Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA III - SECRETARIA CIVIL, 29 de Marzo de 2023, expediente FLP 008368/2021/CA001
| Fecha de Resolución | 29 de Marzo de 2023 |
| Emisor | CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA III - SECRETARIA CIVIL |
Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE LA PLATA
La Plata, 29 de marzo de 2023.
AUTOS Y VISTOS: Este expediente FLP
8368/2021/CA1, Sala III, “HAHN, O.G. c/ANSES
s/REAJUSTE DE HABERES”, procedente del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 4 de esta ciudad, Secretaría de Seguridad Social;
Y CONSIDERANDO QUE:
El juez V. dijo:
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La sentencia.
Llegan las actuaciones a esta alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto por la ANSES –
fundado el 25/11/2022- contra la sentencia de fecha 16/08/2022, por la cual el a quo resolvió hacer lugar parcialmente a la excepción de prescripción opuesta por la demandada en los términos del art. 82 de la ley 18.037 y art. 168 de la ley 24.241, declarando prescriptos los períodos anteriores a los dos años de la petición del reajuste en sede administrativa; declarar “la inconstitucionalidad del art. 7 inc. 2 de la ley 24.463, del Decreto 807/16 del PEN, la resolución 6/16
de la Secretaría de la Seguridad Social y Resolución 56/18 de la ANSeS”; hacer lugar parcialmente a la demanda de reajuste del beneficio previsional, ordenando se abonen a la parte actora las sumas que arroje la liquidación que ordena practicar, de conformidad a las pautas que surgen de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dentro del plazo previsto en el art. 2 de la ley 26.153, ello más intereses; declaró la inconstitucionalidad del art. 21 de la ley 24.463,
impuso las costas a la demandada vencida (art. 68 CPCC)
y difirió la regulación de los honorarios.
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El recurso.
Los agravios de la demandada pueden resumirse así: a) la actualización de las remuneraciones percibidas durante los últimos 10 años inmediatos al Fecha de firma: 29/03/2023
Firmado por: R.A.L.A., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: C.A.V., JUEZ
Firmado por: P.M.L., SECRETARIO DE CAMARA
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cese conforme el ISBIC (Índice de Salarios Básicos del Convenio de la Industria y Construcción –personal no calificado-) con la mera referencia al precedente “Elliff”, sin efectuar una valoración de ese índice,
solicitándose se establezca en su lugar la aplicación del índice combinado contemplado en el Programa Nacional de Reparación Histórica (ley nº 27.260), en el decreto nº 807/16 para los beneficios con altas a partir del mensual agosto del año 2016, en la resolución de la Secretaría de la Seguridad Social nº 6/16, y en la resolución de la ANSeS nº 56/2018 para los beneficios con altas anteriores al 01/08/16; b) la determinación de la aplicación del ISBIC a la PBU desde que conforme la modificación del art. 20 de la Ley 24241 (art. 4°, ley 26.417) el monto del haber mensual de la PBU a partir del 01/03/2009 pasó a ser una suma fija a la cual se le aplican las movilidades de la ley general, eliminándose toda referencia al valor del AMPO/MOPRE, señalándose que “(…) el índice determinado por el a quo carece de todo fundamento que lo avale como así también el procedimiento de actualización que determina pues en los presentes actuados se ha ordenado que, -conforme el fallo ‘Q.C.A.’-, evalúe la incidencia que la falta de actualización en uno de los componentes de su prestación (la Prestación Básica Universal),
genera sobre el monto del haber total reajustado. Ello,
a fin de establecer si la falta de actualización de dicho resulta confiscatoria. Por lo tanto para determinar si la diferencia es confiscatoria no se puede reducir a comparar el PBU reajustada por ISBIC con la del Haber de Caja reduciendo la determinación de la diferencia a la comparación de una sola de las prestaciones, la PBU…” –énfasis original-; c) la declaración de inaplicabilidad e inconstitucionalidad de los topes legales; d) la declaración de Fecha de firma: 29/03/2023
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inconstitucionalidad del art. 7, inc. 2, de la ley 24.463 toda vez que dicha cuestión devino abstracta a partir de la sanción de la ley 26.417; e) resulta improcedente la imposición de costas a su cargo.
Corrido el traslado de los agravios la parte actora contestó propiciando su rechazo.
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Tratamiento de la cuestión.
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Conforme se desprende de las constancias de la causa, el actor obtuvo su jubilación PBU-PC-PAP al amparo de la ley 24.241 –transformación ley 24.476- con fecha de adquisición del derecho e inicial de pago el 14/10/2010 (v. constancias de RUB incorporadas en la contestación de la demanda y detalle del beneficio acompañado al escrito de inicio), lo que deja al titular de las presentes actuaciones al margen de las prescripciones del decreto 807/2016 y de la ley 27.260.
