de constituir el ejercicio legítimo de la autoridad administrativa y, por consiguiente, toda invocación de nulidad contra ellos debe ser necesariamente alegada y probada en juicio3; así sucede cuando se han desconocido o vulnerado principios de Derecho público o garantías individuales"4.

La presunción de legitimidad es la suposición de que el acto fue emitido conforme a derecho, dictado en armonía con el ordenamiento jurídico. Es una resultante de la juridicidad con que se mueve la actividad estatal. La legalidad justifica y avala la validez de los actos administrativos; por eso crea la presunción de que son legales, es decir, se los presume válidos y que respetan las normas que regulan su producción.

En principio, el acto es regular y por tanto válido5, pues reúne todos sus requisitos; puede contener algunos vicios, pero a pesar de ello sigue siendo regular. Los actos pueden ser regulares o irregulares. Son regulares los actos administrativos válidos, los anulables o los nulos relativos. Son irregulares los actos administrativos inexistentes y los nulos o de nulidad absoluta6. Por lo tanto, descartamos dentro de la presunción de legitimidad los actos que no son regulares; es decir, los actos inexistentes y los nulos7.

a. Fundamentos

Hay razones formales y sustanciales que fundamentan la presunción de legitimidad de los actos administrativos.

Las garantías subjetivas y objetivas que preceden a la emanación de los actos administrativos, fundamentan formalmente la presunción. Este argumento se impone indiscutidamente con la sanción de las leyes de procedimiento administrativo que regulan orgánicamente los procedimientos y requisitos del acto; es decir, el origen, la preparación y la emisión de la voluntad administrativa.

En el orden sustancial, sólo la ley es fuente de la presunción de legitimidad. En consecuencia, con la consagración normativa de la presunción de legitimidad se disipan todas las posibles dudas interpretativas. Además, la presunción de legitimidad de los actos administrativos deriva del principio de interpretación c...

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