Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 28 de Mayo de 2020, expediente CFP 014216/2003/TO07/14/7/CFC563
| Fecha de Resolución | 28 de Mayo de 2020 |
| Emisor | CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4 |
Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4
CFP 14216/2003/TO7/14/7/CFC563
REGISTRO N° 662/20
Buenos Aires, 28 de mayo de 2020.
AUTOS Y VISTOS:
Integrada la Sala IV por los doctores J.C. y G.M.H., reunidos de manera remota de conformidad con lo establecido en las Acordadas 6/20, 8/20, 10/20, 13/20, 14/20 y 16/20 de la C.S.J.N., y 6/20, 8/20, 10/20, 11/20 y 12/20 de la C.F.C.P., para decidir acerca de la admisibilidad del recurso de casación interpuesto en la presente causa CFP 14216/2003/TO7/14/7/CFC563 del registro de esta Sala, caratulada: “T., R. s/recurso de casación”.
Y CONSIDERANDO:
El señor juez J.C. dijo:
-
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº
2 de esta ciudad, con fecha 24 de abril del corriente,
resolvió “NO HACER LUGAR al pedido de ARRESTO
DOMICILIARIO efectuado por la defensa de RICARDO
T.”.
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Contra dicha decisión, el Defensor Público Oficial del nombrado interpuso el recurso de casación en estudio, el que fue concedido por el tribunal a quo -en cuanto a su admisibilidad formal-
en fecha 11 de mayo de 2020.
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De las constancias ́
traidas a conocimiento de esta instancia, surgen elementos ́
suficientes que justifican la habilitacion de la feria extraordinaria dispuesta por el a quo como consecuencia de la emergencia ́
publica sanitaria (Decretos 260/20, 297/20,325/20, 355/20, 408/20,
459/20 y 493/20 P.E.N., Acordadas 4/20, 6/20, 8/20,
10/20, 13/20, 14/20 y 16/20 de la C.S.J.N. y Acordadas 3/20, 6/20, 8/20, 10/20, 11/20 y 12/20 de esta C.F.C.P.).
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Que, si bien las resoluciones que involucran cuestiones como las aquí invocadas son equiparables a sentencia definitiva, ya que pueden Fecha de firma: 28/05/2020
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ocasionar un perjuicio de imposible ́
reparacion ulterior al afectar un derecho que exige tutela judicial inmediata (Fallos: 310:1835; 310:2245;
311:358; 314:791; 316:1934, 328:1108, 329:679, entre otros), para posibilitar el ejercicio de la ́
jurisdiccion revisora de esta Cámara es necesario ́
fundar debidamente una cuestion federal.
En ese sentido, debe tenerse en consideración que no resulta suficiente la mera invocación de un agravio de naturaleza federal, sino que ésta debe contar con un grado mínimo de fundamentación, en consonancia con lo establecido por el art. 463 del C.P.P.N.
En el sub judice, la defensa no ha logrado demostrar tal circunstancia, toda vez que se ha limitado a aducir defectos de ́
fundamentacion en la ́
resolucion impugnada solo a partir de una discrepancia sobre la ́
interpretacion de las circunstancias concretas del caso, en particular de aquellas que el a quo consideró relevantes y determinantes para rechazar la morigeración de la detención pretendida.
En este punto, he de recordar que la asistencia tecnica de R.T. solicitó que se ́
dispusiera la ́
prision domiciliaria del imputado indicando que, por la situación de salud que presenta (antecedente de accidente isquémico, temblor de actitud en MMSS, enfermedad carotidea, entre otras)
junto a su edad -77 años-, se halla en especial grado de vulnerabilidad frente a la pandemia generada por el COVID-19, toda vez que la prisión en la que se encuentra no estaría en condiciones de asegurar su derecho a la integridad personal.
