Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES - SECRETARIA PENAL, 17 de Marzo de 2022, expediente FCT 001412/2014/52/CA050
| Fecha de Resolución | 17 de Marzo de 2022 |
| Emisor | CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES - SECRETARIA PENAL |
Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES
FCT 1412/2014/52/CA50
Corrientes, diecisiete de marzo de dos mil veintidós.
Vistos: los autos caratulados “Legajo de actuaciones complementarias en
autos: B., R.J.M. por asociación ilícita en concurso real con
privación ilegal de libertad agravada art. 142 inc. 5 en concurso real con inf. art. 144 ter
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párrafo – según ley 14.616 (lesa humanidad)” Expte. N° FCT 1412/2014/52/CA50
del registro de este Tribunal, provenientes del Juzgado Federal N° 1 de Corrientes Y considerando:
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Que ingresan estos obrados a la Alzada, en virtud del recurso de apelación
interpuesto por la Defensa Oficial en representación de R.J.M.B.,
contra la resolución N° 110 de fecha 18 de febrero del 2020, mediante la cual el juez a
quo dispuso ampliar el procesamiento del nombrado, por considerarlo coautor
penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad y aplicación de
tormentos art. 142 inc. 1° y 5°, art. 144 ter, párr. primero, en concurso real art. 55
C.P., en perjuicio de H.T., F.A.E., M.Á.L.,
F.S., P.S.A., P., A.S.O., Otto
Holsen y L.J.R. (ley 14.616), manteniéndose la situación de detención
bajo la modalidad de prisión domiciliaria de la que viene gozando el imputado.
Asimismo, dispuso trabar embargo sobre los bienes de B. hasta cubrir la suma de
pesos doscientos mil ($200.000).
Para así decidir, el juzgador sostuvo que los nuevos hechos por lo que ahora
se procesa a B., le habían sido ya atribuidos al momento de tomársele declaración
indagatoria, no obstante por un error involuntario se omitieron plasmarlos luego, al
momento de resolver su situación procesal (el 07 de abril del 2017 por resolución N°
247).
Dijo que, conforme las pruebas colectadas durante la investigación del
presente incidente, las cuales especificó a fs. 130, 131 y 132 y vta., es dable estimar,
con el grado de convicción requerido en esta instancia, que B. participó
(participación lato sensu) en un “grupo de tareas” con el plan sistemático de torturar
personas, aprovechándose del hecho de formar parte de instituciones militares y de
Fecha de firma: 17/03/2022
Firmado por: M.G.S., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: SELVA A.S., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: N.A.M., SECRETARIA DE CAMARA
seguridad, detallando las mismas a fs. 146, 147, 148 y vta. en relación a cada uno de los
perjudicados, a cuyo detalle me remito brevitatis causae.
Asimismo, agregó que los hechos investigados son delitos catalogados de
lesa humanidad
y considerados crímenes contra el derecho de gentes, violatorios de
aquellas normas que la comunidad internacional coloca en el nivel más alto de jerarquía
normativa (ius cogens), reconocidos de forma expresa por el art. 118 de la C.N. el cual
impone a los Tribunales Nacionales, la obligación de aplicar nomas relativas a la
persecución y castigo de tales delitos. De igual forma sostuvo lo hacen los
instrumentos internacionales de Derechos Humanos, que integran el bloque
constitucional con jerarquía superior a las leyes.
Por otro lado, el juzgador mantuvo la situación de detención bajo la
modalidad de prisión domiciliaria, en la que ya se encuentra el imputado, con base en la
gravedad de los sucesos bajo estudio y la cantidad de hechos reprochados, lo cual
impide ante una eventual condena que la pena sea de ejecución condicional (art. 26
C.P.) y excede además las previsiones del art. 316 del C.P.P.N.
Finalmente, conforme lo establecido por el art. 518 y ccdtes. del C.P.P.N.,
dispuso trabar embargo sobre los bienes y/o dinero del imputado, por el monto
expresado supra, en vista principalmente del daño material y moral causado a las
víctimas.
Contra tal decisión, la defensa de B. interpuso recurso de apelación,
sobre la base de los siguientes agravios.
