Ley nacional Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

• Autor: Jorge Luis Carranza
• Páginas: 181-203

LEY NACIONAL Nº 26.061 DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS

DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES*

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º - Objeto. Esta ley tiene por objeto la protección integral de los

derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el territorio

de la República Argentina, para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efec-

tivo y permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jur ídico nacio-

nal y en los tratados internacionales en los que la Nación sea parte.

Los derechos aquí reconocidos están asegurados por su máxima

exigibilidad y sustentados en el principio del interés superior del niño.

La omisión en la observancia de los deberes que por la presente corres-

ponden a los órganos gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano

a interponer las acciones administrativas y judiciales a fin de restaurar el

ejercicio y goce de tales derechos, a través de medidas expeditas y eficaces.

Artículo 2º - Aplicación obligatoria. La Convención sobre los Derechos del

Niño es de aplicación obligatoria en las condiciones de su vigencia, en todo acto,

decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que se

adopte respecto de las personas hasta los dieciocho años de edad. Las niñas,

niños o adolescentes tienen derecho a ser oídos y atendidos cualquiera sea la

forma en que se manifiesten, en todos los ámbitos.

Los derechos y las garantías de los sujetos de esta ley son de orden públi-

co, irrenunciables, interdependientes, indivisibles e intransigibles.

Artículo 3º - Interés superior. A los efectos de la presente ley se entiende

por interés superior de la niña, niño y adolescente la máxima satisfacción,

integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley.

Debiéndose respetar:

a) Su condición de sujeto de derecho;

b) El derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su

opinión sea tenida en cuenta;

* Sanción: 28/09/2005; promulgación de hecho: 21/10/2005; publicación: B.O.

del 26/10/2005.

182 JORGE LUIS CARRANZA

c) El respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio

familiar, social y cultural;

d) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás

condiciones personales;

e) El equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y adoles-

centes y las exigencias del bien común;

f) Su centro de vida. Se entiende por centro de vida el lugar donde las

niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas

la mayor parte de su existencia.

Este principio rige en materia de patria potestad, pautas a las que se

ajustarán el ejercicio de la misma, filiación, restitución del niño, la niña o el

adolescente, adopción, emancipación y toda circunstancia vinculada a las

anteriores cualquiera sea el ámbito donde deba desempeñarse.

Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños

y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, pre-

valecerán los primeros.

Artículo 4º - Políticas públicas. Las políticas públicas de la niñez y ado-

lescencia se elaborarán de acuerdo a las siguientes pautas:

a) Fortalecimiento del rol de la familia en la efectivización de los dere-

chos de las niñas, niños y adolescentes;

b) Descentralización de los organismos de aplicación y de los planes y

programas específicos de las distintas políticas de protección de derechos, a

fin de garantizar mayor autonomía, agilidad y eficacia;

c) Gestión asociada de los organismos de gobierno en sus distintos nive-

les en coordinación con la sociedad civil, con capacitación y fiscalización per-

manente;

d) Promoción de redes intersectoriales locales;

e) Propiciar la constitución de organizaciones y organismos para la defen-

sa y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Artículo 5º - Responsabilidad gubernamental. Los Organismos del Es-

tado tienen la responsabilidad indelegable de establecer, controlar y ga-

rantizar el cumplimiento de las políticas públicas con carácter federal.

En la formulación y ejecución de políticas públicas y su prestación, es

prioritario para los Organismos del Estado mantener siempre presente el

interés superior de las personas sujetos de esta ley y la asignación privilegia-

da de los recursos públicos que las garanticen.

Toda acción u omisión que se oponga a este principio constituye un acto

contrario a los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes.