Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 18 de Junio de 2020, expediente FRO 066592/2017/43/CA026
| Fecha de Resolución | 18 de Junio de 2020 |
| Emisor | CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL |
1 Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE ROSARIO – SALA B
P/Int. Rosario, 18 de junio de 2020.-
Visto, en Acuerdo de esta Sala “B”, el expediente n° FRO
66592/2017/43/CA26 “Incidente de excarcelación en autos ORELLANA, J.D. por Infracción Ley 23.737”, (del Juzgado Federal nº 4 de Rosario –
Secretaría nº 1).
Vienen los autos a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por el Defensor Público Oficial nº 2, Dr. F.H.P., en ejercicio de la defensa de J.D.O. (fs. 7/15)
contra la Resolución del 04/05/2020, que le denegó la excarcelación y arresto domiciliario -pedido en subsidio- (fs. 3/5).
Concedido dicho recurso, los autos se elevaron a la Alzada (fs.
16). Recibidos digitalmente en esta Cámara, tratándose la presente de una cuestión directamente relacionada con la libertad del encartado, se habilitó la feria judicial por pedido de la defensa (fs. 17), se designó audiencia (fs. 18) y el día programado, conforme lo manifestado por la defensa, se tuvieron por reproducidos los agravios oportunamente expuestos en la anterior instancia, se recibió la minuta acompañada por el F. General y se labró el acta correspondiente (fs. 20), quedando los presentes en condiciones de ser AL resueltos.
La Dra. V. dijo:
ICI
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) Al apelar la defensa sostuvo que el a quo resolvió rechazar OF
las medidas peticionadas en favor de su defendido, con meras referencias dogmáticas e imprecisas y faltas de relación con la realidad actual; y se agravió
SO
que fundó su decisión en lo oportunamente resuelto por esta Cámara mediante Ac. P/Int. del 05/11/2019 respecto al primer pedido de libertad formulado y en que a la fecha no se acreditan impedimentos para su permanencia en el alojamiento carcelario, al no estar dentro de la población de riesgo frente a la pandemia del COVID-19.
Fecha de firma: 18/06/2020
Alta en sistema: 23/06/2020
Firmado por: J.G.T., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: E.I.V., JUEZ DE CAMARA
Firmado(ante mi) por: G.A.P., SECRETARIO
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Sostuvo la desproporcionalidad de la medida coercitiva dictada.
Manifestó la ausencia de peligro de fuga y entorpecimiento probatorio (conf.
Planteó respecto a la situación de pandemia por COVID-19
que en los lugares de detención es imposible sostener distanciamiento social e higiene constante y frecuente, tornándose la prisión preventiva un riesgo grave para los detenidos.
Finalmente, solicitó la habilitación de la feria judicial extraordinaria y formuló reservas.
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) En primer lugar, en cuanto al planteo efectuado por la defensa respecto a la falta de fundamentación de la resolución en crisis, cabe señalar que el art. 123 del CPPN establece que las sentencias y los autos deberán ser motivados, bajo pena de nulidad. Esto es que “…las decisiones judiciales contengan, según el caso, la valoración de la prueba, la explicación de cómo se llegó al juicio de valor y la razón de la aplicación de determinada o determinadas normas del plexo penal” (G.R.N.R.D.,
, E.H., año 2004, T. I,
pág. 361).
En el caso en estudio, la resolución apelada se encuentra debidamente fundamentada desde que se expresaron los motivos y se señalaron las pruebas que se tuvieron en consideración para arribar a esa conclusión, lo que permitió a la parte conocer los argumentos jurídicos por lo que se resolvió del modo en que se lo hizo, respetándose los principios constitucionales que emanan del art. 18 de la C.N. como son la defensa en juicio y el debido proceso.
Corresponde entonces rechazar la crítica de la parte apelante a través de la cual pretendió aludir a un supuesto de falta de fundamentación y Fecha de firma: 18/06/2020
Alta en sistema: 23/06/2020
Firmado por: J.G.T., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: E.I.V., JUEZ DE CAMARA
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arbitrariedad en el que se habría incurrido en el dictado de la resolución en perjuicio de su asistido pues, tal como lo tiene dicho nuestro Máximo Tribunal,
esa tacha es atribuible a las sentencias que aparecen “determinadas por la sola voluntad del juez”, adolecen de “manifiesta irrazonabilidad” o de “desacierto total” o exhiben una “ausencia palmaria de fundamentos” circunstancias que,
conforme a las constancias incorporadas al expediente y a la valoración que de ellas se ha hecho, no se verifican en el caso (v. Fallos 238:23; 238:566 y 242:179).
