Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 9 de Mayo de 2019, expediente FSA 010055/2018/TO01/2

• Fecha de Resolución: 9 de Mayo de 2019
• Emisor: TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE JUJUY - SECRETARIA EJECUCION PENAL

Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE JUJUY 10055/2018 Legajo Nº 2 - IMPUTADO: MOLINA RAMOS, J.C. s/LEGAJO DE EJECUCION PENAL San Salvador de J., 09 de mayo de 2019.

AUTOS Y VISTOS: Lo de éste E.. Nº 10055/2018/TO1/2 caratulada: “MOLINA

RAMOS, J. de Ejecución Penal” (Infracción N° Ley 23.737), y del registro

de éste Juzgado de Ejecución Penal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de J.,

CONSIDERANDO:

1. ). A fojas 93/99 el señor Defensor Público Coadyuvante solicita expulsión anticipada de su

   defendido, el interno J.. Fundó su petición en lo establecido en los

   artículos 18, 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; artículos 3º, 7º y 8º y las R.s de M. y

   previsiones del art. 62 dec. 70/17.

   Refiere que conforme surge de las constancias de autos, el encartado es de nacionalidad

   peruana y padece de traumatismo de columna lumbosacra de larga data, con secuela de desviación

   prominente de la misma y lumbo ciática aguda a repetición, a lo que se suma la hipertensión arterial,

   conforme surge del informe médico remitido por parte del médico de la U8 del SPF Dr. Edgrado M.

   Carbajal, del cual surge que “es un paciente con antecedentes de traumatismo de columna de larga

   data, con secuela de desviación prominente de la misma y lumbo ciatalgia aguda a repetición, por

   lo que fuera evaluado por medico traumatológicos de Hospital extramuros”. Asimismo, hace

   referencia a que: “En fecha 14122018, el paciente fue conducido al servicio de radiología del

   Hospital Snopek donde se le efectuó RX columna lumbo sacra frente y perfil, donde se observa

   desviación lateral en ambos sentidos de la misma, con rectificación de lumbares y signos de artrosis

   en la misma. En fecha 140219, el paciente fue conducido al servicio de traumatología del Hospital

   Snopek donde fue asistido por el Dr. P., quien diagnostica patología de columna lumbar

   aguda e indica que debe ser evaluado por médico especialista en columna. En fecha 190219, el

   paciente fue conducido al servicio de traumatología del Hospital Pablo Soria, donde fue asistido por

   Fecha de firma: 09/05/2019 Firmado por: M.A.C., JUEZ DE CÁMARA Firmado(ante mi) por: AMELIA P.P., SECRETARIO DE JUZGADO #32771260#233879925#20190509072854266 el Dr. M., quien diagnostica lumbo ciatalgia aguda e indica tratamiento con AINS y

   fisioterapia. En fecha 110319 el paciente es conducido al servicio de traumatología del Hospital

   Pablo Soria donde fue asistido por el Dr. J., médico especialista en ortopedia y

   traumatología quien afirma que la afección de columna del paciente es post traumática crónica, y

   debe ser evaluado por médico especialista en dolor. En fecha 290319 el paciente es conducido al

   servicio de anestesiología del Hospital Pablo Soria, donde es asistido por la Dra. S.,

   medica anestesista, quien evalúa al paciente e indica tratamiento para el dolor con Pregabalina 75

   mg. c/12 h., paracetamol 500 mg. c/12 hs., Diazepan 10 mg. c/24 hs., Restiva 10 mg. c/7 días y

   control posterior”.

   Asimismo, refiere que de los informes médicos surgen el cuadro descripto, lo que le provoca

   un cuadro agudo de dolor, el cual le impide caminar o permanecer parado, encontrándose

   actualmente en silla de ruedas; que la lumbo ciatalgia le impide caminar como así también realizar

   cualquier actividad que implique estar parado mucho tiempo.

   Destaca que la ley de Migraciones N° 25.871 debe ser armonizada con normas

   internacionales vigentes. La Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “G.,

   5. y otra” 02/12/2008, sostuvo que “los jueces deben dictar las decisiones que en el caso

      concreto sean requeridas para la salvaguarda de los derechos y libertades del menor y para la

      protección especial a que este acreedor, con arreglo a la Constitución Nacional y con los tratados

      internacionales que rigen la materia”.

      Sostiene que la patología que sufre su defendido lo imposibilita en su desenvolvimiento de

      forma adecuada en el marco de encierro, ya que actualmente se encuentra en sillas de ruedas, no

      puede caminar ni permanecer mucho tiempo parado. Que ingiere al menor 5 pastillas al día con el fin

      de disminuir el dolor agudo que padece.

      Que, el art. 9 de la Ley N° 24.091 entiende que es persona con discapacidad: “toda aquella

      que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, motora, sensorial o mental, que en

      relación a su edad y medio social implique desventajas considerables su integración familiar, social,

      educacional o laboral.”