En primer lugar, se agravió por considerar que la resolución recurrida no
cumple con el requisito de motivación suficiente (arts. 123 y 308) que deben contener
los autos, a la vez que no realiza una conexión racional de los hechos por los que
procesa al imputado, con las pruebas colectadas. Dijo que a B. se le atribuye la
comisión de nueve hechos (referentes a la privación de libertad y aplicación de
tormentos), sin describir cuál habría sido su participación en ellos, construyendo su
responsabilidad penal a partir de haber sido aquel, oficial de inteligencia de la compañía
de comandos y servicios del Regimiento 9 de infantería, lo que configuraría una
responsabilidad objetiva, basándose el a quo en meros datos registrales. Asimismo,
Fecha de firma: 17/03/2022
Firmado por: M.G.S., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: SELVA A.S., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: N.A.M., SECRETARIA DE CAMARA
Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES
FCT 1412/2014/52/CA50
expresó que del testimonio de los referenciados “victimas”, no surge relación causal
alguna con un comportamiento proveniente de B., con lo cual no se da el nexo
para afirmar una conducta típica y antijuridica de su parte. Resaltó, además, que se le
asigna al nombrado el rol de coautor, no obstante aludirse en los considerandos a una
autoría mediata, sin desarrollar el dominio del hecho que aquel habría tenido.
En segundo lugar, manifestó que le causa agravio el auto de procesamiento
porque aplica Convenciones y Tratados que entraron en vigencia con posterioridad a los
hechos investigados (“ex post facto”), violándose según sus dichoslo dispuesto en el
art. 3 de la ley 24.080. Citó jurisprudencia de la Corte I.D.H. (“Grande vs. Argentina”).
En tercer lugar, sostuvo que el auto de procesamiento y la acción penal
pública promovida por el Ministerio Público Fiscal, resultan inconstitucionales por
introducir, por un lado, el concepto de imprescriptibilidad y delito de lesa humanidad y
por violentar, por el otro, un conjunto de leyes, normas constitucionales y de índole
internacional que en lo medular refieren al principio de legalidad y la prohibición de
retroactividad. Agregó, en este punto, que la acción penal intentada luego de cuarenta
años se halla indiscutiblemente fenecida, siendo que los hechos no fueron
oportunamente denunciados ni perseguidos, habiendo las victimas permitido y prestado
aquiescencia para que las acciones se extinguieran.
En cuarto lugar, se agravió por cuanto a su criterio el auto de procesamiento
viola la garantía del plazo razonable (art. 7.5 de la C.A.D.H), a la vez que violenta el
derecho de interrogar a los testigos, por cuanto los mismos no han depuesto en esta
causa, sino en otras vinculadas a la presente.
Seguidamente, expresó como agraviante la imposición de la prisión
preventiva a B. (amen de no hacerse efectiva por encontrarse el nombrado en
prisión domiciliaria), en tanto por su edad 60 años el mismo se encuentra dentro de la
categoría de personas vulnerables, conforme lo dispuesto por el art. 75 inc. 23 C.N. y
reglas de Brasilia, violándose así la Constitución Nacional, la Convención
Interamericana sobre la protección de los derechos de las personas mayores y el
principio pro homine; además de resultar impensable que el imputado pudiera
entorpecer el accionar de las investigaciones. Citó jurisprudencia de la C.S.J.N.
Fecha de firma: 17/03/2022
Firmado por: M.G.S., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: SELVA A.S., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: N.A.M., SECRETARIA DE CAMARA
Por último, cuestionó el embargo decretado, con base en el art. 518 del
C.P.P.N., alegando que, siendo necesario garantizar únicamente la pena pecuniaria y las
costas del proceso, el monto resulta excesivo y confiscatorio. Formuló reserva.
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Contestada la vista que le fuere conferida (fs. 165), el representante del
Ministerio Público Fiscal manifestó en fecha 06 de julio del 2020 su no adhesión al
recurso interpuesto; a la vez que expresó la opción de suplir el informe oral previsto por
la ley 26.374, por la presentación del memorial sustitutivo. En este último, manifestó
que la resolución atacada es un auto de procesamiento, que acorde a nuestro
ordenamiento solo contiene un juicio de probabilidad; que esta etapa es preparatoria de
un verdadero juicio y que no deben confundirse los elementos de convicción suficientes
con una investigación completa, por lo que se encontrarían debidamente acreditados los
presupuestos necesarios para el dictado del auto de mérito (art. 123 y 306 y ccdtes. del
C.P.P.N.).
Asimismo, expresó que la defensa solo se ha limitado a exponer su visión
sobre una supuesta falta de pruebas, que no logró demostrar, porque del auto de
procesamiento se advierte una valoración y análisis del material fáctico y probatorio que
no merece observaciones sustanciales; en tanto fue realizado de conformidad a las
reglas de la sana crítica.
En cuanto al agravio relativo a que el auto impugnado y la acción penal
pública promovida por el Ministerio Público Fiscal resultarían inconstitucionales, dijo
que el mismo resulta incompatible con las obligaciones internacionales del Estado en
materia de persecución y sanción de graves...
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