LEY X-0061. Código de minería (Antes Ley 1919)
Fecha de Última Modificación | 31/03/2013 |
Rama | Recursos Naturales |
Rango de Ley | Ley |
Fecha de Publicación | 31 de Marzo de 2013 |
Fecha de Sanción | 25 de Noviembre de 1886 |
Fecha de Promulgación | 8 de Diciembre de 1886 |
TEXTO DEFINITIVO
LEY X-0061
(Antes Ley 1919)
Sanción: 25/11/1886
Promulgación: 08/12/1886
Publicación: R.N. 1885/86, página 578
Actualización: 31/03/2013
RAMA: RECURSOS NATURALES
DE LAS MINAS Y SU DOMINIO
El Código de Minería rige los derechos, obligaciones y procedimientos referentes a la adquisición, explotación y aprovechamiento de las sustancias minerales.
I Clasificación y división de las minas
Con relación a los derechos que este Código reconoce y acuerda, las minas se dividen en tres categorías.
Minas de las que el suelo es un accesorio, que pertenecen exclusivamente al Estado, y que sólo pueden explotarse en virtud de concesión legal otorgada por autoridad competente.
Minas que, por razón de su importancia, se conceden preferentemente al dueño del suelo; y minas que, por las condiciones de su yacimiento, se destinan al aprovechamiento común.
Minas que pertenecen únicamente al propietario, y que nadie puede explotar sin su consentimiento, salvo por motivos de utilidad pública.
Corresponden a la primera categoría:
Las sustancias metalíferas siguientes: oro, plata, platino, mercurio, cobre, hierro, plomo, estaño, zinc, níquel, cobalto, bismuto, manganeso, antimonio, wólfram, aluminio, berilio, vanadio, cadmio, tantalio, molibdeno, litio y potasio.
Los combustibles: hulla, lignito, antracita e hidrocarburos sólidos.
El arsénico, cuarzo, feldespato, mica, fluorita; fosfatos calizos, azufre, boratos y wollastonita.
Las piedras preciosas.
Los vapores endógenos.
Corresponden a la segunda categoría:
Las arenas metalíferas y piedras preciosas que se encuentran en el lecho de los ríos, aguas corrientes y los placeres.
Los desmontes, relaves y escoriales de explotaciones anteriores, mientras las minas permanecen sin amparo y los relaves y escoriales de los establecimientos de beneficio abandonados o abiertos, en tanto no los recobre su dueño.
Los salitres, salinas y turberas.
Los metales no comprendidos en la primera categoría.
Las tierras piritosas y aluminosas, abrasivos, ocres, resinas, esteatitas, baritina, caparrosas, grafito, caolín, sales alcalinas o alcalino terrosas, amianto, bentonita, zeolitas o minerales permutantes o permutíticos.
Componen la tercera categoría las producciones minerales de naturaleza pétrea o terrosa, y en general todas las que sirven para materiales de construcción y ornamento, cuyo conjunto forma las canteras.
Una ley especial determinará la categoría correspondiente, según la naturaleza e importancia, a las sustancias no comprendidas en las clasificaciones precedentes, sea por omisión, sea por haber sido posteriormente descubiertas.
Del mismo modo se procederá respecto de las sustancias clasificadas, siempre que por nuevas aplicaciones que se les reconozca, deban colocarse en otra categoría.
II Del dominio de las minas
Las minas son bienes privados de la Nación o de las Provincias, según el territorio en que se encuentren.
Concédese a los particulares la facultad de buscar minas, de aprovecharlas y disponer de ellas como dueños, con arreglo a las prescripciones de este Código.
El Estado no puede explotar ni disponer de las minas, sino en los casos expresados en la presente Ley.
Se consideran también inmuebles las cosas destinadas a la explotación con el carácter de perpetuidad, como las construcciones, máquinas, aparatos, instrumentos, animales y vehículos empleados en el servicio interior de la pertenencia, sea superficial o subterráneo, y las provisiones necesarias para la continuación de los trabajos que se llevan en la mina, por el término de ciento veinte (120) días.
III Caracteres especiales de las minas
La utilidad pública se supone en todo lo relativo al espacio comprendido dentro del perímetro de la concesión.
La utilidad pública se establece fuera de ese perímetro, probando ante la autoridad minera la utilidad inmediata que resulta a la explotación.
Ni los dueños, ni terceros pueden explotar una región o una parte de la mina, independientemente de la explotación general.
Las diligencias de separación se inscribirán en el registro de minas y las nuevas pertenencias quedan sujetas a las prescripciones que rigen las pertenencias ordinarias.
IV Localización de los derechos mineros y catastro minero
Las provincias procurarán el establecimiento de sistemas catastrales mineros uniformes.
DE LAS PERSONAS QUE PUEDEN
ADQUIRIR MINAS
Los jueces, cualquiera que sea su jerarquía, en la sección o distritos mineros donde ejercen su jurisdicción en el ramo de minas.
Los ingenieros rentados por el Estado, los escribanos de minas y sus oficiales en la sección o distritos en donde desempeñan sus funciones.
Las mujeres no divorciadas y los hijos bajo la patria potestad de las personas mencionadas en los números precedentes.
Tampoco comprende las minas posteriormente adquiridas por herencia o legado.
No podrán pedirlos ni denunciarlos las personas que hubiesen tenido participación en el hecho.
DE LAS RELACIONES ENTRE EL
PROPIETARIO Y EL MINERO
I De la exploración o cateo
Los titulares de permisos de exploración tendrán el derecho exclusivo a obtener concesiones de explotación dentro de las áreas correspondientes a los permisos.
Para obtener el permiso se presentará una solicitud que consigne las coordenadas de los vértices del área solicitada y que exprese el objeto de esa exploración, el nombre y domicilio del solicitante y del propietario del terreno.
La solicitud contendrá también el programa mínimo de trabajos a realizar, con una estimación de las inversiones que proyecta efectuar e indicación de los elementos y equipos a utilizar. Incluirá también una declaración jurada sobre la inexistencia de las prohibiciones resultantes de los Arts. 29 segundo párrafo y 30 quinto párrafo, cuya falsedad se penará con una multa igual a la del Art. 26 y la consiguiente pérdida de todos los derechos, que se hubiesen peticionado u obtenido, los que en su caso serán inscriptos como vacantes. Cualquier dato complementario que requiera la autoridad minera no suspenderá la graficación de la solicitud, salvo que la información resulte esencial para la determinación del área pedida, y deberá ser contestado en el plazo improrrogable de quince (15) días posteriores al requerimiento, bajo apercibimiento de tenerse por desistido el trámite. La falta de presentación oportuna de esta información originará, sin necesidad de acto alguno de la autoridad minera, la caducidad del permiso, quedando automáticamente liberada la zona.
El peticionante abonará en forma provisional, el canon de exploración correspondiente a las unidades de medida solicitadas, el que se hará efectivo simultáneamente con la presentación de la solicitud y será reintegrado totalmente al interesado en caso de ser
denegado el permiso, o en forma proporcional, si accediera a una superficie menor. Dicho reintegro deberá efectivizarse dentro del plazo de diez (10) días de la resolución que dicte la autoridad minera denegando parcial o totalmente el permiso solicitado. La falta de pago del canon determinará, el rechazo de la solicitud por la autoridad minera, sin dar lugar a recurso alguno.
Los lados de los permisos de exploración que se soliciten deberán tener necesariamente la orientación Norte-Sur y Este-Oeste.
El explorador que no ha tenido el consentimiento del propietario del suelo ni el permiso de la autoridad, pagará a más de los daños y perjuicios ocasionados, una multa a favor de aquél cuyo monto será de diez (10) a cien (100) veces el canon de exploración correspondiente a una (1) unidad de medida, según la naturaleza del caso.
La multa no podrá cobrarse pasados treinta (30) días desde la publicación del registro de la manifestación de descubrimiento que hubiere efectuado el explorador.
No encontrándose el propietario en el lugar de su residencia, o tratándose de propietario incierto, la publicación será citación suficiente. La autoridad minera determinará el procedimiento para realizar la notificación personal a los propietarios en los distritos en que la propiedad se encuentre en extremo parcelada.
La publicación se hará insertando la solicitud con su proveído por dos (2) veces en el plazo de diez (10) días en un periódico si lo hubiere; y en todo caso, fijándose en las puertas del oficio del escribano.
Los veinte (20) días a que se refiere el párrafo primero, correrán inmediatamente después de los diez días (10) de la publicación.
No resultando oposición en el término señalado, o decidida breve y sumariamente si la hubiese, se otorgará inmediatamente el permiso y se procederá a determinar su situación.
Practicadas las diligencias se inscribirán en el correspondiente registro.
Los permisos constarán de hasta veinte (20) unidades. No podrán otorgarse a la misma persona, a sus socios, ni por interpósita persona, más de veinte (20) permisos ni más de cuatrocientas (400) unidades por provincia.
Tratándose de permisos simultáneos colindantes, el permisionario podrá escoger a cuáles de estos permisos se imputarán las liberaciones previstas en el Art. 30.
Por cada unidad de medida que aumente, el permiso se extenderá cincuenta (50) días más.
Al cumplirse trescientos (300) días del término, se desafectará una extensión equivalente a la mitad de la superficie que exceda de cuatro (4) unidades de medida. Al cumplirse setecientos (700) días se desafectará una extensión equivalente a la mitad de la superficie remanente de la reducción anterior, excluidas también las cuatro (4) unidades. A tal efecto, el titular del permiso, deberá presentar su petición de liberación del área antes del cumplimiento del plazo respectivo, indicando las coordenadas de cada vértice del área que mantiene. La falta de presentación oportuna de la solicitud determinará que la autoridad minera, a pedido de la autoridad de catastro minero, proceda como indica el párrafo precedente, liberando las zonas a su criterio, y aplique al titular del permiso una multa igual al canon abonado.
El término del permiso comenzará a correr treinta (30) días después de aquel en que se haya otorgado. Dentro de ese plazo deberán quedar instalados los trabajos de exploración, descritos en el programa a que se refiere el Art. 25.
No podrá diferirse la época de la instalación ni suspenderse los trabajos de exploración después de emprendidos, sino por causa justificada y con aprobación de la autoridad minera.
No se otorgarán a una misma persona, ni a sus socios, ni por interpósita persona, permisos sucesivos sobre una misma zona o parte de ella, debiendo mediar entre la publicación de la caducidad de uno y la solicitud de otro un plazo no menor de un (1) año. Dentro de los noventa (90) días de vencido el permiso, la autoridad minera podrá
exigir la presentación de la información y de la documentación técnica obtenida en el curso de las investigaciones, bajo pena de una multa igual al doble del canon abonado.
Cuando los trabajos de investigación se realicen desde aeronaves, el permiso podrá constar de hasta veinte mil (20.000) kilómetros cuadrados por provincia, sea que el solicitante se trate de la misma o de diferentes personas y el tiempo de duración no superará los ciento veinte (120) días, contados a partir de la fecha del otorgamiento del permiso de la autoridad minera o de la autorización de vuelo emitida por la autoridad aeronáutica, lo que ocurra en último término. La solicitud contendrá el programa de trabajos a realizar, indicando además los elementos y equipos que se emplearán en los mismos.
En las provincias cuya extensión territorial exceda los doscientos mil (200.000) kilómetros cuadrados el permiso podrá constar de hasta cuarenta mil (40.000) kilómetros cuadrados sin modificar el plazo ya establecido.
El permiso se otorgará sin otro trámite y se publicará por un (1) día en el Boletín Oficial. La publicación servirá de suficiente citación a propietarios y terceros.
El permiso no podrá afectar otros derechos mineros solicitados o concedidos anteriormente en el área. El solicitante abonará, en forma provisional, un canon de un
(1) peso por kilómetro cuadrado que se hará efectivo en la forma, oportunidad y con los efectos que determina el Art. 25 para las solicitudes de permisos de exploración.
