Un circuito paralelo para privilegiar los pagos de los empresarios amigos

Ni en una pesadilla Lázaro Báez habrá imaginado que sus trabajadores serían la mecha que encendería el infierno judicial en el que está. El 12 de diciembre de 2015, dos días después del cambio de inquilino en la Casa Rosada, el nuevo jefe de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Javier Iguacel, se informó a través de un resumen de prensa sobre un conflicto en Santa Cruz. Los empleados de Austral Construcciones tenían a media provincia convulsionada, decía la crónica periodística, porque no cobraban los sueldos. Los debía pagar la nave insignia con la que Báez se hizo millonario, pero le echaban la culpa a Vialidad.

Iguacel se sorprendió con los renglones que relataban la historia donde un supuesto funcionario de su cartera reconocía el incumplimiento de Vialidad. Todo eso lo llevó a ordenar una auditoría. La hizo parte del equipo de planta del organismo, pero bajo el pedido de actuar "con las manos desatadas".

Los resultados de la investigación fueron aún más sorprendentes desde la mirada del Gobierno. El reclamo provenía de los empleados de una empresa a la que se le había pagado por adelantado, cuando al mismo tiempo el Estado tenía con otras constructoras deudas de casi un año por US$ 2000 millones.

Puestos en una carpeta, los hallazgos se convirtieron en la base de una causa que hoy se tramita en el juzgado de Julián Ercolini y por la cual el Estado reclama un reembolso de $ 22.500 millones.

Según la investigación al interior de la DNV, el organismo le enviaba todos los meses al Ministerio de Economía una planilla con los certificados para cancelar las deudas con las empresas constructoras. Quien daba la orden era José López, entonces secretario de Obras Públicas y desde el año pasado un preso célebre del kirchnerismo, luego de intentar ocultar casi US$ 10 millones en un convento.

LA NACION vio una de esas listas, correspondiente a enero de 2015. En el margen derecho estaba anotado con letra manuscrita: "Los 10 primeros sí o sí se paguen [sic]". En el sexto lugar de esa lista figuraba Austral Construcciones, que tenía para cobrar ese mes $ 60 millones.

La prioridad de pago hacia las compañías de Báez se repetía en la mayoría de los documentos en los que se liquidaban las deudas de Vialidad, algo que le permitió al organismo, que funciona en la órbita del Ministerio de Transporte, a cargo de Guillermo Dietrich...