Ahora bien, de las constancias disponibles en el Sistema Judicial de Gestión (Lex-100) y en el Centro de Información Judicial (CIJ) surge que, con fecha 21 de diciembre de 2010, el nombrado fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de esta ciudad “a la pena de veinticinco (25)
años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua,
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accesorias legales y al pago de las costas, por considerarlo partícipe necesario del delito de homicidio calificado por su comisión con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso ideal con el de privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida por funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, por mediar violencia y amenazas, como así también por su duración de más de un mes, en concurso ideal con el de imposición de tormentos, estos últimos dos en calidad de coautor, reiterado en cinco hechos que concurren realmente entre sí; los que a su vez concurren en forma material con los hechos por los que se lo considera coautor penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida por funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, y por mediar violencia y amenazas, en concurso ideal con el de imposición de tormentos, reiterado en setenta y cuatro hechos que concurren materialmente entre sí; en concurso real con el de privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida por funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, como así también por mediar violencia y amenazas y por su duración de más de un mes, en concurso ideal con el de imposición de tormentos,
reiterado en ochenta y seis ocasiones, que concurren en forma real entre sí, por los que también debe responder en calidad de coautor (art. 2, 12, 19, 29
inciso 3°, 40, 41, 45, 54, 55, 80 inc. 2 y 6, 144 bis inc.1° y último párrafo -ley 14.616-, en función del art. 142 inc. 1° y 5° -ley 20.642- y 144 ter, primer párrafo –ley 14.616- del C.P.; arts. 530 y 531 del CPPN; y arts. 10 y 14 del Tratado de extradición y asistencia judicial en materia penal entre la República Argentina y el Reino de España -aprobado por ley 23.708-)”.
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En el presente incidente, a efectos de mantener el encierro de T., el magistrado interviniente, en consonancia con el criterio ́
postulado por el representante del Ministerio Publico Fiscal ante esa instancia y los querellantes que contestaron vista -querella unificada bajo representación de Delia BARRERA Y FERRANDO y apoderado de las familias de las víctimas PACINO, V. Y
PEÑA-, memoró que el día 25 de marzo de 2020 se había expedido por la denegatoria ante otra presentación de la defensa de similares características.
Se remitió entonces a las consideraciones efectuadas en ese fallo, en el que estimó que, de acuerdo con lo oportunamente informado por el Servicio Penitenciario Federal, el mantenimiento del encierro no ubicaba a R.T. en la causal contemplada por los arts. 10 inc. “a” del Código Penal y 32 inc.
a
de la ley 24.660, en tanto el Instituto Penal Federal N° 34 de Campo de Mayo se encontraba en condiciones de brindar una atención médica adecuada.
En ese auto, el magistrado también tuvo en cuenta que el Servicio Penitenciario Federal había implementado medidas razonables, en el marco del plan de acción y de los protocolos dictados por la Dirección de esa repartición, para prevenir la propagación en el ámbito carcelario del virus COVID-
19.
Cabe destacar que ese temperamento fue confirmado en fecha 3 de abril de 2020 por la Sala de Feria de esta Cámara, ocasión en que, por mayoría, se declaró inadmisible el recurso de casación deducido por la defensa de T..
En este renovado análisis, el a quo además destacó que “el día 6 de abril, en función de lo dispuesto por el Superior, ordené a la Dirección de Sanidad del Servicio Penitenciario Federal y a la Unidad donde se encuentra cumpliendo su pena el condenado T., que se arbitren los medios necesarios con el objeto de dar cumplimiento y Fecha de firma: 28/05/2020
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extremar las medidas de prevención, higiene y salud,
en los términos de la Acordada 3/20 de la Cámara Federal de Casación Penal y la ’Guía de Actuación para la Prevención y Control del COVID-19 en el S.P.F.’”.
Finalmente, el juez a cargo de la ejecución de la pena sopesó que si bien el interno se encuentra dentro del grupo de riesgo frente a la pandemia, de acuerdo con lo informado...
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