La Asociación Madres de Plaza de Mayo oculta al Estado datos esenciales

La Inspección General de Justicia (IGJ) se encuentra desde hace años en http://www.lanacion.com.ar/1542711-revelan-que-las-madres-tienen-cargas-sociales-impagas-por-$ -120-millones de retirarles las personerías jurídicas a la Asociación y a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, decisión que mantiene cajoneada por razones políticas, según surge de los registros internos del organismo sobre ambas entidades a los que accedió LA NACION y los parámetros previstos por la ley orgánica de la IGJ.De tomar esa decisión, la IGJ determinaría la muerte jurídica automática de las dos grandes columnas en las que se apoya la entidad que preside http://www.lanacion.com.ar/1544174-hebe-de-bonafini-admitio-que-ejerce-presiones-sobre-los-jueces-de-la-corte-suprema , envuelta en un escándalo por la presunta http://www.lanacion.com.ar/1433202-schoklender-las-madres-se-financiaban-con-asaltos-a-mano-armada-y-hebe-sabia con fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales.Sin personería jurídica, las Madres no podrían operar con cuentas bancarias, ser titulares de inmuebles ni recibir subsidios. Por el contrario, las entidades deberían liquidarse y disolverse -vender sus activos y saldar sus deudas-, designándose liquidadores responsables sin vínculo previo con esas organizaciones.En el caso de la asociación, el expediente abierto en la IGJ es el número 1663654. Se encuentra activo desde hace casi 13 años. Pero es delgado. Sólo incluye el acta de constitución, presentada en marzo de 1999.Desde entonces, ese legajo sólo registra un par de movimientos, incluido un oficio que remitió la Justicia. Después de aquel primer movimiento en 1999, la entidad que lidera Bonafini incumplió con toda la normativa vigente y los plazos previstos por la IGJ. Nunca presentó balances, tampoco acompañó la declaración jurada para el reempadronamiento, no cumplió con la normativa antilavado, ni comunicó los cambios de nombres en su comisión directiva.Además, la asociación nunca informó con 15 días de anticipación la celebración de asambleas, como dispone la normativa vigente. Sólo por eso, la IGJ puede requerirle al Ministerio de Justicia que le retire su autorización para funcionar, "como pasa con cualquier entidad que no haya celebrado una asamblea ordinaria durante dos o más períodos", precisó una fuente del organismo oficial a LA NACION.La lista de documentos pendientes de la asociación civil es larga, al punto de que en su página oficial de Internet, la IGJ informa que esa...