Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES, 8 de Marzo de 2018, expediente FCT 001944/2015/CA008

• Fecha de Resolución: 8 de Marzo de 2018
• Emisor: CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES FCT 1944/2015/CA8 - CA4 Corrientes, ocho de marzo de dos mil dieciocho.

Visto: los autos caratulados “Legajo de Apelación Bareiro, Carlos Alberto

Falcón, H. D. – G., J. V. M., Carlos Rodolfo

P/Infracción Ley 23.737”, E.. Nº FCT 1944/2015/CA8CA4 del registro de

esta Cámara, provenientes del Juzgado Federal Nº 2 de Corrientes.

Considerando:

Que reingresan estos obrados a la Alzada en virtud de los recursos de

apelación interpuestos por las defensas de los imputados C.

(fs. 3528/3531 vta.), S. E. A. (fs. 3532/3537), Carlos Alberto

Bareiro (fs. 3539/3542), H. (fs. 3543/3547) y T.

(fs. 3561/3565 y vta), todos contra la resolución obrante a fs. 3500/3521 vta. por

medio de la cual el magistrado de anterior grado ordenó el procesamiento de los

nombrados, en calidad de organizador de transporte y tenencia de estupefacientes

con fines de comercialización (B., como coautores del delito de comercio

de estupefacientes (G., M., F. y L., y por acopio de dicha

sustancia prohibida (Alfonzo), agravado por el número de intervinientes (arts. 7, 5

–inc. C y 11 –inc. C de la Ley 23.737.

Para así decidir, en lo esencial, el instructor consideró –con el grado de

probabilidad requerido para el dictado del auto de mérito incriminador que

2. y sus consortes de causa conformaban una organización dedicada al

   ingreso de estupefacientes provenientes desde la República del Paraguay, a través

   de la extensa frontera determinada por el Río Paraná, pero en inmediaciones a la

   localidad de Itatí (Corrientes), para luego proceder a su comercialización, traslado

   y distribución a distintos puntos de nuestra provincia y país.

   La defensa que representa a C., luego de realizar un

   breve relato de los hechos, sostiene que el auto que impugna carece de

   fundamentación, basándose en simples suposiciones asentadas en escuchas e

   informes de la fuerza preventora. Sigue diciendo que el J. a quo considere

   acreditada la existencia de una organización y vincula a su asistido en la causa,

   sólo por mantener una relación de amistad con B., quién habría tenído

   conversaciones telefónicas con T. L., pero sin prueba alguna que

   relacione a su representado con los otros consortes de la causa. Alega que se le

   asigna a su defendido el rol de nexo entre B. y A., sin prueba alguna

   que sustente dicha función. Finalmente, manifiesta que el instructor describe los

   elementos secuestrados en el domicilio allanado, obviando que estos no son de

   propiedad de M..

   Por su parte, la defensa de S. transcribe extractos de

   la resolución que impugna, postulando posteriormente la nulidad de aquella por

   falta de fundamentación (art. 123 del CPPN). Sostiene que el instructor no

   sustenta su decisión en ningún elemento probatorio incorporado a la causa,

   acudiendo en meras presunciones tales como que todos los imputados integran

   una organización criminal, que el rol de su asistido era el de acopiador y que su

   contacto dentro de la organización era M., violando así las reglas de la sana

   critica racional. Afirma que el magistrado habría incumplido las reglas dictadas

   por este Tribunal al momento de revocar el anterior procesamiento, reiterando la

   valoración de las supuestas escuchas e informes de la prevención, sin determinar

   cuál es el teléfono celular cuya utilización es atribuida a su defendido. Por otra

   parte, cuestiona la calificación legal asignada a la supuesta conducta de su asistido

   en la modalidad de acopio de estupefacientes –art. 5 inc. C de la ley 23.737,

   debido a que no estaría demostrado que en el lugar donde se habría encontrado los

   estupefacientes incautados esté dispuesto para almacenarla o acopiarla, como

   tampoco la permanencia requerida. Arguye que el único elemento encontrado está

   constituido por trece kilogramos (13kg.) de sustancia estupefaciente secuestrada,

   por lo que en todo caso la figura aplicable sería la de tenencia simple, prevista en

   el primer párrafo del art. 14 de la citada ley. Afirma también que el agravante del

   Fecha de firma: 09/03/2018 Alta en sistema: 16/03/2018 Firmado por: M.G.S., JUEZ DE CAMARA Firmado por: ANA VICTORIA ORDER, JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: C.O.G., SECRETARIO DE CAMARA #26828374#200763057#20180309122547896 art. 11 de la ley 23.737 seria inaplicable en autos, ya que sería necesario la

   consumación de algún hecho típico y la comprobada participación de 3 o más

   personas, lo que en autos no habría sucedido, toda vez que en el lugar donde se

   encontró el material prohibido sólo se hallaba su asistido, sin intervención de

   otras personas.

