Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 21 de Septiembre de 2016, expediente FSA 076000048/2012/TO01/21/CFC019

• Fecha de Resolución: 21 de Septiembre de 2016
• Emisor: CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4

Año del B. de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4 FSA 76000048/2012/TO1/21/CFC19 REGISTRO Nº 1.163/2016 la ciudad de Buenos Aires, a los 21 días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis, se reúne la S.I. de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor J.C.G. como P. y los doctores G.M.H. y M.H.B. como vocales, asistidos por la Prosecretaria de Cámara J.S., a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto a fs. 7/24vta. en la presente causa nº FSA 76000048/2012/TO1/21/CFC19 del Registro de esta Sala, caratulada “GUTIERREZ, M.M. s/recurso de casación”, de la que RESULTA:

1. Que el Tribunal Oral Federal de J., en la causa nº FSA 76000048/2012/TO1 de su registro, con fecha 5 de mayo de 2016, resolvió: 1º) DISPONER la prórroga de la prisión preventiva de… M.M.G.… por el plazo de seis (6) meses a partir del día 16 de mayo del corriente año…” (cfr. fs. 1/5vta.

   del presente legajo).

2. Que contra dicha resolución interpuso a fs. 7/24vta. recurso de casación el señor Defensor Público Oficial, doctor M.F.G.P., asistiendo a M.M.G., el que fue concedido a fs. 25.

3. La defensa encauzó su agravio por ambas vías previstas en el artículo 456 del C.P.P.N.

   La parte formuló consideraciones en torno a la admisibilidad del recurso y recordó los argumentos por los cuales el tribunal interviniente prorrogó la prisión preventiva de G..

   Adujo que la resolución recurrida resultó

   arbitraria ya que la nueva prórroga dispuesta utilizó

   argumentos “imprecisos, vagos y abstractos”, infringiendo el marco legal y convencional en punto a los plazos máximos establecidos por ley, lo que viola Fecha de firma: 21/09/2016 Firmado por: J.C.G., JUEZ CAMARA CASACION Firmado por: M.H.B., JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado por: G.M.H., JUEZ DE CAMARA DE CASACION 1 Firmado por: J.C.G., JUEZ CAMARA CASACION Firmado(ante mi) por: J.Y.S., PROSECRETARIA DE CAMARA #28581351#161718301#20160921143556852 Año del B. de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4 FSA 76000048/2012/TO1/21/CFC19 el principio de legalidad y afecta el derecho al debido proceso de su asistido.

   Señaló que la referencia que el tribunal efectuó en torno al trámite de otras actuaciones como también el cúmulo de trabajo existente no puede ser óbice frente al deber estatal de ser juzgado en un plazo razonable.

   Sostuvo que la naturaleza de la imputación delictiva y la obligación asumida por el Estado de investigar y sancionar delitos de lesa humanidad no deben prevalecer por encima del estado de inocencia que goza su defendido.

   Precisó que no se tuvieron en cuenta las condiciones personales del imputado ni los antecedentes de la causa sino la de otros imputados y, que en autos, no existe peligro de fuga.

   Advirtió que toda medida que restrinja la libertad debe ser interpretada en forma restrictiva, que el principio de inocencia es un límite infranqueable frente a la potestad punitiva del Estado y que la prisión preventiva –cualquier sea el supuesto en examen– debe respetar criterios de razonabilidad en orden a su duración (en sustento de su postura citó

   jurisprudencia de esta Cámara y de la C.I.D.H.)

   Finalmente afirmó que en la prórroga dispuesta el tribunal desconoció la calidad de adulto mayor de su asistido y, que en base al deber de juzgar y en razón de ese deber, G. se encuentra privado de su libertad, en detrimento de su estado de inocencia.

   Hizo reserva de caso federal.

4. Que la oportunidad prevista por el artículo 465 bis, en función de los artículos 454 y 455 del C.P.P.N. –modificados por ley nº 26.374– la Defensa Pública Oficial presentó las breves notas obrantes a fs. 36/37vta. de lo que se dejó constancia a fs. 38.

6. Superada dicha etapa procesal quedaron Fecha de firma: 21/09/2016 Firmado por: J.C.G., JUEZ CAMARA CASACION Firmado por: M.H.B., JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado por: G.M.H., JUEZ DE CAMARA DE CASACION 2 Firmado por: J.C.G., JUEZ CAMARA CASACION Firmado(ante mi) por: J.Y.S., PROSECRETARIA DE CAMARA #28581351#161718301#20160921143556852 Año del B. de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4 FSA 76000048/2012/TO1/21/CFC19 las actuaciones en estado de ser resueltas. Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación:

   doctores G.M.H., M.H.B. y J.C.G..

   El señor juez G.M.H. dijo:

1. Que tal como tuve oportunidad de señalar (cfr. de esta S.I.: causa nº 1893, “Greco, S.M. s/recurso de casación”, registro nº 2434.4, rta. el 25/02/00; causa nº° 2638, “R., R. s/recurso de queja”, registro nº 3292.4, rta. el 06/04/01; y causa nº 3513, “Villarreal, A.G. s/recurso de casación”, registro nº 4303.4, rta. el 04/10/02) a esta Cámara Federal de Casación Penal efectivamente compete la intervención en cuestiones como las aquí planteadas, en las que la resolución recurrida resulta restrictiva de la libertad (cfr.