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Precisado ello, los argumentos esgrimidos por el apelante en orden a la determinación del haber inicial respecto de los servicios en relación de dependencia, no resultan atendibles.
En efecto, el a quo resolvió haciendo aplicación del criterio sentado en materia previsional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “B., L.O. c/ ANSeS s/ reajustes varios”, sentencia del 18/12/2018, en el que, sobre idéntica cuestión a la que se debate en el presente,
declaró la inconstitucionalidad de la resolución de la ANSES n° 56/2018 –ratificada por la resolución n° 1/2018
de la Secretaría de la Seguridad Social- y confirmó la aplicación al caso del precedente “Elliff”.
2.1. Para así decidir el Máximo Tribunal consideró:
Que la autoridad legislativa en materia de seguridad social ha sido reconocida por esta Corte desde antiguo (Fallos: 170:12; 173:5; 179:394; 326:1431;
Fecha de firma: 29/03/2023
Firmado por: R.A.L.A., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: C.A.V., JUEZ
Firmado por: P.M.L., SECRETARIO DE CAMARA
35603652#362356352#20230328105821087
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328:1602 y 329:3089), en el entendimiento de que son facultades propias de la competencia funcional de ese poder con el fin de cumplir con el objetivo establecido en el Preámbulo de ‘promover el bienestar general’
(Considerando 9°);
Que en ejercicio de esta facultad, al dictar la ley 24.241 en el año 1993, el Congreso derogó la ley 18.037 –que preveía la utilización del índice del nivel general de remuneraciones para calcular el haber inicial de las prestaciones- y encomendó a la ANSeS que reglamente la aplicación del índice salarial que debía utilizarse a los fines de establecer el promedio de las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones,
actualizadas y percibidas durante el período de diez años inmediatamente anteriores a la cesación en el servicio, poniendo como única condición que fuese de carácter oficial (…)
(Considerando 10°);
Que la facultad de elegir el indicador para la actualización de los salarios computables fue reasumida por el legislador al sancionar la ley 26.417 en el año 2008. Este cuerpo normativo, por el que se modificó la movilidad del régimen previsional público, escogió un índice combinado (detallado en su Anexo) y ordenó su aplicación a las remuneraciones "que se devenguen a partir de la vigencia de la presente ley" (arts. 2° y 6°)
(Considerando 14°);
Que si bien “la ANSeS sustentó su facultad para dictar la resolución N° 56/2018 en el art. 36 de la ley 24.241, que no fue modificado por la ley 26.417” no es posible considerar “que la potestad para decidir el índice de recomposición de las remuneraciones pueda razonablemente inferirse de la previsión genérica del art. 36 ya citado (…) toda vez que el legislador que lo concibió consideró necesario disponer en forma expresa sobre el punto y lo hizo asignándola en ese momento a la Fecha de firma: 29/03/2023
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Firmado por: C.A.V., JUEZ
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ANSeS por medio del entonces vigente art. 24, inciso a,
de la ley 24.241, texto original” y que a través del art. 12 de la ley 26.417 se “sustituyó el órgano encargado de dictar normas reglamentarias (de la ANSeS a la Secretaría de Seguridad Social) y la función que debía cumplir” por lo que, a partir de la sanción de esta ley, de manera mucho más significativa “el legislador reasumió la atribución de elegir el índice de actualización de los salarios (art. 2°)” (Considerando 16°).
Con sustento en dichos argumentos el Alto Tribunal concluyó que “la fijación del índice de actualización no puede considerarse incluida dentro de las atribuciones genéricas que la ley 24.241 -texto según ley 26.417- reconoce en cabeza de la ANSeS (art.
36) como tampoco dentro de la facultad específica otorgada a la Secretaría de la Seguridad Social (art.
24, inciso a, segundo párrafo), habida cuenta de que la elección de la variable de ajuste no es un aspecto menor, de detalle, referente al cumplimiento del régimen de jubilaciones, sino que es una cuestión de la mayor relevancia pues tiene directa incidencia sobre el contenido económico de las prestaciones, pudiendo afectar el mandato protectorio del art. 14 bis de la Constitución Nacional o el derecho de propiedad de los beneficiarios” (Considerando 17°, énfasis añadido). Y
continuó: “al haberse dictado la resolución N° 56/2018
después de que finalizara -con la sanción de la ley 26.417- la vigencia de la redacción original del art. 24
de la mencionada ley 24.241, cabe concluir que la ANSeS
se ha arrogado una facultad que ya no poseía, como tampoco la tenía la Secretaría de Seguridad Social,
dependiente del Ministerio de Salud y Desarrollo Social,
al dictar la resolución N° 1/2018 que ratifica el índice fijado por la norma que es objeto de examen en la Fecha de firma: 29/03/2023
Firmado por:...
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