Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA III - SECRETARIA CIVIL, 9 de Agosto de 2022, expediente FLP 013220/2020/CA001
| Fecha de Resolución | 9 de Agosto de 2022 |
| Emisor | CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA III - SECRETARIA CIVIL |
Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE LA PLATA
La Plata, 9 de agosto de 2022.
AUTOS Y VISTOS: Este expediente FLP
13220/2020/CA1, Sala III, “VIEGAS, ANGEL JORGE c/ANSES
s/REAJUSTE DE HABERES”, procedente del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de esta ciudad, Secretaría de Seguridad Social;
Y CONSIDERANDO QUE:
El juez V. dijo:
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La sentencia.
Llegan las actuaciones a esta alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto por la ANSeS –
fundado el 28/03/2022-, contra la sentencia de fecha 09/02/2022, por la cual el a quo resolvió hacer lugar parcialmente a la excepción de prescripción opuesta por la demandada en los términos del art. 82 de la ley 18.037 y art. 168 de la ley 24.241, declarando prescriptos los períodos anteriores a los dos años de la petición del reajuste en sede administrativa; hacer lugar parcialmente a la acción incoada por el actor y declarar para el caso concreto la inconstitucionalidad del art. 2 de la ley 27.426; declarar para el caso concreto la inconstitucionalidad del art. 1° del decreto n° 163/2020, del artículo 1° del decreto n° 495/2020,
del art. 1° del decreto n° 692/2020 y del art. 1° del decreto 899/2020 por medio de los cuales el Poder Ejecutivo fijó los aumentos correspondientes a los haberes de la clase pasiva durante el año 2020,
ordenando que se proceda al reajuste del haber jubilatorio del actor, de conformidad con las pautas señaladas. Finalmente, impuso las costas a la demandada vencida (art. 68 CPCCN) y difirió la regulación de honorarios.
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El recurso.
Los agravios de la demandada pueden resumirse así: a) lo resuelto por el a quo en cuanto declaró la Fecha de firma: 09/08/2022
Firmado por: P.M.L., SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: CESAR ALVAREZ, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: C.A.V., JUEZ
Firmado por: R.A.L.A., JUEZ DE CAMARA
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inconstitucionalidad del decreto 807/16 aplicando erróneamente “por extensión” los argumentos esgrimidos por el voto mayoritario de la Corte Suprema en el precedente “Blanco”, y determinó la actualización de las remuneraciones percibidas durante los últimos 10 años inmediatos al cese conforme el ISBIC (Índice de Salarios Básicos del Convenio de la Industria y Construcción –
personal no calificado-) solicitándose se disponga la actualización de las remuneraciones conforme los parámetros previstos en el Programa Nacional de Reparación Histórica (ley nº27.260), aprobados en la resolución de la Secretaría de la Seguridad Social nº6/16;; b) la declaración de inconstitucionalidad del art. 2 de la ley 27.426, sosteniendo que dicha normativa “no es retroactiva (…), su vigencia temporal no abarca las consecuencias consumadas bajo la vigencia de la ley anterior (el ajuste devengado en septiembre de 2017 y anteriores), sino que aplica a las consecuencias aún no cumplidas al momento de su entrada en vigencia (el ajuste correspondiente a marzo de 2018)”; c) la declaración de inconstitucionalidad de los decretos 163,
495, 692, y 899 de 2020, señalando, en sustancia: 1) que debido a las circunstancias excepcionales que precedieron al dictado de la ley 27.541 y que se agravaran por la pandemia, el Poder Ejecutivo Nacional ha dispuesto una gran cantidad de medidas para morigerar el impacto de la restricción de las actividades económicas y la circulación de personas en el marco de la emergencia sanitaria con la finalidad de preservar los ingresos de los trabajadores y de las trabajadoras,
las fuentes y los puestos de trabajo, y de brindar una cobertura a los sectores sociales más vulnerables; 2)
que “en el caso, no hay supresión de derechos, sino que transitoriamente se suspendió la movilidad en los términos del artículo 32 de la Ley N° 24.241 y se ordenó
Fecha de firma: 09/08/2022
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al PEN fijar trimestralmente el incremento de haberes previsionales y convocar una comisión para proyectar una modificación normativa en relación a la movilidad”, por lo que el reclamo y pretensión de la parte actora debe ser analizado “en el marco de la emergencia en materia previsional declarada por la Ley 27.541, sin olvidar la finalidad social y el interés público comprometido en la misma y recordando que el a quo no declaro la inconstitucionalidad de la misma”; y 3) que “la medida legal cuestionada [ley 27.541] no reduce los haberes,
sino que limita temporalmente su acrecimiento de conformidad con la fórmula de la ley anterior, todo esto en pos de evitar un perjuicio al sistema en su totalidad”; d) “para analizar si se respeta el principio de progresividad o no regresión, es preciso evaluar la ley y sus decretos, en su conjunto, ponderando sus aspectos principales, y no en forma aislada ni sesgada”;
e) resulta improcedente la imposición de costas a su cargo.
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Tratamiento de la cuestión.
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Conforme surge de las constancias de autos,
el actor obtuvo su beneficio jubilatorio PBU/PC/PAP al amparo de la ley 24.241 con fecha inicial de pago el 02/12/2016 (cfr. pantallas de RUB incorporadas al contestar la demanda digitalizadas con fecha 17/05/2021
y documentación digitalizada por la parte actora junto con la demanda con fecha 05/02/2021); dándose, entonces,
el presupuesto fáctico previsto en el decreto 807/16.
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En lo que concierne a la composición del haber jubilatorio y en orden a los servicios en relación de dependencia, no existen razones para apartarse de lo decidido en primera instancia en cuanto a la aplicación del precedente “Elliff”.
En ese sentido, la objeción de la ANSeS suscita el examen de cuestiones sustancialmente análogas a las Fecha de firma: 09/08/2022
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resueltas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “B., L.O. c/ ANSeS s/ reajustes varios” (sentencia del 18/12/2018), por lo que con sujeción a lo allí considerado para concluir en la inconstitucionalidad de las resoluciones de ANSeS N°
56/2018 y de la Secretaría de la Seguridad Social Nº
1/2018, corresponde también hacerla extensiva al decreto 807/16.
2.1. En efecto, en dicho precedente el Máximo Tribunal tuvo en consideración:
Que la autoridad legislativa en materia...
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