Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 11 de Octubre de 2016, expediente FMZ 017457/2013/CA001

• Fecha de Resolución: 11 de Octubre de 2016
• Emisor: CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A

Año del B. de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA A FMZ 17457/2013/CA1

Mendoza, 11 de Octubre de 2016.

AUTOS Y VISTOS: Los presentes autos N°

FMZ 17457/2013/CA1, caratulados: “MATEOS OROPEL, MELISSA

(SUM 1114/13) sobre FALSEDAD IDEOLOGICA”, venidos del Juzgado

Federal N° 1 de Mendoza a esta Sala “A” en virtud del recurso de apelación

interpuesto por el Defensor Público Oficial Ad Hoc, en representación de

M., a fs. 122/124 vta. contra la resolución de fs. 117/121

vta., en cuanto resuelve: “1º) DICTAR EL PROCESAMIENTO SIN

PRISIÓN PREVENTIVA de M. M., OROPEL (…) por

considerarla, “prima facie”, autora penalmente responsable de un hecho

constitutivo del delito previsto y reprimido por el art. 293 del CP en

concurso real con el art. 5to. inc. e) con el atenuante del último párrafo de

la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23737, agravado por el art. 11 inc. e)

de esta norma en grado de tentativa (art. 42 del CP …”; Y CONSIDERANDO:

I. Que contra la resolución de fs. 117/121 vta. cuyo

dispositivo ha quedado transcripto ut supra interpone recurso de apelación a

fs. 122/124 vta. la Defensa de M., el que fue concedido a

fs. 125.

En primer término, entiende que no se ha configurado

en autos la presunta infracción al art. 293 del CP, atribuido a su pupila.

Al respecto, señala que para que exista la falsedad

ideológica, prevista en el tipo imputado, tendría que existir la obligación del

presunto falsario de decir verdad.

En el caso, M. M. no tenía obligación de

decir verdad, si así fuera se afectaría su derecho de defensa material, en

particular el derecho a no autoincriminarse.

Ante lo expuesto, estima que corresponde sobreseer a

su defendida del delito endilgado, en concordancia con el art. 336 del CPPN.

Fecha de firma: 11/10/2016 Firmado por: SALA A: DRES. G.M., CORTÉS Y PARRA-

Firmado(ante mi) por: R.H.M., ANTE M

1. Secretario de Cámara #15980659#163783317#20161005101410138 Por otra parte, alega que la calificación legal que ha

   efectuado el Juzgado de Instrucción de la conducta de M., en relación a la

   sustancia estupefaciente secuestrada, es incorrecta, toda vez que la misma

   resulta ser atípica.

   Destaca que, a partir del fallo “A.” de la Corte

   Suprema de Justicia de la Nación, se ha despenalizado la tenencia de

   estupefacientes para consumo personal, por lo que el artículo 14, segunda

   parte, de la Ley 23737, ha quedado tácitamente derogado.

   Así es que, si no se castiga la tenencia para consumo

   personal, mal puede castigarse a quien de manera ocasional y a título gratuito,

   sin lucrar con ello, hace entrega por única vez de un escasa cantidad de

   material estupefaciente a quien destinará dicho material a su propio consumo.

   Por tanto, teniendo en consideración la no afectación

   del bien general, los antecedentes del fallo “A.” en el sentido de la

   despenalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal, y la

   ocasionalidad de la conducta desplegada por su asistida, impetra el

   sobreseimiento de M., por la atipicidad de la conducta achacada.

   II. Que, elevado el expediente a la Alzada se presenta

   a fs. 130 y vta. el Dr. Alejo Amuchastegui, Defensor Público Ad Hoc, a favor

   de M. he informa el recurso de apelación oportunamente

   interpuesto, en el que en honor a la brevedad remite a los argumentos

   expuestos en el escrito recursivo.

   A fs. 131/132 vta. el Sr. Fiscal General ante esta

   Cámara presenta informe por escrito, oportunidad en la que manifiesta que

   conforme surge de las probanzas reunidas la conducta que la imputada

   intentó realizar fue una entrega frustrada de estupefacientes, con lo cual se

   encuentra acreditada la existencia de los elementos que requiere el tipo del

   último párrafo del ar. 5° inc. e) de la ley bajo análisis.

   Dicho esto, entiende que la solución jurídica para el

   caso se encuentra en la atipicidad de la conducta (art. 336, inc. 3°, del

   C.P.P.N.), ya que se infiere de las constancias de la causa que la finalidad del

   suministro gratuito de estupefacientes por parte del imputado fue el consumo

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1. Secretario de Cámara #15980659#163783317#20161005101410138 Año del B. de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA A FMZ 17457/2013/CA1 personal de la persona a la que iba a visitar, lo que constituye una

   participación en un injusto ajeno. Así, entiende que al considerar que el

   consumo del destinatario de la droga sería atípico, idéntica solución abarca

   también a la conducta de quien suministra la sustancia.

   Con relación a la falsedad ideológica investigada, esto

   es, el aporte de datos correspondientes a otra persona (Cynthia Verónica

   Casas) por M. M., previo a la visita del interno Fernando Daniel

   Flores, indica que corresponde dictar la falta de mérito de la nombrada. Ello

   toda vez que, si bien se verificó una falsa declaración acerca de la

   identificación personal por quien pretendía ingresar al penal, en ninguna de las

   fichas relativas las visitas se observa la individualización que dio la imputada

   M. en la Conserjería.

   En mérito a las puntualizaciones formuladas sugiere la

   producción de diversas medidas de prueba.

