Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal, 7 de Diciembre de 2010, expediente 13.931

• Fecha de Resolución: 7 de Diciembre de 2010

Causa Nº 13.931 -Sala I-

TEJERINA, A.F. s/

recurso de casación.

Cámara Nacional de Casación Penal 2010 - Año del B.R.. Nº 17.074

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2010.

Y VISTOS:

Para decidir acerca de la admisibilidad del recurso de casación deducido por la defensa particular de A.F.T. en la presente causa nº 13.931.

Y CONSIDERANDO:

1. ) Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy no hizo lugar a la suspensión del juicio a prueba solicitada en favor de A.F.T. (cfr. fs. 68/69

   vta.).

   Contra esa resolución, interpuso recurso de casación la defensa particular del nombrado (fs. 72/76 vta.),

   el que fue concedido a fs. 78/78 vta..

2. ) Que en virtud de la doctrina plenaria sentada por la Cámara Nacional de Casación Penal in re:

   Kosuta, T.R. s/recurso casación

   , del 17 de agosto de 1999, “la oposición del Ministerio Público Fiscal, sujeta al control de logicidad y fundamentación por parte del órgano jurisdiccional, es vinculante para el otorgamiento del beneficio”. Dicha postura no se ha visto modificada por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “A.,

   A.E. s/infracción art. 14, primer párrafo, de la ley 23.737 -causa nº 28/05-“, rta. el 23 de abril de 2008, como recientemente lo ha señalado esta S. in re: “R., H. Julio s/rec. de casación”, c. nº 9680, reg. nº 12.956, rta. el 21/11/08, y “Tavarozzi, O.G. s/rec. de casación”, c.

   nº 10.558, reg. nº 13.016, rta. el 12/12/08.

3. ) Que en oportunidad del dictado del fallo plenario de mención se dijo que el carácter vinculante de la oposición fiscal deriva de que a esa parte incumbe la promoción y el ejercicio de la acción pública por mandato del art. 120 de la Constitución Nacional y, en particular, que esa facultad privativa se encuentra expresamente prevista no sólo en la ley y en el Código Procesal Penal de la Nación (arts. 65 y cc.)

   sino también en la Ley Orgánica del Ministerio Público (nº

   24.946, sancionada el 11/03/98 y promulgada parcialmente el 18/03/98, B.O. del 23/003/98), cuando señala entre las funciones que corresponden al Ministerio Público (Título II,

   Sección I, art. 25) las de: "a) Promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad; [...] b) Representar y defender el interés público en todas las causas y asuntos que conforme a la ley se requiera; [...] c) Promover y ejercer la acción pública en las causas criminales y correccionales [...]".

   Siguiendo este orden de ideas debe entenderse que cuando el fiscal expresa su oposición a la suspensión del proceso, "[...] no ejerce jurisdicción sino que manifiesta su voluntad de continuar ejerciendo la acción. Y puesto que la suspensión del proceso a prueba no es otra cosa que la suspensión del ejercicio de la acción penal, el tribunal, que carece de poderes autónomos para su promoción y ejercicio,

   tampoco tiene poder de decisión sobre la suspensión de ese ejercicio. Por ello, depende de la conformidad fiscal" (Luis M.

   García, "Suspensión del Juicio a Prueba", en Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal, Ed. A.H., 1996, pág. 365).

   Causa Nº 13.931 -Sala I-

   TEJERINA, A.F. s/

   recurso de casación.

   Cámara Nacional de Casación Penal 2010 - Año del B. 4º) Que en este sentido, tal como se desprende de la lectura del resolutorio recurrido, el Tribunal de juicio,

   ha denegado la solicitud de suspensión del juicio a prueba efectuada por la defensa de T. sobre la base de que la oposición del fiscal se encontraba fundada en tanto se refería que el encartado ejerció una función que transitoriamente tenía el carácter público. En punto a ello, cabe señalar que el a quo compartió las consideraciones vertidas por el representante del Ministerio Público Fiscal en cuanto a que "...al imputado se le confió carácter de 'fiscalizador' de las autoridades funcionales-estatales efectivas en el acto electoral, el cual resulta de la mayor...