Dentro de los cinco (5) días de solicitado el permiso, el peticionante deberá acompañar copia del pedido de autorización de vuelo presentado ante la autoridad aeronáutica, bajo pena de archivarse su solicitud sin más trámite.
Las solicitudes que no fueran resueltas dentro del plazo de treinta (30) días desde su presentación, por falta de impulso administrativo del interesado, verificado por la autoridad minera, se considerarán automáticamente desistidas y quedarán archivadas sin necesidad de requerimiento y notificación alguna.
Los permisos que se otorguen se anotarán en el registro de exploraciones y en los correspondientes a los catastros.
No podrán otorgarse permisos sucesivos de esta clase sobre la misma zona o parte de ella, debiendo mediar entre la caducidad de uno y la solicitud del otro, el plazo de ciento cincuenta (150) días.
La autoridad minera podrá exigir la presentación de la información y documentación a que se refiere la última parte del Art. 30, dentro del término y bajo la sanción que el mismo establece.
El propietario puede exigir que el explorador rinda previamente fianza para responder por el valor de las indemnizaciones.
II Limitaciones al derecho de cateo
En el recinto de todo edificio y en el de los sitios murados.
En los jardines, huertos y viñedos, murados o sólidamente empalizados; y no estando así, la prohibición se limitará a un espacio de diez mil (10.000) metros cuadrados en los jardines, y de veinticinco mil (25.000) en los huertos y viñedos.
A menor distancia de cuarenta (40) metros de las casas, y de cinco (5) a diez
(10) metros, de los demás edificios.
Cuando las casas sean de corta extensión y poco costo, la zona de protección se limitará a diez (10) metros, que pueden extenderse hasta quince (15).
A una distancia menor de treinta (30) metros de los acueductos, canales, vías férreas, abrevaderos y vertientes.
En este caso, el radio de protección, podrá reducirse hasta quince (15) metros.
Concurriendo las mismas circunstancias, se permitirán también esos trabajos dentro de los sitios murados, jardines, huertas y viñedos.
Pero la autoridad acordará el permiso para penetrar ese radio, cuando previo el informe de un ingeniero y los comprobantes que los interesados presentaren, resulte que no hay inconveniente, o que, habiéndolo, puede salvarse.
Cuando la exploración incluya fotografía aérea, independientemente de lo expresado en el párrafo precedente, deberá requerirse la autorización respectiva.
Lo mismo sucederá si, para la demarcación del descubrimiento hecho por el explorador, fuese necesario salir fuera de los límites del permiso.
Pero en uno y otro caso, sin perjuicio de derechos adquiridos.
En caso de contravención, se mandará suspender todo trabajo, hasta que se haga la manifestación y registro, y se pagará una multa cuyo monto será veinte (20) a doscientas (200) veces el canon de explotación correspondiente a la categoría de las sustancias extraídas.
No solicitándose el registro treinta (30) días después de requerido, se adjudicarán los derechos del explorador al primer denunciante.
No instalar los trabajos de exploración a que se refiere el párrafo tercero del Art. 30, en el plazo que el mismo determina;
Suspender esos trabajos después de emprendidos;
No cumplir el programa mínimo de trabajos a que se refiere el cuarto párrafo del Art. 25.
III Del derecho del propietario para explorar su terreno
Pero, si no hubiese obtenido este permiso de la autoridad ni limitado con su intervención el campo de sus exploraciones, no podrá oponer contra un tercer solicitante, ni preferencia como dueño, ni prelación como anterior explorador.
DE LA ADQUISICIÓN DE LAS MINAS
Son objeto de concesión:
Los descubrimientos.
Las minas caducadas y vacantes.
I Del descubrimiento y su manifestación
El escrito, del que se presentarán dos (2) ejemplares, contendrá el nombre, estado y domicilio del descubridor, el nombre y el domicilio de sus compañeros, si los tuviere, y el nombre que ha de llevar la mina.
Contendrá también el escrito, en la forma que determina el Art. 19, el punto del descubrimiento que será el mismo de extracción de la muestra.
Se expresará, también el nombre y mineral de las minas colindantes y a quién pertenece el terreno, si al Estado, al municipio o a los particulares.
En este último caso, se declarará el nombre y domicilio de sus dueños.
El descubridor, al formular la manifestación de descubrimiento, deberá indicar, en la misma forma que determina el Art. 19, una superficie no superior al doble de la máxima extensión posible de la concesión de explotación, dentro de la cual deberá efectuar los trabajos de reconocimiento del criadero y quedar circunscriptas las pertenencias mineras a mensurar. El área determinada deberá tener la forma de un cuadrado o aquella que resulte de la preexistencia de otros derechos mineros o accidentes del terreno y dentro de la cual deberá quedar incluido el punto del descubrimiento. Dicha área quedará indisponible hasta que se opere la aprobación de la mensura.
El interesado podrá hacerlo en cualquier tiempo. En uno y otro caso sin perjuicio de tercero.
El escribano certificará a continuación, si hay otro u otros pedimentos o registros del mismo cerro o criadero; y en su caso, lo manifestará al interesado, quien firmará la diligencia.
Después de esto, se devolverá uno (1) de los ejemplares al solicitante, reteniéndose el otro para la formación del expediente de concesión.
Si sólo se ha presentado un (1) ejemplar del pedimento, se dará de él copia autorizada al interesado, con sus anotaciones y certificaciones.
misma recae en terreno franco o no, hecho que se notificará al peticionario, dándole copia de la matrícula catastral. Excepto que el terreno esté franco en su totalidad, el peticionario deberá pronunciarse en quince (15) días sobre su interés o no respecto del área libre. De no existir un pronunciamiento expreso, la petición se archivará sin más trámite.
II Del registro
Haya o no periódico, la publicación se hará fijando un cartel en las puertas de la oficina del escribano.
El escribano anotará el hecho en el expediente del registro y agregará los ejemplares correspondientes del periódico que contenga la publicación.
Compréndense en esta disposición los trabajos anteriores al registro.
Los reclamantes pueden nombrar interventores por su cuenta, y exigir una fianza, para impedir que el tenedor de la mina disponga de los productos.
Las funciones del interventor se reducen a una simple inspección en la mina y a llevar cuenta y razón de gastos y productos.
La fianza exigida u ofrecida, excusa los interventores; pero en este caso el poseedor deberá llevar esa cuenta y razón.
III De las personas que pueden manifestar minas de otros
No necesitan poder los ascendientes, descendientes, ni los hermanos del descubridor.
Tampoco han menester poder los socios en la empresa, ni los cateadores e individuos que compongan la expedición exploradora.
Esta disposición queda sin efecto un (1) año después de terminada la exploración.
Pero si los trabajos no son verdaderamente mineros, el descubrimiento pertenece a ambos por mitad.
Esto mismo se observará cuando cualquier empleado que goce sueldo o salario de una mina, aunque no ejecute trabajo alguno, descubre dentro del radio de un (1) kilómetro, tomado desde los límites de esa mina.
IV De la concurrencia y preferencia
Pero, la descubridora en este caso, no podrá tomar las minas que han sido a un mismo tiempo registradas.
Si el recuesto de los criaderos fuere convergente, se adjudicará por mitad el espacio intermedio; pero subsistirá siempre el derecho de internarse hasta la reunión o empalme con alguno de los criaderos de la pertenencia inmediata, debiendo en este caso como en el anterior, dar aviso a su dueño.
Y si las medidas de longitud no pueden completarse en el espacio intermedio, se adjudicará éste por mitad.
Se comprenden en esta disposición las personas cuyos nombres han sido omitidos en la manifestación o en el registro.
No serán oídos los que se presenten después del vencimiento de los sesenta (60) días.
V Derechos y obligaciones del descubridor
manera que pueda reconocerse su dirección, inclinación y grueso, y comprobarse la existencia y clase del mineral descubierto.
La labor tendrá diez (10) metros de extensión y se abrirá sobre el cuerpo del criadero, siguiendo su inclinación o variándola si fuere conveniente.
Pero no es necesario trabajar los diez (10) metros, cuando en la labor ejecutada puede reconocerse satisfactoriamente las circunstancias expresadas.
Cuando las pertenencias fueren contiguas, bastará una sola labor legal, con tal que cualquier medio idóneo permita presumir, con base científica suficiente, la continuidad del yacimiento en todas ellas.
Los derechos del descubridor serán declarados caducos y la mina o minas pedidas por él serán registradas en calidad de vacantes.
DE LAS PERTENENCIAS Y SU
DEMARCACIÓN
I De las pertenencias
Las pertenencias constarán de trescientos (300) metros de longitud horizontal y de doscientos (200) de latitud, la que puede extenderse hasta trescientos (300), según la inclinación del criadero.
La pertenencia será un sólido de base cuadrada en el caso de darse a la latitud igual extensión que la asignada a la longitud.
Puede darse otras formas a las pertenencias, siendo regular, cuando atendidas las condiciones del terreno o del criadero, sea necesario para una más útil explotación.
Esta disposición tiene lugar aun en el caso de que el terreno que debe ocupar la concesión, no baste a completar la extensión correspondiente a la pertenencia.
La de carbón y demás combustibles, de novecientos (900) metros de longitud por seiscientos (600) metros de latitud, la que puede extenderse hasta novecientos (900) metros.
La pertenencia de yacimientos de tipo diseminado de primera categoría, cuando la mineralización se halle uniformemente distribuida y permita la explotación a gran escala por métodos no selectivos, constará de cien (100) hectáreas.
Las de borato y litio constarán también de cien (100) hectáreas.
En el caso del primer párrafo, el canon anual por pertenencia será tres (3) veces el de una pertenencia ordinaria de la misma categoría; en el del segundo, seis (6) veces, y en el del tercero y cuarto, diez (10) veces.
El número de pertenencias establecido en el caso de los yacimientos de tipo diseminado de la primera categoría, borato y litio, se multiplicará por cinco (5).
La medida partirá de la labor legal o del punto de la corrida que designe el mismo interesado.
Se deja también a su arbitrio tomar la medida de la longitud a uno u otro lado de dicha labor, o distribuirla como lo crea conveniente.
Pero, en ningún caso quedará esa labor fuera del perímetro de la pertenencia.
El concesionario podrá tomar la latitud toda entera a uno u otro lado, o distribuirla como viere convenirle.
En caso de legítima oposición, sólo podrá obtener diez (10) metros contra la inclinación del criadero.
Cuando la inclinación pasa de los cuarenta y cinco (45) grados hasta cincuenta (50), la latitud será de doscientos cuarenta y cinco (245) metros.
Pasando de cincuenta (50) grados hasta sesenta (60), la latitud tendrá doscientos cuarenta y cinco (245) metros. Pasando de sesenta (60) hasta sesenta y cinco (65) grados, tendrá doscientos sesenta y cinco (275); y desde sesenta y cinco (65) grados, tendrá trescientos (300) metros.
II De la mensura y demarcación de las pertenencias
La petición y su proveído se publicarán en la forma prescripta en el Art. 53.
En otro caso la publicación servirá de suficiente citación.
La publicación se hará según lo dispuesto en el Art. 53.
No se admitirán las reclamaciones deducidas después de ese plazo.
Las reclamaciones se resolverán con audiencia de los interesados, dentro de los veinte
(20) días siguientes al de su presentación.
La concesión del recurso no impide que se proceda a la mensura, si el interesado lo solicita.
La autoridad podrá, cuando así lo requiera la naturaleza del caso, diferir la resolución hasta el acto de mensura.
La autoridad mandará previamente que se notifique a los administradores de las minas colindantes ocupadas, cuyos dueños no hubieren sido personalmente citados, la hora en que debe darse principio a la operación.
Puede la autoridad comisionar para que haga sus veces al juez del mineral, y en su defecto, al más inmediato.
