Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 13 de Julio de 2020, expediente FRO 022514/2018/17/CA011
| Fecha de Resolución | 13 de Julio de 2020 |
| Emisor | CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL |
1 Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE ROSARIO – SALA B
Penal/Int. R., 13 de julio de 2020.-
Visto, en Acuerdo de la Sala “B” integrada, el expediente nº
FRO 22514/2018/17/CA11 “Incidente de excarcelación en autos ACUÑA,
N.R. por infracción ley 23.737” (del Juzgado Federal nº 4 de R.), del que resulta que:
El Dr. A.P. dijo:
Vinieron los autos a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación deducido por el Dr. M.F.A., en ejercicio de la defensa técnica de N.R.A. (fs. 24/27), contra la Resolución del 26/08/2019 que denegó la excarcelación al nombrado (fs. 21/22).
Elevados los autos, se dispuso la intervención de la Sala “B”,
se designó audiencia a los fines del art. 454 del C.P.P.N., se agregaron las minutas sustitutivas del informe “in voce” presentadas por las partes y se labró
el acta correspondiente (fs. 33/41).
Y Considerando:
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- Al apelar la defensa sostuvo que la resolución atacada causa un gravamen irreparable, dado que priva arbitrariamente a su pupilo de su derecho de libertad ambulatoria y configura una clara violación a la prohibición de aplicar una pena antes de una sentencia firme.
Agregó que los fundamentos del decisorio no constituyen pautas objetivas e idóneas con suficiente entidad como para presumir que A. eludirá la acción de la justicia o entorpecerá la labor probatoria en la investigación de la causa.
Refirió que hay un imputado investigado, sin secuestro alguno,
sin antecedentes penales, una familia y domicilio constituído, no habiendo opuesto resistencia al momento de su detención.
Expuso que se viola tanto el principio de inocencia y de libertad durante el proceso, en la medida que se pretende privar a su pupilo del Fecha de firma: 13/07/2020
Alta en sistema: 16/07/2020
Firmado por: E.I.V., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: A.P., Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: M.V.V., SECRETARIA DE CAMARA
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beneficio de libertad durante el proceso, en contra de su presunción de inocencia aún vigente y que sólo puede ser revocada por una condena firme.
Manifestó que el fallo carece de suficiente motivación y fundamentos que hagan presumir que A. eludirá la acción de la justicia y consecuentemente es arbitrario.
Agregó que las normas que impiden la excarcelación deben interpretarse restrictivamente y en caso de duda es de aplicación lo más favorable al acortamiento de ella.
Por último, solicitó la excarcelación de su defendido bajo promesa jurada o caucionada y formuló reservas.
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- En primer lugar, en cuanto al planteo efectuado por la defensa respecto a la falta de fundamentación de la resolución en crisis, cabe señalar que el art. 123 del CPPN establece que las sentencias y los autos deberán ser motivados, bajo pena de nulidad. Esto es que “…las decisiones judiciales contengan, según el caso, la valoración de la prueba, la explicación de cómo se llegó al juicio de valor y la razón de la aplicación de determinada o determinadas normas del plexo penal” (G.R.N.R.D.,
, E.H., año 2004, T. I,
pág. 361).
En el caso en estudio, la resolución apelada se encuentra debidamente fundamentada desde que se expresaron los motivos y se señalaron las pruebas que se tuvieron en consideración para arribar a esa conclusión, lo que permitió a la parte conocer los argumentos jurídicos por lo que se resolvió del modo en que se lo hizo, respetándose los principios constitucionales que emanan del art. 18 de la C.N. como son la defensa en juicio y el debido proceso.
Corresponde entonces rechazar la crítica de la parte apelante a través de la cual pretendió aludir a un supuesto de falta de fundamentación y Fecha de firma: 13/07/2020
Alta en sistema: 16/07/2020
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arbitrariedad en el que se habría incurrido en el dictado de la resolución en perjuicio de su asistido pues, tal como lo tiene dicho nuestro Máximo Tribunal,
esa tacha es atribuible a las sentencias que aparecen “determinadas por la sola voluntad del juez”, adolecen de “manifiesta irrazonabilidad” o de “desacierto total” o exhiben una “ausencia palmaria de fundamentos” circunstancias que,
conforme a las constancias incorporadas al expediente y a la valoración que de ellas se ha hecho, no se verifican en el caso (v. Fallos 238:23; 238:566 y 242:179).
En ese rumbo, se aprecia que el auto recurrido guarda relación con los antecedentes que le sirven de causa y son congruentes con el punto decidido, suficientes para el conocimiento de las partes y para las eventuales impugnaciones que se pudieran receptar, por lo que se encuentra USO OFICIAL
suficientemente motivado en los términos del artículo 123 del C.P.P.N..
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- En cuanto al planteo excarcelatorio formulado por la defensa, debe indicarse que por resolución Nº 2/2019 dictada por la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal,
se dispuso implementar para todos los tribunales con competencia en materia penal de todas las jurisdicciones federales del territorio nacional -en lo que aquí
interesa-, los artículos 19, 21, 22, 31, 34, 54, 80, 210, 221 y 222 del Código Procesal Penal Federal, por lo que corresponde resolver el presente bajo esos lineamientos.
Igualmente creo oportuno señalar que revisadas las alternativas que prevé el artículo 210 de la norma mencionada, fuera de lo normado por su inciso i), que establece como posibilidad “la vigilancia del imputado mediante algún dispositivo electrónico de rastreo o posicionamiento de su ubicación física”, el resto de la enunciación allí efectuada, no difiere de lo que actualmente se dispone y analiza en cada caso, y respecto de lo normado en el inciso citado, no se encuentra aún implementada en nuestra jurisdicción Fecha de firma: 13/07/2020
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esa posibilidad, sino únicamente, conforme lo establecido por la Resolución N°
1379/2015 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para el control de personas bajo arresto domiciliario.
Así las cosas, para el tratamiento del caso corresponde aplicar los artículos 221 y 222 del Código Procesal Penal Federal.
Dichos artículos establecen que para decidir acerca del peligro de fuga se deberán tener en cuenta, entre otras, las siguientes pautas:
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Arraigo, determinado por el domicilio, residencia habitual,
asiento de la familia y de sus negocios o trabajo, y las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto;
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Las circunstancias y naturaleza del hecho, la pena que se espera como resultado del procedimiento, la imposibilidad de condenación condicional, la constatación de detenciones previas, y la posibilidad de declaración de reincidencia por delitos dolosos;
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El comportamiento del imputado durante el procedimiento en cuestión, otro anterior o que se encuentre en trámite; en particular, si incurrió
en rebeldía o si ocultó o proporcionó falsa información sobre su identidad o domicilio, en la medida en que cualquiera de estas circunstancias permitan presumir que no se someterá a la persecución penal.
Y para decidir acerca del peligro de entorpecimiento para la averiguación de la verdad, se deberá tener en cuenta la existencia de indicios que justifiquen la grave sospecha de que el imputado:
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Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará
elementos de prueba;
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Intentará asegurar el provecho del delito o la continuidad de su ejecución;
c.H. o amenazará a la víctima o a testigos;
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Influirá para que testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente;
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Inducirá o determinará a otros a realizar tales comportamientos, aunque no los realizaren.
Es dable reseñar que el riesgo procesal no puede examinarse con márgenes de certeza sino de probabilidad pues, obviamente, lo que aquí
se evalúa es la eventualidad fundada de que el...
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