Análisis dogmático del delito de blanqueo de capitales de origen delictivo en la legislación penal Argentina

• Autor: José Daniel Cesano
• Cargo del Autor: Miembro correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales (U.N.C.)
• Páginas: 17-79

Capítulo I

ANÁLISIS DOGMÁTICO DEL DELITO DE

BLANQUEO DE CAPITALES DE

ORIGEN DELICTIVO EN LA LEGISLACIÓN

PENAL ARGENTINA

Por José Daniel Cesano

I. INTRODUCCI1ÓN

El delito de blanqueo de capitales fue introducido en la

sistemática del Código Penal por la ley 25.246.

Es bueno recordar, sin embargo, que la norma recién cita-

da (y sus modificatorias 26.0871, 26.119 y 26.268) tiene una

estructura más bien compleja. En efecto, más allá de penali-

zar la actividad del lavado (a través de la incorporación, en

el Código, de normas represivas), también introdujo dispo-

siciones de orden administrativo tendientes, principalmen-

te, a prevenir el delito.

1 Publicada en el B.O. del 24/04/2006. Para las innovaciones de esta ley, en lo

que concierne al régimen penal administrativo, cfr. PACHECO, Lucila L., “La-

vado de dinero. Análisis de la legislación nacional y sus dificultades prácti-

cas con motivo de las reformas introducidas por la ley 26.087”, en Revista de

Derecho Penal y Procesal Penal, N° 11/2006, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006,

pp. 2213/2215, y BAUCHÉ, Eduardo Germán, Lavado de dinero. Encubrimiento

y lavado de activos. Ley 25.246. Reformada por ley 26.087, Ediciones Jurídi-

cas, Buenos Aires, 2006, pp. 129-138 y 241-251.

18 RAÚL CERVINI - JOSÉ D. CESANO - JUAN M. TERRADILLOS BASOCO

Es así que la ley 25.246 consta de cinco capítulos. Dejando

de lado el primero (que es el que realiza las modificaciones

al texto del Código Penal) y el quinto (referido a la interven-

ción, en la investigación penal, del Ministerio Público Fis-

cal), los otros tres capítulos se ocupan de:

a) La Unidad de Información Financiera (en adelante

U.I.F.), regulada en el capítulo segundo. Se trata de un orga-

nismo con autarquía funcional que opera en jurisdicción del

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Según el artículo 6° (texto según ley 26.268), la U.I.F. será la

encargada del análisis, tratamiento y transmisión de infor-

mación a los efectos de prevenir los delitos de lavado de ac-

tivos y de financiación del terrorismo. En lo que concierne a

la primera categoría (blanqueo), la ley se orienta a la pre-

vención y al impedimento de aquellas maniobras en las que

el capital espurio se vincula con la comisión de los siguien-

tes delitos: tráfico y comercialización de estupefacientes;

contrabando de armas; figuras relacionadas con las activi-

dades de una asociación ilícita calificada en los términos del

artículo 210 bis del Código Penal (C.P.) o de una asociación

ilícita terrorista en los términos del artículo 213 del Código

Penal; fraude contra la Administración Pública (artículo 174,

inciso 5, C.P.); figuras contra la Administración Pública pre-

vistas en los Capítulos VI (cohecho y tráfico de influencias),

VII (malversación de caudales públicos), IX (exacciones ile-

gales) y X bis (enriquecimiento ilícito de funcionarios y em-

pleados) del Título XI del Libro II del Código Penal; prosti-

tución de menores y pornografía infantil, previstos en los

artículos 125, 125 bis, 127 bis y 128 del Código Penal, y finan-

ciación del terrorismo.

b) El capítulo tercero está destinado a los sujetos (perso-

nas físicas [por ejemplo: escribanos públicos, profesionales ma-

triculados en los Consejos Profesionales de Ciencias Econó-

micas, etc.] y jurídicas [por ejemplo: entidades financieras,

registros públicos de comercio, empresas aseguradoras, etc.]),

que deben informar a la U.I.F. de las operaciones que sean

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EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES DE ORIGEN DELICTIVO...

sospechosas y de las que tuvieran conocimiento (artículos 20

y 21, inciso b)2, así como también de las obligaciones a las

que aquellos sujetos quedan sometidos (además de informar,

recabar de sus clientes, requirentes o aportantes documen-

tos que prueben fehacientemente su identidad, personería

jurídica, domicilio y demás datos que en cada caso se estipu-

le; abstenerse a informar al cliente o terceros las actuacio-

nes que se estén realizando en cumplimiento de esta ley)3.

c) Por fin, el capítulo cuarto estructura un régimen penal

administrativo, estableciendo penas de multa (artículos 23 y

24) no sólo para las personas físicas sino también para las

corporaciones, previéndose, además, normas de procedi-

miento y fijándose reglas de prejudicialidad4.

2 Al respecto, con amplitud, cfr. PÉREZ LAMELA, Héctor D., Lavado de dinero.

Doctrina y práctica sobre la prevención e investigación de operaciones sospecho-

sas, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006, pp. 141-153. Con fecha 05/12/2007

(publicada en el B.O. del 07/12/2007) se dictó en el ámbito de la Unidad de

Información Financiera, la Resolución Nº 228/2007, que aprueba las directi-

vas de reglamentación del artículo 21 (incisos a y b) de la ley 25.246.

3 El artículo 22, segundo párrafo, de la ley tipifica el delito de violación del

secreto de la información remitida o a remitir a la U.I.F. Al respecto, cfr. DURRIEU,

Roberto (h), El lavado de dinero en la Argentina. Análisis dogmático y político-

criminal de los delitos de lavado de activos de origen delictivo (ley 25.246) y

financiamiento del terrorismo, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006, pp. 48 y 49.

4 La bibliografía respecto de este régimen penal administrativo es abundan-

te. Así, el lector podrá consultar con gran provecho, sin ánimo de exhaustividad,

las siguientes obras: DURRIEU, Roberto (h), El lavado de dinero en la Argenti-

na. Análisis dogmático y político-criminal de los delitos de lavado de activos de

origen delictivo (ley 25.246) y financiamiento del terrorismo, pp. 53/77; BAUCHÉ,

Eduardo Germán, Lavado de dinero. Encubrimiento y lavado de activos. Ley

25.246. Reformada por ley 26.087, pp. 216 y ss.; CEVASCO, Luis Jorge, Encubri-

miento y lavado de dinero, Fabián J. Di Plácido Editor, Buenos Aires, 2002,

pp. 65-108. Respecto de la responsabilidad penal administrativa de las cor-

poraciones que surge del artículo 23 y los problemas constitucionales que, en

nuestro sistema jurídico, podría producir (dada la indiferencia cualitativa

entre infracción delictual y administrativa), cfr. CESANO, José Daniel, Estu-

dios sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica. Formulaciones teó-

ricas, realizaciones normativas y derecho comunitario en el ámbito de la crimi-

nalidad económica, Ediar, Buenos Aires, 2006, pp. 54-60 y 112-113.