Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo , 26 de Abril de 2011, expediente 16.111/2009

Fecha de Resolución26 de Abril de 2011

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SENTENCIA N° 95.340 CAUSA N° 16.111/2009 SALA IV

FEFER EUGENIA C/ CONSOLIDAR AFJP S.A. S/ DESPIDO

JUZGADO N°53

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 26 DE

ABRIL DE 2011, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso interpuesto contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

La doctora G.E.M. dijo:

  1. Contra la sentencia de fs. 318/321, que rechazó en lo principal la demanda impetrada, se alza la parte actora a fs. 327/333, con réplica de su USO OFICIAL

    contraria a fs. 336/339. Asimismo, el perito contador apela la regulación de sus honorarios (fs. 322).

  2. La actora se agravia en primer término porque el magistrado de grado anterior desestimó su pretensión de encuadrar el caso en las previsiones de la ley 14.546, pues consideró que las prestaciones que ofrecía no constituían una “cosa” susceptible de ser considerada objeto de compraventa, y soslayó lo dispuesto en el art. 2 del C.C.T. 308/75 aplicable a la actividad, que expresamente también incluye la venta de “servicios”. Agrega que la demandada es una empresa comercial, y como tal, fue debidamente representada en la suscripción del convenio aludido, a través de la Cámara Argentina de Comercio y de la Comisión Coordinadora Patronal de Actividades Mercantiles de la Confederación del Comercio de la República Argentina, pues esgrime que el ámbito personal de aplicación del régimen legal en estudio se circunscribe a las respectivas unidades de negociación horizontal que intervinieron en su celebración.

    Sin embargo, las apreciaciones que formula la apelante en orden a la evolución legislativa atinente a la actividad particular, con sustento en la jurisprudencia del fuero, que incluso en ciertas oportunidades reconoce como minoritaria a su postura, no logran desvirtuar lo resuelto en el decisorio de grado anterior en el segmento en debate.

    En efecto, no existe controversia en autos respecto a que la demandante se desempeñó a órdenes de la accionada en carácter de promotora, que su actividad consistía en contactar trabajadores dependientes con el objeto de afiliarlos y/o lograr el traspaso de sus fondos de capitalización a su mandante, conforme el régimen previsional de capitalización vigente en tal oportunidad (Ley 24.241),

    que integraba el equipo de trabajo denominado “altas rentas” en virtud del nivel salarial de los futuros posibles afiliados, y que su labor se desarrollaba permanentemente en el exterior de la sede de la empresa, dado que concurría a entrevistas para captar los futuros clientes (v. capítulos “

  3. Hechos” a fs. 11 y sgtes. de la demanda, y “

  4. Reconocimientos” a fs. 81 vta. de la contestación de demanda).

    Empero, tal como lo puntualizó el sentenciante, dichas tareas no pueden asimilarse al negocio jurídico que celebran los viajantes de comercio, y que constituye la esencia de su actividad, cual es concertar operaciones de compra y venta, según se desprende de un análisis integral de las disposiciones que integran el régimen especial (ley 14.546), conforme detalló en el fallo recurrido,

    y que específicamente aluden a la compraventa mercantil (cfr. arts. 450 y sgtes.

    del Código de Comercio), frente a la ausencia en la especie del resultado concreto que genera dicha operación, y que consiste, precisamente, en transferir la propiedad de las cosas enajenadas. A ello, cabe agregar que tampoco existía la posibilidad de fijar un precio de venta del producto que ofrecía el empleador, en razón de que era la administración pública la que establecía a través de la reglamentación pertinente, qué porcentaje debía retenerse del salario del trabajador para su posterior ingreso en el régimen de capitalización, como así

    también, qué porcentaje máximo de éste podía devengarse a favor de las administradoras en concepto de gastos y costos que ocasionaba la administración de tales fondos (art. 68 ley 24.241, modificada por el art. 23 del decreto nº

    1306/01, B.O. 3/1/2001). De igual modo, tampoco podría considerarse que el promotor de las AFJP generaba una potencial “clientela”, pues si bien intervenía en la oferta y la demanda del servicio que ofrece su representada, efectuada la afiliación o el traspaso pertinente, no mantenía vigente la relación con el cliente,

    ni reiteraba el ofrecimiento del producto durante el transcurso del tiempo para 2

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    concertar nuevas operaciones, como habitualmente sucede en el desarrollo de la actividad del viajante de comercio.