      Refiere que de recibir el beneficio solicitado, implicaría que su defendido pueda recibir

      tratamiento que su patología requiere, minimizando cualquier riego para su salud, sufrimiento

      innecesario y con la posibilidad concreta de poder recibir la contención de sus familiares en su lugar

      Fecha de firma: 09/05/2019 Firmado por: M.A.C., JUEZ DE CÁMARA Firmado(ante mi) por: AMELIA P.P., SECRETARIO DE JUZGADO #32771260#233879925#20190509072854266 Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE JUJUY de origen, y que la urgencia radica en la especial tutela ante el cumplimiento de una pena cruel,

      inhumana degradante.

      Que se debe resguardar el derecho a la salud de manera que la privación de la libertad de la

      persona discapacitada no derive en un tratamiento indigno, inhumano o cruel, ya que la detención no

      puede restringir otros derechos fundamentales, como ser el derecho a la salud, a la integridad física y

      moral, siendo el deber del estado es el de “preservación de la salud y de la integridad física de la

      persona enclaustrada”. Que tal derecho goza de jerarquía constitucional en nuestro país –art 75 inc.

      22 CN ha interpretado como “…el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de

      salud física y mental” – art 121 del Pacto Internacional de Derecho Económico Sociales y

      Culturales.

      Destaca que el art. De la Ley 24660 establece que: “la ejecución del apena estará exenta de

      tratos crueles, inhumanos o degradantes. Quien ordene, realice o tolere excesos se hará pasible de

      las sanciones previstas en el Código Penal, sin perjuicio de otras que le pudieren corresponder”.

      Refiere que en nuestra Carta Magna en su art. 18 establece que: “..Las cárceles de la Nación

      serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida

      que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará

      responsable al juez que la autorice”.

      En igual sentido relata que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre,

      en su art XXV in fine, indica que en relación a una persona privada de su libertad “tiene derecho

      también a un tratamiento humano durante la privación de su libertad”. Derecho que ha sido

      reconocido en los mismos términos que en los arts. 7 y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos

      Civiles y Políticos, art. 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 5.2 de la

      Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica y art. 12 del

      Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tales parámetros tienen

      reconocimiento constitucional (art. 72 inc. 22 de la CN).

      La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó en el 2008 los Principios y

      Buenas Practicas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, en donde

      reconoció: “..el derecho fundamental que tienen las personas privadas de su libertad a ser tratadas

      humanamente y a que se respete y garantice su dignidad, su vida y su integridad física, psicológica y

      Fecha de firma: 09/05/2019 Firmado por: M.A.C., JUEZ DE CÁMARA Firmado(ante mi) por: AMELIA P.P., SECRETARIO DE JUZGADO #32771260#233879925#20190509072854266 moral” y “..tomando en cuenta la posición especial de garante de los estados frente a las personas

      privadas de libertad, se les respetara y garantizara su vida e integridad personal, y se aseguraran

      condiciones mínimas que sean compatibles con su dignidad…”.

      Cita fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y doctrinas aplicables al caso y de la

      obligación del estado en función de la humanización en la ejecución de la pena.

      Por otra parte, habla de la igualdad ante la ley y para el caso de que su asistido fuese

      ciudadano argentino podría acceder a la prisión domiciliaria, por lo que la expulsión anticipada

      deviene como la mejor solución por razones humanitarias y por la enfermedad que padece su

      defendido.

      Además, hace alusión a la realidad del Servicio Penitenciario, la emergencia que existe y la

      necesidad de descomprimir los centros penitenciarios; y que en relación a su defendido se empeora

      dada la crisis sanitaria que atraviesa el SPF, la falta de insumo y la escasez de entrega de

      medicamentos; la falta de móviles para el traslado de internos

   16. aparte refiere a la Igualdad ante la ley – Arresto domiciliario – Vulneración de

       derechos. Dice que la particular situación que atraviesa su asistido, y en el caso de que su asistido

       fuese ciudadano argentino podría acceder a la prisión domiciliaria, por lo que la expulsión anticipada

       deviene como la mejor solución debido a su delicado estado de salud y para una mayor calidad de

       vida.

       Respecto a la Ley 25.871 dice que de los considerandos del Decreto Nº 70/2017, que

       introdujo modificaciones a esta ley, surge que el espíritu de la norma fue evitar los perjuicios

       derivados de la duración prolongada de los procedimientos administrativos y actuaciones judiciales

       en la tramitación de la expulsión de extranjeros.

       Habla sobre la modificación que se introdujo al art. 29 y advierte que entre las causas

       impedientes de permanencia de extranjeros en territorio nacional se encuentra “haber sido

       condenado o estar cumpliendo condena, o tener antecedentes o condena no firme en la República

       Argentina o en el exterior, respecto de delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes

       …”.

       Por último, habla sobre la realidad del Servicio Penitenciario, la emergencia que existe y la

       necesidad de descomprimir los centros penitenciarios; sobre la obligación de estado argentino de

       Fecha de firma...