A falta de ingeniero oficial, se nombrará un perito o ingeniero particular; y a falta de escribanos se actuará con dos (2) testigos abonados.
Acto continuo se marcarán los puntos donde deben fijarse los linderos que determinen la figura y el espacio correspondiente a la pertenencia.
Estos linderos, a cuya construcción se procederá inmediatamente, deben ser sólidos, bien perceptibles y duraderos.
Se referirán también, si la autoridad lo declarare conveniente, o si los interesados solicitaren, a objetos fijos y bien manifiestos, indicando su dirección y distancia con relación a la labor legal.
El concesionario puede extender sus trabajos debajo de las habitaciones y demás lugares reservados, dando fianzas por los daños y perjuicios que puedan sobrevenir.
Cuando el daño sea grave e inminente y no fuese posible fortificar satisfactoriamente el cerro, podrá el minero solicitar la adjudicación del terreno y construcciones
correspondientes, previa la comprobación de utilidad, según lo dispuesto en el inciso tercero del Art. 13.
No regirá lo dispuesto en los precedentes incisos, respecto de los edificios públicos y demás contenido en el Art. 36, salvo si se comprobaren los hechos expresados en su inciso segundo.
Los trabajos subterráneos no podrán penetrar en el radio correspondiente a las fortificaciones, sino en el caso que puedan penetrar los trabajos superficiales.
Todos estos trabajos se sujetarán estrictamente a las reglas de seguridad y policía.
La fianza cesará cuando todo riesgo haya desaparecido.
El expediente de mensura se archivará en un libro especial a cargo del escribano de minas.
Con la diligencia de mensura queda constituida la plena y legal posesión de la pertenencia.
III De los linderos
No verificándolo así, se hará pasible a una multa cuyo monto será tres (3) a diez (10) veces el canon anual que devengare la mina.
Si están deteriorados o en parte destruidos, deben ocurrir a la autoridad para que ordene la reparación con citación de colindantes.
Si los linderos han desaparecido o han sido removidos, se ocurrirá igualmente a la autoridad para que designe el ingeniero que, previa la citación, marque los puntos en donde deben colocarse con arreglo a los títulos del interesado.
El juez del mineral presidirá la diligencia, ordenará y hará efectiva la citación y cuidará de que los linderos se construyan en los puntos marcados; extendiendo de todo constancia.
Si los dueños de las pertenencias colindantes no se encuentran en el mineral ni en el municipio, residencia de la autoridad, el juez mandará citar al administrador o a la persona que ocupe la pertenencia.
Se señalará al minero un término, que no baje de veinte (20) días, ni exceda de cuarenta (40), para que proceda a la reparación o reposición de los linderos.
No verificándolo así, se hará pasible a una multa cuyo monto será tres (3) a diez (10) veces el canon anual que devengare la mina.
IV De la rectificación e impugnación de las mensuras
Será también causa de impugnación el fraude o dolo empleados en las operaciones o resoluciones concernientes a la mensura y demarcación, y que se refieran a hechos precisos y bien determinados.
Pero esta rectificación sólo tendrá efecto cuando se han removido clandestinamente los linderos, o cuando en la designación de los puntos donde debían colocarse, o en la colocación misma, ha habido dolo o fraude.
La solicitud del nuevo registrador no será admitida después de los quinientos (500) días siguientes al de la mensura.
En esta rectificación se procederá, tomando por base el punto de partida y los rumbos fijados en la mensura y demarcación de la pertenencia.
DE LOS EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE LAS PERTENENCIAS
I De los criaderos comprendidos dentro del perímetro de una concesión
El concesionario está obligado a dar cuenta a la autoridad minera del hallazgo de cualquier sustancia concesible distinta de las que constaren en el registro y empadronamiento de la mina, para su anotación en los mismos y, en su caso, efectos consiguientes en materia de canon y de inversión de capital.
El concesionario que no cumpliere esta obligación dentro de los sesenta (60) días del hallazgo, se hará pasible de una multa de diez (10) a cien (100) veces el canon de explotación correspondiente a la sustancia omitida.
Cuando no la ha reclamado ni ha pagado los gastos de su explotación y extracción treinta (30) días después del aviso que debe darle el concesionario.
Cuando éste los necesita para su industria y cuando estén de tal suerte unidas las sustancias, que no puedan sin dificultad o sin aumento de gastos extraerse separadamente.
En estos casos no hay derecho a cobrar indemnizaciones.
Con relación a la extracción que haga el descubridor, regirán las disposiciones contenidas en los tres (3) incisos finales del artículo precedente.
II De la internación de labores en pertenencias ajenas
Pero, cuando el criadero contenga mineral, hay derecho para internarse por la latitud hasta el punto en que las labores de una y otra pertenencia se comuniquen.
Lo mismo sucederá cuando antes de haber pasado los límites de la pertenencia, se descubra el mineral.
Para usar de estos derechos deberá darse aviso al colindante de la aproximación de las labores y del propósito de internarlas.
Los minerales que se extraigan de la internación se partirán por mitad con el colindante, lo mismo que los costos.
Llegado este caso debe cerrarse la comunicación entre ambas minas, a petición de cualquiera de los interesados, en el punto de la línea divisoria.
Se considera inoportuno el aviso, cuando no se ha comunicado antes de que las labores internadas hayan avanzado más de diez (10) metros.
Pero el dueño de la mina que se considere invadida puede pedir la mensura, y en su caso, la reparación o reposición de los linderos.
Desde el día en que se haga saber esta petición al dueño de la mina invasora, se considerará determinada la línea divisoria.
Sellados los remates de las labores denunciadas, podrán continuarse sin otra responsabilidad que la de entregar, previo el pago de los costos, la mitad de los minerales extraídos en la continuación de esas labores, si resultaren internadas.
Pero, practicada la mensura y demarcación legal, los derechos de las partes se arreglarán a los nuevos linderos, haciéndose las correspondientes restituciones.
No tendrá lugar lo dispuesto en los incisos anteriores, después de vencidos los plazos fijados por la ley para la ejecución de la labor legal.
El solicitante expresará clara y circunstanciadamente los datos que se propone tomar y los perjuicios recibidos o que teme recibir.
La autoridad encontrando justo y fundado el motivo, otorgará el permiso únicamente con relación a las labores inmediatas a la pertenencia del interesado.
Tendrá éste derecho a una completa indemnización; y si de las operaciones ha de resultarle un grave e irreparable perjuicio, a que se retire el permiso.
DE LAS OTRAS ADQUISICIONES QUE REQUIEREN CONCESIÓN
I De la ampliación o acrecentamiento de las pertenencias
Hay derecho a la ampliación cuando las labores subterráneas de la pertenencia se hubieran internado o estuviesen próximas a internarse en terreno vacante.
Se entiende que las labores están próximas a internarse cuando distan cuarenta (40) metros o menos, del límite fijado a la pertenencia en su demarcación.
El pedimento con su proveído se registrarán en el libro de las manifestaciones y se publicará por medio de un aviso en el periódico que designe la autoridad, y de un cartel que el escribano fijará en las puertas de su oficina.
Los linderos correspondientes a la línea de contacto con el terreno vacante, se removerán y colocarán en los nuevos límites.
Dentro de estos treinta (30) días y hasta el acto de la diligencia, deberán presentarse todas las reclamaciones, que no serán atendidas después de ese plazo y de ese acto.
II De la mejora de las pertenencias
Este cambio constituye la mejora.
III De las demasías
Se entenderá que las labores están próximas a internarse, cuando hubieren avanzado hasta la mitad de la cuadra correspondiente al recuesto del criadero.
Se consideran en el mismo caso desde que disten treinta (30) metros del límite de la cuadra.
Esta disposición tiene lugar en el caso de no hallarse las demasías incorporadas a las minas colindantes.
La parte del colindante que renuncia, que cede o que pierde su derecho, acrece a la de los otros colindantes.
IV De los socavones
Estos serán notificados para que, en el plazo de veinte (20) días, deduzcan sus derechos por los perjuicios que inmediatamente les ocasione la apertura del socavón, y pidan fianzas si hubiere peligro de ulteriores perjuicios en la continuación de los trabajos.
Los propietarios cuya residencia se ignore, o que la tengan fuera de la jurisdicción de la autoridad minera, serán citados por medio de un edicto fijado en las puertas del oficio del escribano, y de un aviso publicado por tres (3) días en el periódico que designe la autoridad.
En este caso el plazo para comparecer, y en virtud de cuyo transcurso se concederá el permiso, es de treinta (30) días.
La autoridad, previa la citación de los interesados y la comprobación de que la obra es útil y practicable, otorgará el permiso y ordenará su registro y publicación.
Sin embargo, si reconocida la utilidad de la empresa y la conveniencia del plan propuesto, no pudieran introducirse modificaciones sin contrariar el objeto de la obra, o sin hacerla menos útil, o haciéndola más costosa y difícil, la autoridad permitirá que se lleve a efecto, no obstante la oposición.
Lo mismo sucederá si las minas interesadas en la apertura del socavón, tuviesen mayor importancia que la mina o minas de los opositores.
Pero deberán pagarse previamente todos los perjuicios, u otorgarse la competente fianza mientras se hace la estimación.
Pero, los dueños de las que han de ser habilitadas pueden dar participación en la empresa a personas extrañas.
En la solicitud declarará la longitud y latitud del terreno que necesita para practicar sus reconocimientos, y tendrá en él los derechos de explorador establecidos en el Título Tercero.
Regirá para él lo dispuesto en el Art. 134 respecto de los criaderos que encuentre en profundidad.
En el caso de contravención, se suspenderán o rectificarán los trabajos, y se harán las necesarias reparaciones, todo a costa del empresario.
Los minerales extraídos se entregarán al dueño de la pertenencia, pagando éste los gastos de explotación y acarreo.
Estas pertenencias se demarcarán en la superficie con arreglo a la situación, dirección y demás circunstancias del criadero, reconocidas en profundidad.
Cesa este derecho desde el momento en que las labores de la mina se comuniquen con las del socavón.
El empresario podrá denunciar y registrar preferiblemente las pertenencias abandonadas que en ese espacio se encuentren.
No obsta esta preferencia al denuncio de un tercero cuando la obra del socavón ha sido terminada o abandonada; o cuando habiéndose avanzado los trabajos más allá del perímetro correspondiente a esas pertenencias, hayan transcurrido cincuenta (50) días sin que se haya hecho uso de ese derecho.
Los dueños de minas que de cualquier manera aprovechan los servicios del socavón, pagarán al empresario una cantidad en dinero que se determinará por peritos, en consideración a los servicios que se presten, a los gastos que esos servicios ocasionen, al beneficio que el minero reciba y a los costos que economice.
Pero cuando se trate de arrancar minerales, de abrir una comunicación o de cualquier trabajo útil, se dará aviso a la autoridad para que con el informe del ingeniero, determine el espesor del macizo, o declare la clase de fortificaciones que deben reemplazarlo.
Los gastos serán de cuenta de los dueños de las minas.
V De la formación de grupos mineros
Desígnase esta reunión de pertenencias, correspondan a un solo dueño o a dueños diferentes, con el nombre de grupo minero.
Que las pertenencias estén unidas en toda la extensión de uno de sus lados, formando un solo cuerpo, sin que entre ellos quede ningún espacio vacante.
Que el grupo se preste a una cómoda y provechosa explotación.
Y que la autoridad otorgue con conocimiento de causa, la correspondiente concesión.
Art.141.- Los dueños de las pertenencias con que debe formarse el grupo, ocurrirán para su concesión a la autoridad por medio de un pedimento.
El pedimento contendrá:
Los títulos correspondientes a cada una de las pertenencias.
Un plano del grupo en el que se manifieste la situación relativa, la extensión y forma de las minas concurrentes, sus nombres, el de sus dueños, el que ha de llevar la nueva propiedad y el de las minas colindantes.
La parte o derecho asignado a cada uno de los interesados.