    La aparición de nuevas figuras contractuales subordinadas como las que se advierte en la especie (promotor de AFJP), no permite ni justifica la ampliación del ámbito específico de aplicación personal de la ley 14.546, ni de los convenios posteriores que regulan dicha actividad, cuando no se observan cumplidas las pautas concretas que dicho cuerpo legal establece para ello.

    Por otra parte, el hecho de que el convenio colectivo 308/75 extienda la actividad de los viajantes de comercio a la venta de “servicios”, y configure un régimen más favorable a la trabajadora en virtud del derecho que reclama a percibir la indemnización por clientela, no resulta jurídicamente eficaz para lograr su aplicación al caso particular en estudio. Al respecto, esta S. ha sostenido, con criterio que comparto, que “los convenios colectivos de trabajo,

    como instrumentos normativos, resultan aplicables de modo obligatorio en el ámbito específico establecido legalmente, para lo cual no puede soslayarse la existencia de una estrecha e indispensable vinculación entre la representación que asuma la unidad de negociación de aquéllos, y el ámbito de aplicación (ya sea por actividad, profesión u oficio, o por zona geográfica determinada, o por empresa, etc.), determinado con los alcances establecidos por el art. 8 del decreto 467/88, reglamentario del art. 16 incs. a) y b) de la ley 23.551. De igual modo, merece puntualizarse que, en principio, la aplicación de un convenio colectivo “de actividad” no depende de la profesión u oficio del trabajador, sino de la actividad del empleador para el cual se desempeña, que estuvo representado en la respectiva negociación colectiva”1.

    Desde esta perspectiva, estimo que sin desconocer la amplitud de la representatividad que revestían la Cámara Argentina de Comercio, la Comisión Coordinadora Patronal de Actividades Mercantiles, la Confederación del Comercio de la República Argentina y las entidades adherentes en la oportunidad de la suscripción del convenio en estudio (v. copia del convenio colectivo nº

    308/75 glosado a fs. 142 y 241/248), aquélla no se extendía a la demandada de autos. Ello es así, pues no puede válidamente desconocerse el contexto que dio 1

    (v. CNAT, esta S., S.D. 94.988 del 28/10/2010, “Taboada, M.J. c/ Atento Argentina S.A. s/ Despido”)

    origen a la actividad específica de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (la deficiencia del sistema público de reparto previsional y de seguridad social), y que ésta fue expresamente delimitada por la autoridad pública en el marco regulatorio de la ley 24.241, exclusivamente a la administración de los fondos de jubilaciones y pensiones, y al otorgamiento oportuno de las prestaciones y beneficios que consagraba dicho cuerpo legal (v.

    art. 59, mod. art. 21 del decreto citado), en las formas allí establecidas. La ley citada exigía y condicionaba la continuidad de la actividad de las AFJP a la existencia de un cierto capital mínimo y de un activo permanente disponible denominado encaje (conf. arts. 63 y 89), limitaba su participación en el mercado (art. 73, mod. art. 26 decreto nº 1306/01), e impedía la libre disponibilidad de los fondos de los afiliados para su inversión (art. 74, mod. art. 28 íd. anterior).

    Asimismo, si bien establecía el derecho de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP) a percibir como retribución de los servicios prestados una comisión que se devengaba directamente del aporte del afiliado,

    ello también se hallaba tarifado en cuanto a su origen y cuantía por la administración pública (arts. 68 y 69, mod. arts. 23 y 24, íd. anterior).

    Las condiciones y restricciones...

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