PPC: una sigla que tomó nuevamente protagonismo

En febrero de este año Coca-Cola solicitó la apertura de su procedimiento preventivo de crisis, que finalmente no fue aceptado por el Ministerio de Producción y Trabajo. El hecho volvió a instalar en la opinión pública tres letras: PPC, las siglas de esta figura que suele aparecer justamente en épocas de vacas flacas para las empresas. El gigante de las gaseosas no lo aplicó, pero otras compañías sí: en los dos primeros meses del año se presentaron 21 de estos pedidos, según datos del propio Gobierno.Sebastián Córdova-Moyano, socio del Estudio Córdova Francos Abogados, dice que el PPC, nacido en 1991, es un procedimiento administrativo (ante la Secretaría de Trabajo y con intervención del sindicato representativo) que las empresas deben seguir antes de comunicar despidos o suspensiones. "Esto debe ser por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas, que afecten a más de 15% de los trabajadores en empresas de menos de 400 empleados; a más de 10% en empresas de entre 400 y 1000 empleados, o a más de 5% en empresas de más de 1000 empleados. Dados esos porcentajes de trabajadores afectados, se podrá disponer la desvinculación mediando el pago del 50% de la indemnización por antigüedad", explica.Algunas de las empresas que se encuadraron bajo este procedimiento en los últimos tiempos son FATE (perteneciente al grupo Aluar), Editorial Atlántida y Avianca. Un poco más lejos en el tiempo está el caso de Carrefour, que se dio a conocer en abril de 2018, antes de la crisis cambiaria, y que tuvo gran resonancia.Los pedidos de PPC presentados en 2016 fueron 146, según datos oficiales. Hasta febrero de este año, aquellos que aún se encontraban abiertos, con audiencias u observados con solicitudes de mayor documentación, eran 107, los que sumados a los 21 que se iniciaron en los dos primeros meses de este año arrojan un total de 128 PPP abiertos. En tanto, solo en 14 casos los pedidos fueron desistidos o no se alcanzó un acuerdo entre la empresa y el sindicato durante el año pasado.Javier Alegría, socio del Estudio Alegría, Buey Fernández, Fissore & Montemerlo, separa a esta figura de los concursos preventivos de acreedores y las quiebras, porque está...

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