La declaración del gravamen que afecta a cada pertenencia y el nombre de las personas a cuyo favor esté constituido.
El acuerdo celebrado entre los acreedores sobre la manera cómo deben pasar esos gravámenes al grupo; y en su defecto, la propuesta de bases para un arreglo.
Si estas personas no se encuentran en el lugar de su residencia, la publicación servirá de suficiente citación.
La publicación servirá también de suficiente citación para todas las personas a quienes de cualquier manera pueda afectar la agrupación de las pertenencias.
La publicación se hará insertando la solicitud por tres (3) veces en el espacio de diez
(10) días, en el periódico que designe la autoridad y fijándose en la puerta del oficio del escribano, durante el mismo término de los diez (10) días.
La autoridad resolverá las reclamaciones que se presentaren, dentro de los treinta (30) días siguientes al último de las publicaciones.
autoridad, acompañada de un perito y del escribano, procederá al reconocimiento y verificación de los hechos.
Resultando que la reunión de las pertenencias es realizable y conveniente, se fijarán linderos en los extremos de las líneas que determinen el grupo y en todos los puntos que sea preciso para que pueda ser fácilmente reconocido.
El juez cuidará de que se proceda inmediatamente a la colocación de linderos en los lugares marcados por el perito.
Art.144.- De todo lo obrado, se extenderá acta que firmarán los interesados, la autoridad, el perito, y que autorizará el escribano.
El acta contendrá:
El número de pertenencias concurrentes, su nombre y el de sus dueños.
La forma y dimensiones del grupo y los linderos que lo determinan; expresando los que deban conservarse y designando los puntos para los nuevos que sea preciso colocar.
La situación relativa de las minas y de los objetos con que linden.
A continuación del acta se extenderá la providencia de concesión, declarando si hubiere lugar, el orden y manera cómo deben pasar al grupo los gravámenes de las pertenencias; sea con referencia al acuerdo de las partes, sea con referencia a la resolución dictada, si el acuerdo no hubiese tenido lugar.
El expediente se archivará en el libro a que se refiere el inciso segundo del Art. 94.
Art.146.- El grupo minero puede constar del número de pertenencias previamente mensuradas que fueren necesarias, a juicio de la autoridad minera, para abarcar la unidad geológica del o de los yacimientos cubiertos por aquéllas, circunstancia cuyo cumplimiento se verificará en la oportunidad señalada por el Art. 143.
DE LA EXPLOTACIÓN
I Servidumbres
La de ser ocupados en la extensión conveniente, con habitaciones, oficinas, depósitos, hornos de fundición, máquinas de extracción, máquinas de beneficio para los productos de la mina, con canchas, terreros y escoriales.
La ocupación del terreno para la apertura de vías de comunicación y transporte, sea por los medios ordinarios, sea por tranvías, ferrocarriles, canales u otros, hasta arribar a las estaciones, embarcaderos, depósitos, caminos públicos o particulares más próximos o más convenientes, y a los abrevaderos, aguadas y pastos.
El uso de las aguas naturales para las necesidades de la explotación, para la bebida de las personas y animales ocupadas en la faena y para el movimiento y servicio de las máquinas.
Este derecho comprende el de practicar los trabajos necesarios para la provisión y conducción de las aguas.
El uso de los pastos naturales en terrenos no cercados.
Pero, en todo caso habrá lugar a la bebida de los animales y al acarreo para las necesidades de la mina.
Cuando los trabajos se siguen en terreno franco los minerales corresponden al empresario, como si hubiesen sido extraídos de su propia pertenencia.
A la constitución de las servidumbres debe preceder el correspondiente permiso de la autoridad.
Si el terreno que ha de ocuparse estuviese franco, podrá pedirse ampliación con arreglo a lo dispuesto en el parágrafo primero del Título Séptimo.
Cuando los trabajos que han de emprenderse, sean urgentes; o cuando se trate de la continuación de otros ya entablados, cuya paralización cause perjuicio; o cuando hayan transcurrido quince (15) días desde el siguiente al aviso del concesionario o a la reclamación del propietario, o cuando los perjuicios no se han producido, o no puede fijarse fácilmente el valor de la indemnización, podrá aquél pedir la constitución previa de la servidumbre, otorgando fianza suficiente.
La autoridad no acordará el permiso, cuando la seguridad de las habitaciones y de sus moradores corra peligro; pero el concesionario podrá pedir la adjudicación de las habitaciones y construcciones con el terreno correspondiente, conforme a lo dispuesto en el inciso tercero del Art. 13.
El propietario podrá oponerse a la iniciación o prosecución de esos trabajos, únicamente en los casos siguientes:
Cuando con ellos se contravenga, en perjuicio suyo, a alguna disposición de la ley.
Cuando se ocupe un terreno, cuya indemnización no haya sido pagada o afianzada.
La oposición no excluye el derecho de ofrecer fianza en los casos permitidos por la ley.
II De la adquisición del suelo
Mientras tanto, se sujetará a lo dispuesto en el parágrafo de las servidumbres.
Pero tendrá derecho a una nueva adquisición siempre que las necesidades o conveniencias de la mina lo requieran.
Con relación al resto del terreno que constituye la pertenencia, regirá lo dispuesto en el inciso final del anterior artículo.
La cesión comprende los derechos consignados en el Art. 157
La cesión del terreno subsistirá mientras la mina no se declare vacante, o sea abandonada.
Si los terrenos estuvieren cultivados, el concesionario pagará la correspondiente indemnización.
En la valoración se considerará el espacio comprendido dentro de las señales o linderos provisionales que se fijen para determinar las pertenencias.
Practicada la mensura y demarcación legal, se harán las restituciones correspondientes, según la mayor o menor extensión que definitivamente se adjudique.
Si hubiere pagado algunas piezas del terreno ocupado, su valor se tendrá como parte del precio.
III Responsabilidades
Los perjuicios serán previamente justificados, y no podrán reclamarse después de transcurridos seis (6) meses desde el día del suceso.
Cuando los trabajos perjudicados han sido emprendidos después de la concesión sobre lugares explotados, o en actual explotación, o en dirección de los trabajos en actividad, o sobre el criadero manifestado o reconocido.
Cuando, después de la concesión se emprenda cualquier trabajo sin previo aviso a la autoridad ni citación del dueño de la mina.
Cuando se continúen trabajos suspendidos un (1) año antes de la concesión.
Cuando el peligro para las obras o trabajos que se emprendan, existía antes o era consiguiente a la nueva explotación.
Dado el aviso, se procederá al reconocimiento de los lugares, dejándose constancia de que el punto designado por el propietario del suelo está comprendido o no en alguno de los casos indicados en los incisos precedentes.
Cuando las obras de cuya construcción se trata son necesarias o verdaderamente útiles; el terreno adecuado para esas obras, y no es posible establecerlas en otro punto.
En este caso, el propietario optará:
O por el pago de la diferencia de precio entre el terreno tal cual se encuentra y el terreno considerado como inadecuado para las obras que deben emprenderse, prescindiendo de los beneficios que esas obras pudieran producir.
O por el pago del terreno designado según tasación, el que en este caso pasará al dominio del concesionario.
Dos (2) años después de vencidos esos plazos, el propietario podrá exigir la compra del terreno correspondiente a la concesión, cualquiera que sea su estado.
Si la concesión excediere de una unidad de medida, sólo podrá exigir la compra de las unidades que estuvieren ocupadas con trabajos u obras que no sean de carácter transitorio.
Estos actos se sujetarán a las disposiciones del Art. 161.
Las indemnizaciones en este caso se reducen al pago de los objetos inutilizados y al de las reparaciones o fortificaciones que sean necesarias para la completa habilitación de la mina.
Si resultare que no hay riesgo para la explotación continuarán los trabajos. En otro caso, será necesario que se rinda fianza suficiente por todos los daños y perjuicios que puedan sobrevenir.
Se pagarán estos daños y perjuicios si se continúan los trabajos después de la orden de suspensión y antes de prestarse esa fianza.
El concesionario de una mina no puede oponerse al establecimiento de caminos, canales y otras vías públicas de circulación, cuando las obras deban ejecutarse por el Estado, o por particulares que hayan obtenido el derecho de expropiación por causa de utilidad pública, y cuando la dirección de las vías o la ubicación de las obras no pueda variarse ni modificarse en sentido favorable a la concesión.
DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE LAS SUSTANCIAS DE LA SEGUNDA
CATEGORÍA
Sustancias concesibles preferentemente al propietario del terreno
(20), su voluntad de explotarlas.
I De los descubridores
El valor de la indemnización se determinará por la importancia del descubrimiento y de los gastos de la exploración, hecha dentro de los límites de la propiedad particular.
II De la demarcación de las pertenencias
Servirán de base a la demarcación los pozos o zanjas ejecutadas por el concesionario; debiendo fijarse linderos firmes en los puntos convenientes para dejar clara y precisamente determinada la forma y ubicación de la pertenencia.
Las de sal de roca y las de turba de veinte (20) hectáreas.
Sustancias de aprovechamiento común
y b) del Art. 4º.
de dicho Art. 4º, cuando se encuentran en terrenos cultivados.
Con la publicación de esa declaración, podrán aprovecharse los depósitos sin necesidad de licencia, aviso ni otra formalidad.
I De la concesión de pertenencias
En la solicitud se expresará la situación precisa del sitio que se pretende, determinándolo por medio de linderos provisorios, si no hubiese objetos firmes a que referirse.
Mientras tanto, no podrán aprovecharse ni por el mismo solicitante, las sustancias comprendidas en el perímetro denunciado.
La autoridad, previo informe del ingeniero oficial, declarará las condiciones del establecimiento, necesarias para que pueda otorgarse la concesión.
Si se solicitan pertenencias de las sustancias comprendidas en el Inciso c) y siguientes del Art. 4º, se expresarán los nombres de las personas y demás indicaciones exigidas en las manifestaciones o denuncios de minas.
La autoridad puede de oficio hacer entre los concurrentes distribuciones de sitios, cuando así lo exijan la conservación del orden y la más arreglada y útil explotación.
En uno y otro caso es libre la elección de los medios para el beneficio de las tierras.
Acto continuo, se procederá a colocar linderos provisorios con la intervención del juez quien decidirá toda duda o reclamación.
Estos linderos podrán ratificarse o rectificarse por el juez con intervención del ingeniero o perito oficial.
Los terreros, relaves y escoriales de las minas abandonadas, si tres (3) meses después de declarado el abandono no hubiesen sido ocupadas o denunciadas.
Los escoriales de establecimientos de beneficio abandonados por sus dueños y que no están resguardados por paredes o tapias.
Si no fueren personas conocidas o estuviesen ausentes, se fijará la solicitud y su proveído en las puertas del oficio del escribano durante veinte (20) días, y se publicará cinco (5) veces dentro de ese término en el periódico del municipio que designe la autoridad.
Si los dueños no dan principio a la explotación dentro del plazo de cien (100) días señalado en el párrafo primero, se hará lugar al denuncio.
II De las relaciones entre los concesionarios y los dueños del suelo
Tampoco se debe indemnización por el valor de las sustancias, aun en el caso de que se presenten en filones u otras formas regulares.
DISPOSICIONES CONCERNIENTES A LAS SUSTANCIAS DE LA TERCERA
CATEGORÍA
Mientras tanto, estas canteras serán de aprovechamiento común.
En este caso, se dará al propietario la preferencia para que las explote por su cuenta, bajo las mismas condiciones que proponga el ocurrente.
DE LOS MINERALES NUCLEARES
El organismo que por ley se designe, prestará a los estados provinciales asesoramiento técnico, minero y de prevención de riesgos, con respecto a las actividades de exploración y explotación nuclear que se desarrollen en cada provincia. A tales efectos dicho organismo podrá celebrar convenios con las provincias respecto a las actividades a desarrollar.