   C.S.J.N., “Di Nunzio”, expte. D. 199.XXXIX, rta. el 3/05/05). Ello así, por cuanto no sólo es el órgano judicial “intermedio” a quien ha sido confiada la reparación de los perjuicios irrogados a las partes en instancias anteriores, sin necesidad de recurrir ante la Corte Suprema, sino también porque su intervención –atento a su especificidad– aseguraría que el objeto a revisar por el Máximo Tribunal fuese “un producto seguramente más elaborado” (cfr. Fallos 318:514, in re “G., H.D. y otro s/recurso de casación-

   causa nº 32/93”, rta. el 7/4/95; 325:1549; entre otros).

   Esa intervención, por cierto, procede aun en los supuestos en los que no entre en cuestión la cláusula del artículo 8, apartado 2°, inc. h), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (cfr.

   disidencia de los jueces P. y B. en el precedente de Fallos 320:2118, in re “R., C.S.s.. de exención de prisión –causa N°

   1346”, rta. el 3/10/97 y, entre otros, sentencia dictada en el caso H.101.XXXVII “H., E.F. de firma: 21/09/2016 Firmado por: J.C.G., JUEZ CAMARA CASACION Firmado por: M.H.B., JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado por: G.M.H., JUEZ DE CAMARA DE CASACION 3 Firmado por: J.C.G., JUEZ CAMARA CASACION Firmado(ante mi) por: J.Y.S., PROSECRETARIA DE CAMARA #28581351#161718301#20160921143556852 Año del B. de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4 FSA 76000048/2012/TO1/21/CFC19 Albano y otros s/sustracción de menores, incidente de excarcelación de E.E.M., rta. el 23/03/04; y esta S.I., desde la causa nº 4512, “S.F., S. s/recurso de queja”, registro nº 5613, rta. el 15/04/04).

   Según indiqué, ese entendimiento contribuye por cierto a cimentar las condiciones para que el Máximo Tribunal satisfaga el alto ministerio que le ha sido confiado (cf. doctrina de Fallos 308:490 y 311:2478), siendo una postura que resulta, en definitiva, de compatibilizar el derecho del recurrente con el resguardo de la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pues al preservar su singular carácter de “supremo custodio de garantías constitucionales” (cfr. doctrina de Fallos 279:40; 297:338; entre otros), se reserva su actuación –como intérprete y salvaguarda final– para después de agotadas por las partes todas las instancias aptas en el ordenamiento procesal vigente (cf. doctrina de Fallos 311:2478).

2. Asimismo, he señalado reiteradamente (ver, entre otros de esta S.I., mi voto en la causa nro. 14.748, “M.D., R.J. s/ recurso de casación”, registro nº 148/12, rta. el 14/2/12) que la aplicación automática de los plazos previstos por la ley 24.390 para el cese de la prisión preventiva resultaría contraria a la doctrina desarrollada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente de Fallos: 310:1476, oportunidad en la que ésta sostuvo “…que la interpretación razonable del art. 7 inc. 5° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conduce a establecer que el juicio sobre la prolongación de la privación de la libertad cautelar debe estar relacionado con las circunstancias concretas del caso […] cuando las características del delito que se imputa, las condiciones personales del encartado y la pena con que se reprime el hecho, guarden estrecha relación con la posibilidad de que se Fecha de firma: 21/09/2016 Firmado por: J.C.G., JUEZ CAMARA CASACION Firmado por: M.H.B., JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado por: G.M.H., JUEZ DE CAMARA DE CASACION 4 Firmado por: J.C.G., JUEZ CAMARA CASACION Firmado(ante mi) por: J.Y.S., PROSECRETARIA DE CAMARA #28581351#161718301#20160921143556852 Año del B. de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4 FSA 76000048/2012/TO1/21/CFC19 pueda intentar burlar la acción de la justicia y con ello impedir la concreción del derecho material, deberá denegarse el beneficio solicitado…”.

   En efecto, el Alto Tribunal ha establecido claramente que “…la validez del art. 1° de la ley 24.390 se halla supeditada a la circunstancia de que los plazos fijados en aquella norma no resulten de aplicación automática por el mero transcurso de los plazos fijados (sic) sino que han de ser valorados en relación a las pautas establecidas en los arts. 380 y 319 del Código de Procedimientos en materia penal y Código Procesal Penal, respectivamente, a los efectos de establecer si la detención ha dejado de ser razonable…” (CSJN, Causa n°44.891, Bramajo, H.J.s.. de excarcelación, B. 851. XXXI).

   Consecuentemente, los plazos a los que se refiere la Ley de Plazos de la Prisión Preventiva no pueden ser aplicados de manera automática e irreflexiva, ya que ello desnaturalizaría frente a casos complejos los fines perseguidos por el legislador, desconociendo de ese modo el ordenamiento normativo en su conjunto, los derechos de las partes acusadoras y la obligación del Estado de perseguir los delitos de acción pública.

   La razonabilidad intrínseca de la...