   VOTO DEL SEÑOR JUEZ DE CAMARA DR. JUAN ANTONIO

   GONZALEZ MACIAS.

   I. Que, entrando a resolver la cuestión sometida a

   debate, a efectos de una mejor claridad expositiva, se analizará en primer

   término la calificación legal atribuida a la conducta de M. Mateo, en

   orden al delito previsto y reprimido por el art. 5 inc. e) con la atenuante del

   último párrafo de la Ley Nacional de Estupefacientes N°23737, agravado por el

   art. 11 inc. e) de esta norma en grado de tentativa.

   Así, en atención al informe presentado por el Sr. Fiscal

   General ante esta Cámara, esta Alzada entiende que, sin perjuicio del criterio

   sostenido en casos análogos, a partir de un nuevo análisis de la cuestión

   planteada y a la luz de los principios rectores del Código de Rito, corresponde

   hacer lugar al sobreseimiento solicitado por el representante del Ministerio

   Público Fiscal, como titular de la acción pública.

   A fs. 131/132, el Dr. D. V., F. General,

   solicita expresamente el sobreseimiento de la imputada Melissa Mateos

   Oropel, toda vez que considera que la conducta propiciada (art. 5º inc. e),

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1. Secretario de Cámara #15980659#163783317#20161005101410138 segundo supuesto atenuado por el último párrafo, agravado por el art. 11 inc.

   e), ambos de la Ley 23737, en grado de tentativa), es atípica.

   En razón de ello, debe dictarse el sobreseimiento de la

   misma, en tanto el Sr. Fiscal titular de la acción penal, en virtud de lo

   dispuesto por los arts. 65 y ccs del C.P.P.N. y artículo 1° y ccs. de la ley

   24.946 al solicitar el sobreseimiento está renunciando al ejercicio de la acción

   penal, circunstancia que obliga a esta Cámara Federal a fallar en forma

   concordante con lo solicitado por ese Ministerio.

   Sabido es que con la reforma operada en el año 1994

   nuestra Constitución Nacional se ha inclinado decididamente por el sistema

   penal acusatorio al reconocer en el Ministerio Público “un órgano

   independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por

   función promover la actuación de la justicia...” (art. 120 C.N.) sistema que, no

   es ocioso recordarlo, se caracteriza por situar al tribunal en un lugar imparcial

   frente al acusador y al acusado (cfr. J. E. V. R., “Derecho

   Procesal Penal”, Tomo I, Ed. R., 1995, pág. 190) desde donde

   debe pronunciarse en nombre del Estado acerca del conflicto o disputa

   suscitada entre ellos, según las reglas previamente establecidas (cfr. Julio B. J.

   Maier, “Derecho Procesal Penal”, Tomo II – Sujetos Procesales, Ed. Editores

   del Puerto, 1ra. edición, 2003, pág. 477).

   Situado el tribunal como un árbitro entre dos partes,

   acusador y acusado, que se enfrentan en pos de su interés, fácil es advertir los

   límites de su actuación.

   Como lo señala A. M. B., las atribuciones

   del juez no pueden ir más allá de las requeridas para cumplir con la misión que

   le asigna la Constitución, es decir, con su tarea de juzgar, de forma tal que un

   código de procedimientos será inconstitucional toda vez que le otorgue a los

   jueces funciones que son esencialmente incompatibles con esa misión (cfr.

   Introducción al derecho procesal penal

   , 1ra. edición, 1993, Ed. AdHoc, pág.

   295).

   Mientras que la tarea del juez es decidir el conflicto,

   compete al Ministerio Público Fiscal presentarlo y excitar la actividad del

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1. Secretario de Cámara #15980659#163783317#20161005101410138 Año del B. de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA A FMZ 17457/2013/CA1 órgano jurisdiccional mediante el ejercicio de la acción penal –salvedad hecha

   en los delitos de acción privada– haciendo valer la pretensión penal para que

   los jueces la satisfagan en los casos concretos sometidos a su conocimiento

   (cfr. J. A. C. O., “Derecho Procesal Penal”, Tomo II, Ed.

   R., 1998, pág. 22), actividad que se traduce en la

   formulación de requerimientos a lo largo del proceso, desde su inicio

   hasta la culminación, haciendo efectiva la máxima “ne procedat iudex ex

   officio”.

   Se sigue de ello que sin el acusador y la imputación

   que dirige a otra persona –acusado– no existe un conflicto a resolver –‘nemo

   iudex sine actore’– ni, por tanto, puede existir un proceso. En consecuencia, el

   órgano jurisdiccional tendrá como límites de su decisión el caso y las

   circunstancias planteadas por el acusador (cfr. J. J. Maier, “Derecho

   Procesal Penal”, Tomo I – Fundamentos, Ed. Editores del Puerto, 2da. edición,

   1996, pág. 445).

   En este orden de ideas se ha expedido el Tribunal Oral

   en lo Criminal Nro. 23 de la Capital Federal, manifestando...