Quienes exploten minas que contengan minerales nucleares quedan obligados a presentar ante la autoridad minera un plan de restauración del espacio natural afectado por los residuos mineros y a neutralizar, conservar o preservar los relaves o colas líquidas o sólidas y otros productos de procesamiento que posean elementos radioactivos o ácidos, cumpliendo las normas aplicables según la legislación vigente y en su defecto las que convenga con la autoridad minera o el organismo que por ley se designe. Los productos referidos anteriormente no podrán ser reutilizados ni concedidos para otro fin sin la previa autorización del organismo referido y de la autoridad minera.
El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo precedente será sancionado, según los casos, con la clausura temporal o definitiva del establecimiento, la caducidad de la concesión o autorización obtenida y/o la imposición de multas progresivas que podrán alcanzar hasta un máximo de cinco mil (5000) veces el valor del canon anual correspondiente a una pertenencia ordinaria de sustancias de la primera categoría, además de la responsabilidad integral por los daños y perjuicios que por su incumplimiento se hubieren originado y/o por los costos que fuera necesario afrontar para prevenir o reparar tales daños, conforme a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo nacional, sin perjuicio de las sanciones que pudieren establecer las normas de protección del medio ambiente aplicables y las disposiciones penales.
Los titulares de minas que contengan minerales nucleares deberán suministrar con carácter de declaración jurada, a requerimiento del organismo a que se refiere el Art. 206 y de la autoridad minera, la información relativa a reservas y producción de tales minerales y sus concentrados, bajo sanción de una multa de hasta quinientas (500) veces el valor del canon que corresponda a la pertenencia indicada en el artículo anterior.
Las.
infracciones a sus disposiciones serán sancionadas con multas graduadas por la autoridad de aplicación entre un mínimo del veinte por ciento (20%) y un máximo del cincuenta por ciento (50%) del valor del material comercializado en infracción, según corresponda al precio convenido o al precio de venta del mercado nacional o internacional, el que resulte mayor.
De adoptarse un nuevo estatuto para dicho organismo, tales actividades se sujetarán a las disposiciones que, al respecto, contenga ese estatuto.
La Comisión Nacional de Energía Atómica queda facultada a decidir la explotación o pase a reserva de los siguientes yacimientos nucleares registrados a su nombre: “Doctor Baulies”, “Los Reyunos”(Provincia de Mendoza) y “Cerro Solo”(Provincia del Chubut).
DE LAS CONDICIONES DE LA CONCESIÓN
DEL AMPARO DE LAS MINAS
La exención fiscal consagrada por este artículo alcanza a todo gravamen o impuesto, cualquiera fuere su denominación y ya sea nacional, provincial o municipal, presente o futuro, aplicable a la explotación y a la comercialización de la producción minera.
Quedan excluidos de esta exención las tasas por retribución de servicios y el sellado de actuación, el cual, en todo caso, será el común que rija en el orden administrativo o judicial.
Para las sustancias de la primera categoría enunciadas en el Art. 3º y las producciones de ríos y placeres del Art. 4º Inciso a), siempre que se exploten en establecimientos fijos conforme al Art. 187 de este Código, ochenta (80) pesos por pertenencia o unidad de medida, de cualquiera de las formas consignadas en los Arts. 74 a 80.
Para las sustancias de la segunda categoría enumeradas en el Art. 4º, con excepción de las del inciso b), cuarenta (40) pesos por pertenencia, de acuerdo con las medidas del Título Noveno, Sección Primera, Acápite II. Exceptúanse también de esta disposición las sustancias del Art. 4º Inciso a), en cuanto estén incluidas en el número anterior y en cuanto sean de aprovechamiento común.
Las concesiones provisorias para la exploración o cateo de las sustancias de la primera y segunda categoría, sea cualquiera el tiempo que dure, según las disposiciones de este Código, pagarán cuatrocientos (400) pesos por unidad de medida o fracción, de acuerdo con las dimensiones fijadas en el Art. 29.
Las minas cuyo dominio corresponda al dueño del suelo, una vez transferidas a un tercero o registradas por el propietario, pagarán en la misma forma y escala de los artículos anteriores, según su categoría.
El canon comenzará a devengarse desde el día del registro salvo lo dispuesto en el Art. 225, esté o no mensurada la mina.
La concesión de la mina caduca ipso facto por la falta de pago de una anualidad después de transcurridos dos (2) meses desde el vencimiento.
inversiones de capital fijo que se proponga efectuar en cada uno de los siguientes rubros:
Ejecución de obras de laboreo minero;
Construcción de campamentos, edificios, caminos y obras auxiliares de la exploración;
Adquisición de maquinarias, usinas, elementos y equipos de explotación y beneficio del mineral, con indicación de su capacidad de producción o de tratamiento, que se incorporen al servicio permanente de la mina.
Las inversiones estimadas deberán efectuarse íntegramente en el plazo de cinco (5) años contados a partir de la presentación referida en el párrafo anterior, pudiendo el concesionario, en cualquier momento, introducirles modificaciones que no reduzcan la inversión global prevista, dando cuenta de ello previamente a la autoridad minera. La inversión minera no podrá ser inferior a trescientas (300) veces el canon anual que le corresponda a la mina de acuerdo a su categoría y con el número de pertenencias.
Sin perjuicio de ello, en cada uno de los dos (2) primeros años del plazo fijado, el monto de la inversión no podrá ser inferior al veinte por ciento (20%) del total estimado en la oportunidad indicada al principio de este artículo.
El concesionario deberá presentar a la autoridad minera, dentro del plazo de tres (3) meses del vencimiento de cada uno de los cinco (5) períodos anuales resultantes del párrafo segundo de este artículo, una declaración jurada sobre el estado de cumplimiento de las inversiones estimadas.
La autoridad minera, antes de proceder a la aprobación de las inversiones efectuadas, podrá disponer que se practiquen las verificaciones técnicas y contables que estimare necesarias.
El adquirente de minas abandonadas, vacantes o caducas, tendrá el plazo de un (1) año para cumplir o completar, en su caso, las obligaciones impuestas por este artículo.
Cuando las inversiones estimadas a que se refiere el artículo precedente, no tuvieren el destino previsto en dicha norma;
Cuando dichas inversiones fueren inferiores a una suma igual a quinientas (500) veces el canon anual que le corresponda a la mina de acuerdo con su categoría y con el número de pertenencias;
Por falta de presentación de la estimación referida en el artículo precedente;
Por falta de presentación de las declaraciones juradas exigidas por el mismo artículo.
Por falsedad en tales declaraciones;
Cuando no se hubieren efectuado las inversiones proyectadas;
Cuando el concesionario hubiere introducido modificaciones a las inversiones estimadas sin aviso previo, reduciendo el monto de las mismas;
Cuando hubiere desafectado bienes comprendidos en las inversiones ya practicadas, reduciendo el monto de las estimadas.
En los casos de los incisos a), b), c) y d), la caducidad se declarará si el concesionario no salva el error o la omisión dentro de los treinta (30) días de la intimación previa que debe practicarle la autoridad minera.
En los casos de los incisos e), f), g) y h), se dará previa vista de lo actuado al concesionario por quince (15) días para su defensa.
Los recursos contra las declaraciones de caducidad se concederán con efecto suspensivo.
En ningún caso de caducidad, el concesionario podrá reclamar indemnización alguna por las obras que hubiere ejecutado en la mina, pero tendrá derecho a retirar con intervención de la autoridad minera, los equipos, máquinas, herramientas y demás bienes destinados a la explotación y al tratamiento y beneficio de los productos, que pudieren separarse sin perjudicar a la mina, así como también el mineral ya extraído que se encontrare en depósito. No podrá usarse de este derecho si existieren acreedores hipotecarios o privilegiados.
Cuando la caducidad fuera dispuesta por falta de pago del canon minero, será notificada al concesionario en el último domicilio constituido en el expediente de concesión. El concesionario tendrá un plazo improrrogable de cuarenta y cinco (45) días para rescatar la mina, abonando el canon adeudado más un recargo del veinte por ciento (20%) operándose automáticamente la vacancia si la deuda no fuera abonada en término.
Si existieran acreedores hipotecarios o privilegiados registrados o titulares de derechos reales o personales relativos a la mina, también registrados, éstos podrán solicitar la
concesión de la mina dentro de los cuarenta y cinco (45) días de notificados en el respectivo domicilio constituido, de la declaración de caducidad, abonando el canon adeudado hasta el momento de haberse operado la caducidad.
Los acreedores hipotecarios o privilegiados tendrán prioridad para la concesión respecto a los demás titulares de derechos registrados.
Cuando la caducidad fuera dispuesta por falta de pago del canon la concesión quedará supeditada a que el concesionario no haya ejercido en término el derecho de rescate.
Inscripta y publicada la mina como vacante, el solicitante deberá abonar el canon adeudado hasta el momento de haberse operado la caducidad, ingresando con la solicitud el importe correspondiente. Caso contrario, la solicitud será rechazada y archivada sin dar lugar a recurso alguno. No podrá solicitar la mina el anterior concesionario, sino después de transcurrido un (1) año de inscripta la vacancia.
Los terrenos en que se encuentran ubicadas estas minas quedarán francos e incorporados de pleno derecho y sin cargo alguno a los permisos de exploración y áreas de protección o sujetas a contrataciones que eventualmente estuvieren vigentes. El mismo procedimiento se aplicará a las minas empadronadas como caducas, en el caso en que no hayan regularizado su situación legal dentro de los noventa (90) días a contar desde el 19 de julio de 1995, salvo el caso de caducidad contemplado en el segundo párrafo del Art. 220.
Los concesionarios de socavones generales, en el caso del Art. 129 y los de los Arts. 125, 130 y 136, pagarán un canon anual de cuarenta (40) pesos , además del que le corresponda por cada pertenencia de mina nueva o abandonada que adquiriesen en conformidad con las disposiciones de los Arts. 134 y 135, y en el caso del Art. 136, abonarán también un canon a razón de doscientos (200) pesos por cada cien (100) metros de la superficie que declarasen como zona de exploración a cada lado de la obra.
En cuanto a la obligación de invertir capital los socavones quedan sometidos a lo dispuesto por el presente Código para las pertenencias comunes.
La autoridad minera de la.
respectiva jurisdicción deberá publicar cada semestre o a más tardar cada año, un padrón en el que se anotarán todas las minas por distritos, secciones o departamentos, y el estado en que se hallasen las concesiones.
Dentro del término de las publicaciones en caso de abandono o hasta treinta (30) días después, podrán pedir los acreedores hipotecarios o privilegiados que se ponga en venta pública la mina para pagarse con su producido, después de abonado el canon y los gastos; no haciéndose uso de este derecho, quedan extinguidos los gravámenes.
Las demasías, sea cualquiera su extensión, serán consideradas a los efectos del pago de la patente como una pertenencia completa en todos los casos y variantes establecidos en el Acápite III, del Título Séptimo.
Cuando el concesionario o dueño de la demasía no fuera un colindante, además del pago del canon tendrá la obligación de invertir capital como lo dispone la presente Ley.
Se considera que la mina ha estado inactiva cuando no se han efectuado en ella trabajos regulares de exploración, preparación o producción, durante el plazo señalado en el párrafo precedente.
La intimación deberá ser cumplida en el plazo de seis (6) meses, bajo pena de caducidad de la concesión.
Presentado el proyecto, el concesionario deberá cumplimentar cada una de sus etapas dentro de los plazos para ellas previstos, que no podrán exceder en su conjunto, de cinco (5) años, bajo pena de caducidad de la concesión, a aplicarse en el primer incumplimiento.
A los efectos de asegurar una debida publicidad e igualdad de oportunidades para la oferta de minas caducas en los términos de los Arts. 219 y 226 del Código de Minería, las autoridades mineras dispondrán la oferta pública de las minas anunciando su vacancia con la debida anticipación y publicación en el Boletín Oficial de sus jurisdicciones sin perjuicio de otras formas de publicidad que éstas determinen.