En ese rumbo, se aprecia que el auto recurrido guarda relación con los antecedentes que le sirven de causa y son congruentes con el punto decidido, suficientes para el conocimiento de las partes y para las eventuales impugnaciones que se pudieran receptar, por lo que se encuentra suficientemente motivado en los términos del artículo 123 del C.P.P.N..
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) Entrando al análisis del pedido formulado por la defensa, en primer lugar debe indicarse que por resolución Nº 2/2019 dictada por la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal, se dispuso la vigencia para todos los tribunales con competencia en materia penal de todas las jurisdicciones federales del territorio nacional -en lo AL que aquí interesa-, de los artículos 210, 221 y 222 del Código Procesal Penal ICI Federal, por lo que corresponde resolver el presente bajo esos lineamientos.
Dichos artículos establecen que para decidir acerca del peligro OF
de fuga se deberán tener en cuenta, entre otras, las siguientes pautas:
SO
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Arraigo, determinado por el domicilio, residencia habitual,
asiento de la familia y de sus negocios o trabajo, y las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto;
-
Las circunstancias y naturaleza del hecho, la pena que se espera como resultado del procedimiento, la imposibilidad de condenación condicional, la constatación de detenciones previas, y la posibilidad de Fecha de firma: 18/06/2020
Alta en sistema: 23/06/2020
Firmado por: J.G.T., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: E.I.V., JUEZ DE CAMARA
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declaración de reincidencia por delitos dolosos;
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El comportamiento del imputado durante el procedimiento en cuestión, otro anterior o que se encuentre en trámite; en particular, si incurrió
en rebeldía o si ocultó o proporcionó falsa información sobre su identidad o domicilio, en la medida en que cualquiera de estas circunstancias permitan presumir que no se someterá a la persecución penal.
Y para decidir acerca del peligro de entorpecimiento para la averiguación de la verdad, se deberá tener en cuenta la existencia de indicios que justifiquen la grave sospecha de que el imputado:
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Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará
elementos de prueba;
-
Intentará asegurar el provecho del delito o la continuidad de su ejecución;
c.H. o amenazará a la víctima o a testigos;
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Influirá para que testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente;
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Inducirá o determinará a otros a realizar tales comportamientos, aunque no los realizaren.
Es dable reseñar que el riesgo procesal no puede examinarse con márgenes de certeza sino de probabilidad pues, obviamente, lo que aquí
se evalúa es la eventualidad fundada de que el encartado se fugue o entorpezca la investigación.
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) Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el derecho del que goza el imputado sometido a proceso (de transitarlo en libertad en virtud del principio de inocencia), debe conjugarse con el que tiene la sociedad de defenderse contra el delito.
Fecha de firma: 18/06/2020
Alta en sistema: 23/06/2020
Firmado por: J.G.T., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: E.I.V., JUEZ DE CAMARA
Firmado(ante mi) por: G.A.P., SECRETARIO
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En efecto, el Máximo Tribunal sostuvo que: "…Se trata, en definitiva de conciliar el derecho del individuo a no sufrir persecución injusta con el interés general de no facilitar la impunidad del delincuente (Fallos:
280:297), pues la idea de justicia impone que el derecho de la sociedad a defenderse contra el delito sea conjugado con el del individuo sometido a proceso, en forma que ninguno de ellos sea sacrificado en aras del otro (Fallos:
272:188)". (Fallos 310:1835).
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) Es fundamental entonces, hacer una valoración de los aspectos de este caso particular.
Recordemos que al recibírsele declaración indagatoria al encartado se le imputó: “…integrar una organización dedicada al tráfico ilícito de estupefacientes, que funcionaría al menos desde el mes de diciembre de 2017 y en la cual distintas personas cumplen roles asignados. Entre las personas que integrarían la organización se encuentran A.C.,
O.E.C., A.A.V., S.A.G.,
V.L.R., T.B.R., G.V.B., G.C.M., L.V., A.M.C., entre otros. Se le imputa ocupar un rol en la organización, concretamente recibir órdenes de AL Tania Rostro acerca del comercio de estupefacientes, impartirlas a A.I.B., recibir colaboración de M.C.O. y J.O.,
comandar los puntos de venta ubicados en Nicaragua 961 bis de Rosario y el OF
de la plaza ubicada en Colombres al 1500 bis de Rosario, todo ello con autorización de A.M.C.. Dicha organización se dedicaba a la SO
recepción, fraccionamiento, distribución y venta de material estupefaciente en distintos sectores de la ciudad. Dentro de ese contexto, se produjeron una serie de allanamientos que permitieron el secuestro de, entre otros efectos: a)
Lima nº 635 de Rosario, donde se hallaban A.C., O.E.C. y A.A.V.: 331 gramos de flores de marihuana, 3
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