Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - Sala SALA, 30 de Mayo de 2014, expediente CCC 019660/2011/TO01/2/CFC002

• Fecha de Resolución: 30 de Mayo de 2014
• Emisor: Sala SALA

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4

CCC 19660/2011/TO1/2/CFC2

REGISTRO N° 1008/14

la ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de MAYO del año dos mil catorce, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor G.M.H. como P. y los doctores J.C.G. y M.H.B. como Vocales, asistidos por el Secretario actuante, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto a fs. 90/109 de la presente causa CCC 19660/2011/TO1/2/CFC2 del registro de esta Sala, caratulada: "VÍCTOR, R.D. s/recurso de casación e inconstitucionalidad"; de la que RESULTA:

1. Que el Tribunal Oral en lo Criminal N° 16

   de esta ciudad, en el marco de la causa N° 3732 de su registro, con fecha 10 de febrero de 2014 resolvió:

   I.- NO HACER LUGAR A LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL

   DECRETO Nº 18/97 postulada por la Defensa de R.D.V. a fs. 60/67 y 68/73.-

   II. NO HACER LUGAR

   al PLANTEO DE NULIDAD de las SANCIONES DISCIPLINARIAS

   impuestas al interno R.D.V. mediante las Resoluciones Ordenativas 4065/13 y 4087/13 de la Unidad Residencial nº I del Complejo Penitenciario Federal II del Servicio Penitenciario Federal,

   interpuesta en forma subsidiaria por el Dr. R.R. en su carácter de letrado Defensor de R.D.V. a fs. 60/67 y 68/73 del presente incidente

   (fs. 81/88).

2. Que contra dicha resolución, el señor Defensor Público Oficial doctor R.R.,

   interpuso recurso de casación e inconstitucionalidad (fs. 90/109), que fue concedido (fs. 110/111).

3. El recurrente estimó procedente su impugnación en virtud de lo establecido en los dos incisos del art. 456 del C.P.P.N. y en el art. 474 de dicho código, alegando que la resolución recurrida carece de fundamentación, vulnera el derecho de defensa en juicio y la ley 24.660 y su reglamentación,

   y que el decreto 18/97 resulta inconstitucional.

   Señaló que el a quo rechazó los planteos de la defensa mediante afirmaciones dogmáticas que descalifican la resolución atacada como acto jurisdiccional válido, y que la misma “desoye totalmente la exigencia de respeto al debido proceso,

   valoración probatoria conforme a las reglas de la sana crítica y el principio de inocencia” (cfr. fs. 103

   vta.).

   Respecto de la tacha de inconstitucionalidad del decreto 18/97, indicó el recurrente que “no es posible admitir, en un Estado de Derecho, que un ciudadano pueda ser sancionado por una norma dictada sin la intervención del Congreso” (cfr. fs. 104), y que por ello la aplicación del decreto mencionado afecta el principio de legalidad.

   Agregó que la administración penitenciaria pertenece al Poder Ejecutivo, a quien le está vedada constitucionalmente la detención de personas.

   En cuanto a la tacha de nulidad del proceso disciplinario, señaló el recurrente que el “nada refirió el tribunal al respecto de la cuestión planteada acera de la falta de notificación a la audiencia en los términos del artículo 40 del mencionado reglamento”, lo cual, alega, impidió la posibilidad de que su asistido “cuente con una oportuna defensa que le permita confrontar las acusaciones y ofrecer pruebas en el momento en que se celebraba el cuestionado procedimiento” (cfr. fs. 105

   vta.). Expuso que se produjo una seria afectación del derecho de defensa, en tanto el interno no tuvo posibilidad de ser asistido por un defensor durante el procedimiento administrativo.

   Agregó que en el proceso disciplinario ha existido una desigualdad de armas, ya que no puede aceptarse que quien formula la acusación, ordena Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4

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   medidas, designa al personal que instruirá el proceso y, finalmente, impone sanciones sea la misma persona,

   quien además es el superior de los que se desempeñan como testigos.

   Citó jurisprudencia en sustento de su postura.

   Finalizó su presentación solicitando que se anule la resolución impugnada y se declare la inconstitucionalidad del decreto 18/97.

   Hizo reserva del caso federal.

4. Que en la etapa prevista en el art. 465

   bis, en función de los arts. 454 y 455 del C.P.P.N.

   (ley 26.374), la defensa presentó breves notas (cfr.

   fs. 114/115 vta.), en la que efectuó algunas consideraciones respecto de los agravios expuestos en la presentación casatoria. Siendo así, quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas, y efectuado el sorteo de ley para determinar el turno en el que los señores jueces debían emitir su voto, resultó el siguiente orden sucesivo: doctores G.M.H.,

   M.H.B. y J.C.G..

   El señor juez G.M.H. dijo:

1. El recurso interpuesto es formalmente admisible.

   He sostenido con insistencia -y originalmente en soledad-, que el control judicial amplio y eficiente resulta ineludible a la luz de la ley vigente, y además un factor altamente positivo para el logro de los fines que procuran las normas de ejecución de las penas privativas de libertad (cfr.:

   de esta Sala IV, causa N.. 699, "M., C.F. s/recurso de casación", Reg. N.. 992, rta. el 4/11/97; causa N.. 691, "MIGUEL, E.J. s/recurso de casación", Reg. N.. 984; causa N.. 742,

   "FUENTES, J.C. s/recurso de casación", Reg.

   N.. 1136, rta. el 26/2/98; causa N.. 1367, "QUISPE

   RAMÍREZ, I. s/recurso de casación", Reg. N..

   1897, rta. el 18/6/99; entre muchas otras). Criterio que con posterioridad fue adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "ROMERO

   CACHARANE, H.A. s/ejecución" (Fallos 327:388,

   rta. el 9/3/04).

   Allí, la Corte sostuvo que el principio de judicialización de la etapa ejecutiva de la pena "significó, por un lado, que la ejecución de la pena privativa de libertad, y consecuentemente, las decisiones que al respecto tomara la autoridad penitenciaria debían quedar sometidas al control judicial permanente, a la par que implicó que numerosas facultades que eran propias de la administración...