DEL ABANDONO
El dueño de una mina que quiera abandonarla, lo declarará por escrito ante la autoridad minera con veinte (20) días de anticipación.
Este escrito comprenderá el nombre de la mina, el del mineral en que se encuentra, la clase de sustancia que se explota y el estado de sus labores.
El escrito con su proveído se asentará en el libro correspondiente a los registros, y se publicará.
Subsisten los derechos y obligaciones del dueño de una mina, mientras la autoridad competente no admita el abandono.
Si por cualquier motivo la notificación no se pudiere verificar en los quince (15) días siguientes al proveído de la autoridad, servirá de citación la publicación.
Concurriendo más de un acreedor hipotecario, será preferido el más antiguo.
El cartel se insertará tres (3) veces dentro del mismo plazo en el periódico oficial, y en su defecto en el que determine la autoridad.
El informe, que se evacuará en el más corto tiempo posible, se depositará en la oficina para conocimiento de los interesados.
El dueño de la mina no es responsable por los gastos de esta diligencia ni de ninguna de las demás concernientes al abandono.
En la solicitud se expresará el nombre del dueño, el de la mina, el del mineral en que se encuentra y la clase de sustancia que se ha explotado.
Puede registrar nuevamente la mina sesenta (60) días después de vencido el término de las publicaciones.
En uno y otro caso se supone que la mina no ha sido antes concedida, o solicitada.
CONDICIONES DE LA EXPLOTACIÓN
CONDICIONES TÉCNICAS DE LA EXPLOTACIÓN
La protección del ambiente y la conservación del patrimonio natural y cultural en el ámbito de la actividad minera quedarán sujetas a las disposiciones de la sección segunda de este Título y a las que oportunamente se establezcan en virtud del Art. 41 de la Constitución Nacional .
Si el informe fuere contrario o los medios propuestos no convinieren al propietario, la autoridad resolverá admitiendo las pruebas legales que se presentaren y nombrando nuevo perito, si fuese necesario.
Se suspenderán los trabajos cuando los medios de comunicación y tránsito no ofrezcan la seguridad suficiente, y mientras se reparan o construyen.
Pero los trabajos continuarán en las labores expeditas.
Los interesados podrán reclamar ante la misma autoridad si encuentran inconvenientes las medidas de precaución que se les impongan.
Desde el momento en que el juez adquiera conocimiento del suceso, adoptará las medidas necesarias para hacer desaparecer todo peligro; valiéndose al efecto del ingeniero o perito que exista en el asiento minero.
Sin perjuicio de esas medidas, procederá a levantar información sumaria de los hechos y de sus causas.
El aviso se dirigirá a la autoridad minera sin perjuicio de comunicarlo oportunamente al juez del mineral.
Si en las visitas encontrase que se ha faltado a alguna de las disposiciones de esta sección o de las demás referentes a la seguridad, orden y policía, dictará y mandará ejecutar las medidas convenientes.
Si de la inspección resultare que la vida de las personas o la conservación de las minas corren peligro, mandará suspender los trabajos.
Las de los Arts. 236 y 242, con una multa cuyo monto será quince (15) a ochenta (80) veces el canon anual que devengare la mina;
Las del Art. 237, con una multa cuyo monto será treinta (30) veces el canon anual que devengare la mina, que podrá extenderse hasta trescientas (300) veces según el valor de los minerales extraídos y sin perjuicio de la responsabilidad personal del infractor.
Las de los Arts. 238, 239 y 240, con una multa cuyo monto será ocho (8) a cincuenta (50) veces el canon que devengare la mina.
Las del Art. 241 con una multa cuyo monto será de tres (3) a quince (15) veces
el canon que devengare la mina.
Las infracciones a los reglamentos de policía minera y de preservación del ambiente, serán penadas con una multa cuyo monto será tres (3) a quince (15) veces el canon que devengare la mina, si no tuvieren otras sanciones previstas en tales reglamentos.
Si se tratase de un siniestro, se adoptarán las medidas que la gravedad y urgencia del caso requieran.
Procederá cualquiera de ellos, Juez o ingeniero, si ambos no hubieren concurrido.
En el caso de oposición, la autoridad nombrará un nuevo perito si fuese necesario, pudiendo el interesado nombrar otro por su parte.
Con el informe de estos peritos y teniendo presente el del perito oficial, se resolverá definitivamente.
DE LA PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA LA ACTIVIDAD MINERA I Ámbito de aplicación. Alcances
El titular del derecho minero será solidariamente responsable, en los mismos casos, del daño que ocasionen las personas por él habilitadas para el ejercicio de tal derecho.
Prospección, exploración, explotación, desarrollo, preparación, extracción y almacenamiento de sustancias minerales comprendidas en este Código de Minería, incluidas todas las actividades destinadas al cierre de la mina.
Los procesos de trituración, molienda, beneficio, pelletización, sinterización, briqueteo, elaboración primaria, calcinación, fundición, refinación, aserrado, tallado, pulido lustrado, otros que puedan surgir de nuevas tecnologías y la disposición de residuos cualquiera sea su naturaleza.
II De los instrumentos de gestión ambiental
La autoridad de aplicación podrá prestar asesoramiento a los pequeños productores para la elaboración del mismo.
Para la etapa de exploración el citado Informe deberá contener una descripción de los métodos a emplear y las medidas de protección ambiental que resultaren necesarias.
En las etapas mencionadas precedentemente será necesaria la previa aprobación del Informe por parte de la autoridad de aplicación para el inicio de las actividades, sin perjuicio de las responsabilidades previstas en el Art. 250 por los daños que se pudieran ocasionar.
La autoridad de aplicación en el término de treinta (30) días hábiles se expedirá aprobando o rechazando el informe en forma expresa.
La autoridad de aplicación, en el caso de producirse desajustes entre los resultados efectivamente alcanzados y los esperados según la Declaración de Impacto Ambiental, dispondrá la introducción de modificaciones, atendiendo la existencia de nuevos conocimientos acerca del comportamiento de los ecosistemas afectados y las acciones tendientes a una mayor eficiencia para la protección del área de influencia de la actividad. Estas medidas podrán ser consideradas también a solicitud del operador minero.
III De las normas de protección y conservación ambiental
Los procedimientos, métodos y estándares requeridos, conducentes a la protección ambiental, según las etapas de actividad comprendidas en el Art. 251, categorización de las actividades por grado de riesgo ambiental y caracterización ecosistemática del área de influencia.
La creación de un Registro de consultores y laboratorios a los que los interesados y la Autoridad de Aplicación podrán solicitar asistencia para la realización de trabajos de monitoreo y auditoría externa.
La creación de un Registro de Infractores.
La ubicación y descripción ambiental del área de influencia;
La descripción del proyecto minero;
Las eventuales modificaciones sobre suelo, agua, atmósfera, flora y fauna, relieve y ámbito sociocultural;
Las medidas de prevención, mitigación, rehabilitación, restauración o recomposición del medio alterado, según correspondiere;
Métodos utilizados.
IV De las responsabilidades ante el daño ambiental
V De las infracciones y sanciones
Apercibimiento;
Multas, las que serán establecidas por la Autoridad de Aplicación conforme las pautas dispuestas en el Art. 245 del presente Código;
Suspensión del goce del Certificado de Calidad Ambiental de los productos;
Reparación de los daños ambientales;
Clausura temporal, la que será progresiva en los casos de reincidencia. En caso de tres (3) infracciones graves se procederá al cierre definitivo del establecimiento.
Inhabilitación.
VI De la educación y defensa ambiental
consecuencias y prevención con arreglo a las particularidades regionales, étnicas, sociales, económicas y tecnológicas del lugar en que se desarrollen las tareas.
DE LOS AVIOS DE MINAS
I De la constitución y condiciones del contrato
Los aviadores tienen preferencia sobre todo otro acreedor.
O puede dársele participación en los productos por un tiempo determinado, o hasta cubrir el valor de los avíos.
En el primer caso, queda el aviador sujeto a las disposiciones que reglan las compañías de minas.
No puede pretenderse derecho alguno a los productos de la mina, antes de que se haya cubierto la cantidad convenida o se haya vencido el tiempo señalado.
Puede estipularse que el pago se haga en dinero con el valor de los productos vendidos al precio corriente.
En este caso se pagará el interés que libremente hubiesen estipulado los contratantes.
Para que el contrato por instrumento privado produzca efecto respecto de terceros, es necesario que se inscriba en el registro destinado a los contratos de minas.
En todo caso, se publicará por tres (3) veces diferentes en el espacio de quince (15) días, en el periódico que la autoridad designe, y se fijará en las puertas del oficio del escribano durante el mismo plazo.
El aviador será notificado con quince (15) días de anticipación para que, dentro de este término, pueda suministrar los avíos correspondientes.
Si el aviador requerido al efecto, no los suministra oportunamente, podrá el dueño de la mina demandar judicialmente su pago, o tomar dinero de otras personas por cuenta del aviador, o celebrar con otro un nuevo contrato de avíos.
II De la administración de la mina aviada
Al efecto, se requerirá a los dueños para que hagan las reparaciones y reformas reclamadas; y no verificándolas en el término de veinte (20) días, o en el que la autoridad creyere conveniente, se entregará la administración al aviador.
No tendrá lugar lo dispuesto en los dos (2) incisos anteriores, cuando los avíos suministrados estén cubiertos en el todo o en las tres cuartas partes de su valor.
Tampoco tendrá lugar, cuando se hubieren prestado garantías.
En este caso se considerarán esos valores como capital invertido en el avío.
Son atribuciones del interventor: inspeccionar la mina; cuidar de la buena cuenta y razón; tener en su poder los dineros y efectos destinados al avío para entregarlos oportunamente. Pero en ningún caso podrá mezclarse en la dirección de los trabajos, ni oponerse a los que se ejecutaren, ni contrariar acto alguno de la administración.
El interventor en este caso, tiene facultad para oponerse a toda operación y a todo trabajo que pueda causar perjuicio al propietario, o comprometer el porvenir de la mina, o que importe la infracción de cualquiera de las disposiciones del presente Título.
En estos casos, el juez del mineral, a solicitud del interesado, mandará suspender los trabajos.
III Disolución de los contratos de avíos
Pero, cuando no se hubiese estipulado el tiempo de la duración de los avíos, ni la cantidad que debía suministrarse, ni las obras que había obligación de ejecutar, cualquiera de los interesados puede, dando aviso con sesenta (60) días de anticipación, poner término al contrato.
En este caso, el aviador desahuciado tiene derecho a cobrar el valor de los efectos entregados y el valor de su crédito con los premios estipulados.
Tiene derecho a que se reciban los efectos que se le hubieren pedido.
Cuando el minero sea el desaviado, el pago se hará con los productos libres de la mina, después de los hipotecarios y de los aviadores posteriores.
Si la obligación es de pagar en dinero, tendrá el propietario desahuciado el plazo de cuatro (4) meses sin interés.
DE LAS MINAS EN COMPAÑÍA
I Constitución de las compañías
Las compañías se constituyen:
Por el hecho de registrarse una mina;
Por el hecho de adquirirse parte en minas registradas;
Por un contrato especial de compañía;
Este contrato deberá hacerse constar por escritura pública.
Para formar junta, bastará la asistencia de la mitad de los socios presentes con derecho a votar; previa la citación de todos, aun de los que no tengan voto.
En la citación se expresará el objeto de la reunión y el día y hora en que debe celebrarse.
De otro modo la citación se hará por medio de avisos publicados por la prensa con diez
(10) días de anticipación cuando menos.
Al serles presentadas, firmarán los socios para constancia del hecho.
A falta del presidente, por dos (2) o más socios, o por el administrador si se le hubiere conferido esa facultad.
Sólo en el caso de negativa del presidente, los socios podrán verificar la citación.