   A su turno, los abogados que representan a C. A. B.,

   sostienen que la resolución que impugnan adolece de los mismos vicios que la

   anterior, realizando –a su modo de ver una descripción genérica y ambigua del

   rol que se le atribuye a su asistido –organizador omitiendo dar precisión acerca

   de las circunstancias de lugar, tiempo y modo. Alegan que el instructor no valora

   ni realiza un examen de la prueba recolectada, sino meras transcripciones del

   contenido de las intervenciones telefónicas, por lo que, con base al art. 123 del

   CPPN, solicita la nulidad del auto de procesamiento y el apartamiento del

   magistrado a quo, a fin de que pueda resolverse nuevamente la situación procesal

   de su asistido y dictarse la falta de mérito en favor de aquél. Afirma que una

   hipótesis más probable que la sostenida por el instructor sería que los diálogos

   telefónicos versarían sobre posibles transacciones de compra y venta de

   pescado

   y no de una operación de narcotráfico como lo infiere el magistrado,

   toda vez que su asistido es guía de pesca y se dedica a la pesca comercial. Siguen

   diciendo, que no se habría secuestrado en poder de alguno de los encartados, los

   aparatos de telefonía celular de los cuales salían o entraban las llamadas

   interceptadas, ni se habría probado que las cuentas telefónicas hayan pertenecido

   a alguno de ellos. Sostiene que al dictarse el procesamiento se consideró probado

   que su asistido habría sido nombrado en varias comunicaciones cuando se hacía

   referencia a “cacho”, pero que ese seudónimo no le pertenecería a su asistido y

   que tampoco surgiría de los diálogos algún tipo de vinculación para unir a la

   persona mencionada con su representado. Cuestiona la información recolectada

   por parte de la prevención de que las cuentas telefónicas pertenecían a los

   enrostrados debido a que habría sido obtenido de datos suministrados por

   transeúntes y navegantes, en razón de trabajos de inteligencia efectuados por la

   Prefectura Naval Argentina. Critica el hecho de que el instructor no haya valorado

   el informe expedido por la Dirección de Migraciones del cual surge que su

   asistido no se encontraba en el país al momento del hecho. Se agravia del rol

   asignado por el magistrado como “organizador”, no obstante no darse los

   elementos objetivos ni subjetivos del tipo previsto en el art. 7 de la ley 23.737.

   Asimismo, alegan que la prisión preventiva decretada en contra de su asistido es

   arbitraria, pues no se advertiría cuál sería el fundamento por el que se dispone el

   encierro cautelar, dado que no habría riesgo procesal y existirían innumerables

   medidas alternativas a la prisión preventiva, siendo ésta la última ratio. Cita

   doctrina y jurisprudencia en apoyo de sus dichos.

   Seguidamente el defensor del imputado H. sostiene que

   el procesamiento en contra de su asistido no correspondería, debido a que las

   pruebas de cargo serian escasas. Alega que no estaría probado el modo, tiempo y

   lugar en el que se llevaría a cabo la comercialización del material prohibido y que

   del allanamiento practicado en el domicilio de aquél no se habría hallado ningún

   elemento de interés para la causa, ni material prohibido, ni dinero en cantidad, lo

   que resultaría lógico toda vez que el instructor habría entendido que su defendido

   era quien compraba y comercializaba estupefacientes. En razón de ello, solicita se

   revoque la resolución puesta en tela de juicio por carecer de fundamentación.

   Cuestiona la aplicación d la agravante prevista en el art. 11 de la ley 23.737, ya

   que –a su modo de ver no habría elemento alguno que acredite la vinculación de

6. con el resto de las personas involucradas, ni prueba que éste forme parte

   de una organización criminal dedicada al narcotráfico. Finalmente, critica la

   prisión preventiva decretada en contra de su asistido, debido a que la

   investigación ya se encuentra concluida y el tiempo que lleva detenido aquél, así

   Fecha de firma: 09/03/2018 Alta en sistema: 16/03/2018 Firmado por: M.G.S., JUEZ DE CAMARA Firmado por: ANA VICTORIA ORDER, JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: C.O.G., SECRETARIO DE CAMARA #26828374#200763057#20180309122547896 Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES FCT 1944/2015/CA8 - CA4 como la carencia de antecedentes penales, ameritaría la revocación de la citada

   medida de coerción personal.

   La Defensa Oficial que representa al imputado T. sostiene

   que las órdenes judiciales de intervención telefónica habrían sido concedidas sin

   una debida y adecuada fundamentación, de conformidad a lo dispuesto por los

   arts. 123 y 236 del CPPN, prorrogándose las aquéllas por el transcurso de un año

   sin respaldarse en elementos objetivos y serios que autoricen tal intromisión en la

   esfera de intimidad de su asistido, por lo que solicita sean declaradas nulas dichas

   resoluciones y aquellos actos que sean su consecuencia, en virtud del art. 172 del

   CPPN. Por otro lado, postulan la invalidez de la declaración indagatoria de L.,

   debido a que –sostiene no se habría precisado el hecho imputado a su asistido en

   circunstancias de tiempo, espacio, modo y ocasión, afectándose de esa forma su

   derecho de defensa material. Seguidamente alega que se reitera en la resolución

   que se impugna la falta de fundamentación de los hechos imputados, ya que el

   instructor en esta nueva resolución sólo habría consignado más escuchas

   telefónicas que habría mantenido su asistido con otros coimputados. Arguye que

   no habría demostrado vinculación...