El Gobierno aplicó inusuales multas a las automotrices

El viernes por la noche, a horas desusadas para esa clase de trámites, ocho de las 11 fabricantes de automotores en la Argentina recibieron la notificación de que la Secretaría de Comercio decidió multarlos porque supuestamente acordaron precios en perjuicio de los consumidores en las ventas de vehículos en Tierra del Fuego, según pudo saber LA NACION de fuentes del sector.

Los montos son muy significativos. La resolución 271 de la secretaría a cargo de Augusto Costa multó con 150 millones de pesos a Fiat, Ford, General Motors, PSA (Peugeot y Citroën), Renault y Volkswagen. A Toyota por 104 millones y a Honda por 56 millones.

La acusación es por operaciones con ventas de autos, lo que dejó fuera a las fabricantes de camiones Iveco y Scania, y también a la división de pesados de Mercedes-Benz.

Mercedes también quedó eximida de la sanción por las operaciones de automóviles, ya que es la única que vende unidades de alta gama en la isla, donde Audi y BMW no tienen representación y tampoco están alcanzadas por la sanción. Mal podría la marca de la estrella acordar precios con quienes no son sus competidores.

En las compañías, la medida resultó muy desalentadora y avisaron que apelarán a la Justicia. Como se trata de un proceso que comenzó antes de las últimas modificaciones a la ley, consideran que no deberán pagar primero para recurrir la medida, que no dudaron en calificar de "absurda". Ejecutivos muy enojados dijeron que la decisión "no tiene ni sentido ni fundamento alguno", que generará enormes desprestigio y daños a las operaciones locales y "alejará por completo las pocas inversiones que todavía estaban disponibles para el país".

La isla de Tierra del Fuego goza de un régimen especial fijado por la ley 19.640, que establece que los cero kilómetro que allí se venden no pagan IVA, ni impuestos internos y tampoco los aranceles de importación, cuando los hay. Las cargas tributarias pueden ir del 54 al 76% del precio al público en el continente e incluso más, dicen en el sector.

Hace siete años, un estudio jurídico fueguino comenzó a alentar a los que compraron unidades desde 2002 a hacer demandas judiciales. El argumento era que supuestamente las concesionarias cobraban los mismos valores que regían en el continente y se quedaban con los montos de los impuestos que no debían cobrar.

Este año, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, con su resolución 42, involucró también a las terminales e importadores.

Pero la multa de ayer, dicen...