Pero sólo podrán votar aquellos que tengan una (1) o más acciones.
Cada acción representa un (1) voto, ya pertenezca a una sola persona, ya a varias.
Los correspondientes a un solo dueño no podrán formar por sí solos mayoría.
Cuando alcancen o pasen de la mitad de las acciones se considera empatada la votación.
Sin embargo, podrá asociarlo a su parte y aun cedérsela íntegra, sin que por tal hecho el asociado se haga miembro de la sociedad.
II De la administración
El nombramiento podrá recaer en personas extrañas; pero se necesitará el concurso de dos tercios de votos, si dos o más socios se opusieren.
La duración, atribuciones, deberes, recompensas y duración de los administradores, se determinarán en junta, si no se hubiesen estipulado en el contrato de compañía.
Los administradores no pueden contraer créditos, gravar las minas en todo ni en parte, vender los minerales o pastas, nombrar ni destituir los administradores de la faena, sin especial autorización.
En todo caso, los socios pueden impedir la venta de los minerales y pastas, pagando los gastos y cuotas correspondientes.
Es nula la estipulación que prive a algún socio de toda participación en los beneficios o productos.
O cuando el administrador de la compañía y el de la mina lo crean conveniente.
O cuando cualquiera de los socios lo pretenda, siempre que los mismos administradores lo creyeren oportuno.
Cuando no hubiere acuerdo, la distribución se hará en dinero.
III De la concurrencia a gastos extraordinarios
Igual unanimidad se requiere cuando se trate de reducir las cuotas designadas para la explotación ordinaria de la mina.
Bastará la mayoría para emplear los productos de la mina en las obras que juzgare convenientes.
La autoridad resolverá con el informe del director de los trabajos de la mina y con el del ingeniero oficial, o con el de los peritos que las partes puedan nombrar.
IV De la inconcurrencia a los gastos y sus efectos
No pagándose en el plazo prefijado las cuotas correspondientes;
Cuando, a falta de estipulación o acuerdo, no se han entregado estas cuotas treinta (30) días después de haberse pedido;
Si habiéndose hecho los gastos sin pedir cuotas, o habiendo éstos excedido del valor de las entregas, no se paga la parte correspondiente en el término de quince
(15) días;
Cuando no se contribuye a los gastos necesarios para la seguridad y conservación de la mina.
No verificándose el pago dentro de los treinta (30) días siguientes al requerimiento, la parte de mina queda acrecida proporcionadamente a la de los socios contribuyentes.
La parte que a cada uno corresponda, se inscribirá en el registro de minas.
Pero en el caso presente, las publicaciones se harán cinco (5) veces en el espacio de treinta (30) días, y durante igual término se fijarán los carteles.
V De la oposición al requerimiento
El escrito de oposición contendrá la exposición clara y precisa de los hechos que la justifiquen, y se agregarán los documentos en que se funde.
No presentándose la oposición en el término fijado, queda irrevocablemente verificada la acrecencia.
El pago de las cantidades, por las que se ha hecho el requerimiento;
Que esas cantidades procedan de trabajos ejecutados sin el consentimiento del oponente en los casos que este consentimiento es necesario;
Que la cuota o cantidad que se solicita esté destinada a esa misma clase de trabajos;
La existencia de minerales suficientes para cubrir la deuda.
El pago se hará efectivo si no se hiciere lugar a la acrecencia por resolución de la autoridad, o por desistimiento de los denunciantes.
VI De la disolución de la compañía
Por el hecho de haberse reunido en una sola persona todas las partes de la mina;
Por el abandono y desamparo;
Cuando, habiéndose formado la compañía bajo estipulaciones especiales, se verifica alguno de los hechos que, con arreglo a esas estipulaciones, produzca la disolución.
VII Prerrogativas de las compañías
Si las Compañías se componen de cuatro o más personas, tendrán derecho a sesenta pertenencias.
VIII De las compañías de cateo o exploración
El acuerdo podrá ser de palabra o hacerse constar en escritura pública o privada.
Si hubiere precedido promesa o convenio deberá hacerse constar por escrito.
DE LA SOCIEDAD CONYUGAL
DE LA ENAJENACIÓN Y VENTA DE LAS MINAS
En consecuencia, el descubridor de un criadero puede vender y transmitir los derechos que adquiere por el hecho del descubrimiento.
Los que contravengan lo dispuesto en el párrafo anterior, pagarán una multa cuyo monto será cuatro (4) a treinta (30) veces el canon anual que devengare la mina, debiendo embargarse los minerales hasta que se pruebe que pertenecían al vendedor o que estaba autorizado a venderlos.
Podrán extenderse en instrumento privado todos los contratos que se celebren antes del vencimiento del plazo señalado para la ejecución de la labor legal.
Practicada la mensura y demarcación de la mina, esos contratos se reducirán a instrumento público.
DE LA PRESCRIPCIÓN DE LAS MINAS
Para la prescripción sin justo título, se necesita una posesión de cinco (5) años.
DEL ARRENDAMIENTO DE LAS MINAS
Los arrendamientos de minas y canteras podrán celebrarse por plazos de hasta veinte
(20) años.
Pero para rebajar puentes y macizos es necesario una estipulación especial.
Desde el momento en que se ocurre a la autoridad hasta que se dicte providencia permitiendo o negando la ocupación de la mina, no correrá el término del desamparo.
Si resultare del primer reconocimiento que practique la autoridad con arreglo a lo dispuesto en el Art. 218, que la mina no tiene el correspondiente amparo, y el arrendatario no lo restablece inmediatamente y lo sostiene, el propietario podrá hacer cesar el contrato.
Pero el arrendatario pagará los gastos de la defensa o del rescate de la mina; y en el caso de declararse el desamparo, su valor y los daños y perjuicios.
Si descubre un criadero o hay alguna pertenencia abandonada, usará de los derechos que la ley ha establecido en estos casos.
En caso de que se suspenda la explotación, contraviniendo a las estipulaciones del contrato, el dueño puede rescindirlo y cobrar daños y perjuicios.
DEL DERECHO DE USUFRUCTO
El usufructuario tiene derecho a aprovechar los productos y beneficios de la mina, como puede aprovecharlos el propietario.
Pero el usufructuario de un fundo común no podrá explotar las minas que en sus límites se comprendan, aunque se encuentren en actual trabajo.
El usufructo de minas podrá celebrarse por un plazo de hasta cuarenta (40) años, ya fuere constituido a favor de una persona jurídica o natural y no se extingue por muerte del usufructuario, salvo pacto en contrario.
En todo caso, podrá tomar los materiales necesarios para las reparaciones que exija el fundo y para las obras que esté obligado a ejecutar.
Corresponde al propietario el valor de las indemnizaciones por el deterioro o inutilización del suelo.
DE LA INVESTIGACIÓN GEOLÓGICA Y MINERA A CARGO DEL ESTADO
Aquella que realice el Estado Nacional se efectuará con consentimiento previo de las provincias donde se practicará la actividad.
La autoridad provincial o, en su caso, y en forma excluyente, la empresa o entidad estatal provincial que tenga a su cargo la investigación podrá disponer, mediante comunicación cursada a la autoridad minera, zonas exclusivas de interés especial para la prospección minera, que realizará en forma directa o con participación de terceros.
Las zonas de interés especial podrán tener en conjunto una extensión máxima de cien mil (100.000) hectáreas por provincia y su duración no excederá el plazo improrrogable de dos (2) años.
En caso de decidir la intervención de terceros, los organismos a que se refiere el segundo párrafo de este artículo, sin perjuicio de los trabajos propios que se proponga desarrollar en el área, deberán convocar a un concurso invitando públicamente a empresas a presentar sus antecedentes, un programa de trabajos y un compromiso de inversión compatibles con los objetivos de investigación propuestos.
La invitación se publicará por tres (3) días en el plazo de quince (15) días en el Boletín Oficial y en oficinas de la autoridad minera y del organismo convocante y contendrá los objetivos de la investigación, los requisitos mínimos que deberán contener las propuestas, el lugar de presentación, el plazo dentro del cual serán recibidas y las
bases para la comparación de las propuestas. Cuando se estime conveniente podrá optarse por desarrollar las condiciones del llamado en un pliego.
Dentro del plazo fijado para la prospección, el adjudicatario de la zona podrá solicitar uno o más permisos de exploración o efectuar manifestaciones de descubrimientos, quedando sujetos estos derechos a las disposiciones generales de este Código, sin perjuicio de las obligaciones que pudieren corresponder en virtud de la convocatoria o que resulten de la propuesta.
Los adjudicatarios quedan obligados a suministrar al organismo convocante la información y la documentación técnica obtenida en el curso de las etapas de la investigación, sin necesidad de requerimiento y dentro de los plazos que fije aquel organismo, bajo pena de una multa de hasta veinte (20) veces el valor del canon de exploración que corresponda a un permiso de cuatro (4) unidades de medida.
Las áreas de interés especial en las que no hubiese realizado el Estado o la empresa o entidad estatal provincial trabajos de prospección, o efectuado adjudicación alguna en el transcurso del primer año, contado desde la fecha en que fueron dispuestas, quedarán automáticamente liberadas. La autoridad minera dará curso a las solicitudes de derechos mineros que presenten los particulares previa verificación de la inexistencia de los referidos trabajos o adjudicación.
Las minas que descubran los organismos antes mencionados en el curso de sus investigaciones y, en las zonas de interés especial que establezcan éstos, cuando no hayan dado participación a terceros, deberán ser transferidas a la actividad privada dentro del año de operado el descubrimiento y por el procedimiento que determina este artículo. Caso contrario, quedarán automáticamente vacantes y a disposición de cualquier interesado en adquirirlas.
Las empresas o entidades estatales provinciales autorizadas por ley para efectuar exploraciones y explotaciones mineras podrán encuadrar sus investigaciones en las disposiciones del presente Art. , sin perjuicio de su derecho a solicitar permisos y concesiones con arreglo a las normas generales de este Código.
APÉNDICE CÓDIGO DE MINERÍA
APÉNDICE
DEL RÉGIMEN LEGAL DE LAS MINAS DE PETRÓLEO E HIDROCARBUROS FLUIDOS
I Derechos del Estado y de los particulares
Las minas de petróleo e hidrocarburos fluidos son bienes del dominio privado de la Nación o de las provincias, según el territorio en que se encuentren.
El Estado nacional y los estados provinciales pueden explorar y explotar minas e industrializar, comerciar y transportar los productos de las mismas directamente o por convenios entre sí o mediante las sociedades mixtas autorizadas por este Apéndice.
El Estado nacional puede solicitar ante las autoridades provinciales permisos de exploración, concesiones de explotación de hidrocarburos fluidos, construcción y explotación de oleoductos, en las condiciones determinadas para los particulares.
Cuando el Estado nacional ejerza las facultades conferidas por las disposiciones precedentes, lo hará por intermedio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales .
Cuando los estados provinciales ejerzan este mismo derecho, lo harán por intermedio de una repartición con personería jurídica creada al efecto.
El Poder Ejecutivo nacional podrá limitar o prohibir la importación o la exportación de hidrocarburos fluidos cuando en casos de urgencia así lo aconsejen razones de interés público, debiendo dar cuenta de ello, oportunamente, al Congreso.
Los particulares pueden explorar y explotar minas de hidrocarburos fluidos con arreglo a las prescripciones de este Código, con las modificaciones introducidas en este Apéndice.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los Arts. 22 y 23 de este Código , en la parte no modificada por leyes posteriores, no pueden adquirir por sí ni por interpósita persona ninguno de los derechos mineros enumerados en este Apéndice:
1 Las autoridades mineras y demás funcionarios o empleados dependientes de las mismas, cualquiera sea la naturaleza de sus funciones;
2 Los directores y empleados de empresas fiscales;
3 Los Estados extranjeros y las sociedades no constituidas en la República o cuyo funcionamiento como personas jurídicas no haya sido reconocido por las autoridades argentinas;
4 Los extranjeros que no tengan domicilio real en la República.
Las interdicciones impuestas por los incisos 1 y 2 durarán hasta cinco (5) años después de haber cesado en sus funciones las personas comprendidas en ellas.
II De la exploración
La exploración y explotación de las minas de hidrocarburos fluidos, se regirán por las disposiciones referentes a substancias de la primera categoría, en cuanto no estuvieran modificadas por este Apéndice.
La unidad de exploración para hidrocarburos fluidos será de dos mil (2.000) hectáreas. El permiso constará de una unidad cuando se solicite la exploración dentro de un radio de cinco (5) kilómetros de una mina de hidrocarburos fluidos, anteriormente registrada en producción, y hasta de tres (3) unidades contiguas fuera del radio citado, sea que los terrenos estén o no cercados, labrados o cultivados y sea cual fuere el número de solicitantes.
El perímetro del terreno a explorar deberá tener la forma más regular posible, ser limitado por cuatro (4) líneas rectas y su longitud no podrá exceder de dos (2) veces el promedio de su latitud; pero si el perímetro fuera limitado por otras concesiones, o por la jurisdicción territorial, o por accidentes geográficos naturales, tendrá en estos casos la forma y límites exigidos por la superficie del terreno disponible.
Dentro de ese plazo de seis (6) meses deberán quedar realizadas las gestiones a que se refiere el Art. 27 de este Código y efectuada la demarcación del perímetro de cateo, bajo pena de caducidad si el incumplimiento fuera imputable al solicitante. Si la conformación del terreno presentare dificultades para su acceso y medición y necesitare postergarse la demarcación del perímetro de cateo, podrá la autoridad competente autorizarla dentro de un plazo prudencial que no excederá de seis (6) meses a cuyo vencimiento comenzará a correr el término de la exploración.
Si vencido el plazo de exploración no se hubiere encontrado el mineral y a juicio de la autoridad minera se hubieran hecho los trabajos formales a una profundidad suficiente para el hallazgo del mismo, podrá prorrogarse el término por un (1) año más.
Si el concesionario del permiso de exploración, vencida la prórroga, no hubiera hallado el mineral y manifestara deseos de continuar los trabajos, podrá acordársele un nuevo plazo de un (1) año más, siempre que hubiera efectuado, por cada unidad de medida, dos (2) perforaciones en cualquiera o cualesquiera de ellas si el permiso comprende más de una (1) unidad, a una profundidad que justifique a juicio de la autoridad minera, la seriedad de dichos trabajos.
Dentro del término de la exploración deberán hacerse las manifestaciones de descubrimiento y en su defecto la concesión quedará caduca de pleno derecho.
Ningún particular podrá ser concesionario o estar interesado simultáneamente en más de cinco (5) permisos de exploración dentro de cada zona "reconocida" como petrolífera, considerándose como tal la que se encuentra comprendida en un radio de cincuenta (50) kilómetros del pozo descubridor de una mina de petróleo registrada; ni en total, dentro o fuera de zonas "reconocidas", en más de diez (10) permisos en cada una de las provincias.
III De la explotación
No regirán para las minas de hidrocarburos fluidos ni los derechos de ampliación ni los de demasía.
permiso de exploración, hasta dos (2) pertenencias de quinientas (500) hectáreas cada una, que ubicará conjunta o separadamente, sin distinción entre descubridor individual y compañía.
En caso de que el explorador encontrase indicios ciertos de existencia de un yacimiento de hidrocarburos fluidos, como resultado de sus trabajos de exploración, deberá manifestarlo a la autoridad competente dentro del plazo de treinta (30) días.
La manifestación formal del descubrimiento ante la misma autoridad deberá hacerse dentro del plazo de noventa (90) días.
El incumplimiento en uno y otro caso de las disposiciones anteriores será penado con una multa del décuplo del valor del canon de exploración durante el tiempo de la demora.
La ubicación y mensura de las pertenencias a que se refiere el Art. 15 de este Apéndice, deberá ser solicitada con los requisitos establecidos en el Art. 83, dentro del término de duración del permiso de exploración prorrogable por seis (6) meses con causa justificada. Si así no se hiciera se dará por desistida la concesión.
El capital mínimo que deberá invertir el concesionario de minas de hidrocarburos fluidos en el plazo, condiciones y sanción establecido por el Art. 218 de este Código, independientemente de los gastos ocasionados en cumplimiento de lo establecido por el Art. 11 de este Apéndice.
No son aplicables las disposiciones sobre labor legal comprendidas en el Art. 68 y siguientes de este Código.
La resolución que se dicte por el Poder Ejecutivo nacional o provincial puede ser impugnada por acción judicial dentro de los diez (10) días de notificarse personalmente o por cédula en el domicilio legal constituido en la solicitud de exploración. La resolución administrativa no se ejecutará mientras no se dicte la sentencia definitiva.
Si no se cumpliera lo resuelto dentro de los seis (6) meses de la notificación administrativa o de la sentencia confirmatoria cuando mediare acción judicial, la concesión podrá ser declarada caduca por el Poder Ejecutivo.
IV Obligaciones de los concesionarios
Remitir al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y autoridad minera local:
1 Las muestras testigos del corte geológico de las perforaciones de exploración.
2 La comunicación, dentro de los treinta (30) días de cada hallazgo, de horizontes petrolíferos que atraviesen las perforaciones de exploración, su espesor, probable rendimiento y calidad del mineral.
3 En el primer trimestre de cada año, el programa aproximado de trabajos a desarrollar en el transcurso del mismo y un informe general sobre el efectuado en el año anterior.
4 Mensualmente, una planilla demostrativa de la producción de cada pozo.
Facilitar a las mismas autoridades toda investigación que crean necesaria para
controlar el estricto cumplimiento de este Acápite.
Asegurar a sus empleados y obreros contra todo riesgo proveniente del trabajo
de las minas.
Toda infracción a estas disposiciones será castigada con una multa de mil (1.000) a diez mil (10.000) pesos moneda nacional . En caso de reincidencia el Poder Ejecutivo podrá suspender los trabajos hasta tanto el concesionario cumpla las obligaciones impuestas por este artículo. Estas penalidades se aplicarán sin perjuicio de las medidas coercitivas que adoptará la autoridad administrativa.
V Reservas
Estas reservas no se harán por más de diez (10) años.
Estas reservas sólo serán exploradas y explotadas por el Estado nacional o provincial, directamente o por medio de sociedades mixtas o por Yacimientos Petrolíferos Fiscales.
No podrá el Estado nacional o provincial mantener estas reservas como tales por más de diez (10) años. Vencido este plazo, podrán ser adjudicadas a particulares en licitación pública dando preferencia al explorador originario de la concesión en igualdad de condiciones, y en su defecto, pasarán a ser zonas en disponibilidad.
VI Contribuciones
Las explotaciones existentes pagarán una contribución igual, pero si comprobaran que abonan una regalía anterior, el Estado fijará la proporción que corresponda pagar al titular de la explotación y al de la regalía, dentro del porcentaje establecido en este Apéndice.
En circunstancias especiales los Poderes Ejecutivos podrán reducir la contribución hasta el mínimo del ocho por ciento (8 %), teniendo en cuenta la clase y características del yacimiento, la distancia y el transporte.
Esta contribución será pagada al Estado nacional o provincial por todo productor, inclusive las explotaciones fiscales, ya sean hechas por Yacimientos Petrolíferos Fiscales o por compañías mixtas.
El combustible debe ser entregado en los lugares de embarque de la explotación, en condiciones comerciales, deduciéndose el precio del transporte, que no será mayor que lo que pague el concesionario.
El Estado podrá exigir la contribución en efectivo al precio que el producto tenga en la región.
El Art. 215 del Código no rige para las explotaciones de hidrocarburos fluidos.
VII Servidumbres y oleoductos
Pero si el oleoducto llegara a una estación de ferrocarril de jurisdicción nacional, o el transporte de petróleo a que estuviere destinado se vinculara al realizado por un ferrocarril de jurisdicción nacional, la concesión deberá ser aprobada por el Poder Ejecutivo nacional.
En todos los demás casos y cuando el oleoducto pudiera ser destinado al transporte interprovincial o internacional, la concesión será otorgada exclusivamente por ley de la Nación.
Cuando el oleoducto pertenezca a un productor, la autoridad nacional o provincial tomará en cuenta, en primer término, la necesidad de éste respecto de su propia producción, para fijar el porcentaje que corresponda al transporte de terceros.
VIII Sociedades Mixtas
El Estado y los particulares contribuirán a la formación del capital social en la proporción que convengan;
Estas sociedades se regirán por las disposiciones del Código de Comercio sobre sociedades anónimas con las modificaciones siguientes:
1 El presidente y por lo menos el tercio del número de directores que se fije por los estatutos, representarán al Estado. Deberán ser argentinos y nombrados por el Poder Ejecutivo respectivo, con acuerdo del Senado o de la Legislatura. Los demás directores y el síndico serán nombrados por los accionistas;
2 El presidente, y en su ausencia cualquiera de los directores nombrados por el Estado, tendrán la facultad de vetar las resoluciones de las asambleas o las del directorio que fueran contrarias a la ley o a los estatutos, o que puedan comprometer las conveniencias superiores del Estado. En este caso se elevarán los antecedentes al Poder Ejecutivo para que se pronuncie en definitiva sobre la confirmación o revocación correspondiente al veto.
LEY X–0058
(Antes Ley 1919 –T.O. Decreto 456/1997
B.O.30/05/1997)
Tabla de Antecedentes
Articulo Fuente
1 y 2 Arts. 1 y 2 texto original
3 Art. 3 texto original. El inciso c) conforme ley 25225
4 a 66 Arts. 4 a 66 texto original
67 Art. 67 texto adaptado conforme art 23 de la Ley 24224, reproducido en el Art.
351 del texto original con la correspondiente reenumeración
68 a 75 Arts. 68 a 75
76 Art. 76, texto adaptado conforme art 23 de la Ley 24224, reproducido en el Art. 351 del texto original con la correspondiente reenumeración
77 a 81 Arts. 77 a 81 texto original
82 Art. 82 introducido conforme cláusula XVI del Acuerdo Federal Minero que aprueba la ley 24228.
83 a 95 Arts. 82 a 94 texto original
96 Art. 95 con modificación de la Autoridad Judicial competente
97 a 176 Arts. 96 a 175 texto original
177 Art. 176, texto adaptado conforme art 23 de la Ley 24224, reproducido en el Art. 351 del texto original con la correspondiente reenumeración
178 a 181 Arts. 177 a 180 texto original.
182 Art. 181 texto adaptado conforme art 23 de la Ley 24224, reproducido en el Art. 351 del texto original con la correspondiente renumeración.
183 a 212 Arts. 182 a 211 texto original.
213 Art. 212 segundo párrafo, texto original.
214 a 220 Art. 213 a 219 texto original
221 Art. 220 texto original; se explicita la fecha de publicación citada.
222 a 226 Art. 221 a 225 texto original.
227 Cláusula VI del Acuerdo Federal Minero que aprueba la ley 24228.
228 a 240 Art. 226 a 238.
241 Art. 239 se ajusta la redacción en virtud de la ley 26390.
242 A 313 Arts. 240 a 311 texto original.
Texto original Art. 312, reformado por Art. 23 de la Ley 24244, reproducido en el Art. 351 del Texto original.
315 a 348 Art. s 313 a 346 del texto original
349 Art. 347 del texto original, con supresión
2 párrafo derogación objeto cumplido
Artículos Suprimidos
por objeto cumplido.
Arts. 348 a 362, por objeto cumplido.
APÉNDICE
LEY X-0061
(Antes Ley 1919 –T.O. Decreto 456/1997 30/05/1997)
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